Miembros de la Fiscalía y de Criminalística de la Policía allanaron este miércoles 17 de marzo las instalaciones del Ministerio de Salud dentro de la investigación previa como parte de abierta por aparentes irregularidades en el proceso de vacunación por COVID-19. La Fiscalía indicó que se investigan presuntos delitos contra la administración pública.
La denuncia fue presentada en contra del exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, quien renunció al cargo y abandonó el país al día siguiente.
La Fiscalía indicó en su cuenta Twitter que se investigan presuntos delitos contra la administración pública.
Según el organismo, versiones recabadas en las últimas horas evidencian que existiría un registro detallado de las personas vacunadas, algo que hace presumir a los investigadores que "existe información que ha sido ocultada y que serviría para la investigación que lleva adelante la Fiscalía".
El exministro fue denunciado tras la difusión de un video sobre la vacunación en un geriátrico privado en el que habría estada alojada su madre. Situación que él reconoció en un video. Zevallos rindió su versión el lunes desde Estados Unidos.
La Fiscalía informó que en la diligencia se recopila información sobre el plan de vacunación y la lista de beneficiarios de las fases 0 y 1. ¿La razón? La Fiscalía destaca que en tres oportunidades la información enviada a ese organismo estuvo incompleta, sin nombres de las personas vacunadas y son de conocimiento público.
El organismo aclaró que "las pericias que se practicarán a los dispositivos y equipos incautados utilizarán técnicas de informática forense que no interferirán de ningún modo en los procesos de registro de Salud".
La semana pasada el colectivo Acción Jurídica Popular denunció que fue excluido del proceso preprocesal para la recepción de notificaciones a pesar que ese grupo presentó la denuncia en el caso.
Adicionalmente el grupo obtuvo acciones de acceso a la información y la disposición judicial para que Salud entregue la lista de vacunados. Situación que no ha sido acatada por esa cartera de Estado argumentando que ya fue entregada a las autoridades judiciales.
