16 hospitales (entre los que no se encuentra el Enrique Garcés) registran un alza de costos por USD 75,7 millones

Para la construcción de los hospitales Docente de Calderón y el Gineco-Obstétrico Luz Elena Arismendy de Quito se realizaron un contrato inicial, dos complementarios para cada uno y registraron USD 10,7 y 11,6 millones más al costo inicial, respectivamente.

Estas variaciones de precio se repiten en la construcción y repotenciación de otros 14 hospitales públicos con problemas por resolver. Su valor inicial total suma USD 263,49 millones, pero el final tiene un excedente de USD 75,7 millones, según el Servicio de Contratación de Obras (Secob).

Jorge Wated, director del Secob, explica que 320 obras con problemas legales y estructurales están en revisión, entre ellas infraestructura de salud (ver cuadro). 47% ya está resuelto y el resto sigue en análisis. Algunas son heredadas del desaparecido Instituto de Contratación de Obras (ICO), creado en 2011. Desde entonces suman cerca de 1 200 obras.

Tras un primer concurso desierto, la construcción del hospital de segundo nivel de Calderón, en el norte de Quito, se adjudicó a Maldonado Fiallos Hnos., en junio 2012, en USD 37,28 millones, 2 millones menos que el precio referencial.

Dos años después, en mayo del 2014, se suscribió el primer contrato complementario por USD 6,1 millones y tras siete meses se registró un segundo por otros USD 2 millones.

Ambos se firmaron por insumos, como tubería, rótulos, lavabos, rejillas, ventanas, puertas, postes metálicos, etcétera.

Los contratos complementarios pueden celebrarse con el mismo contratista sin licitación por aumentos o decrementos, según Ley de Contratación Pública. Aunque Wated reconoce que en algunos casos se ejecutaron en exceso. “Se convirtieron en una mala costumbre, aprovechando que en esa época se podía hacer por hasta 70% de incremento, en relación al monto inicial. No son malos, siempre que sean excepcionales”. En el 2017 se hizo una modificación a la ley y ese porcentaje bajó al 15%.

En los cuatro años que duró su construcción, el Hospital de segundo nivel Guasmo Sur de Guayaquil generó cuatro contratos adicionales. La obra fue adjudicada a la constructora China CAMC Engineering en febrero 2013, con un precio referencial de USD 85,4 millones a 540 días (año y medio).

Según el proyecto inicial sería parte del ‘campus del milenio’, en un terreno de 43 ha. Pero el plan no se concretó.

Dos contratos complementarios suman USD 29,8 millones. El primero era de obra civil y el segundo fue un pedido de rediseño que incluyó, desde una central de vacío para gases anestésicos hasta luminarias para un helipuerto y equipos de control para parqueos.

Los otros dos no afectaron el monto del proyecto. Yang Liang, gerente de China CAMC en Ecuador, explica que el número de camas pasó de 400 a 484 camas y esto incidió en el cambio de espacios y sistemas.

Según el gerente, también aumentó la cantidad de ciertos materiales, por USD 15,2 millones. Sin embargo, Liang aclara que no todo se usó. “La liquidación del proyecto no alcanzó los montos completos contractuales”. La constructora calcula que solo usaron USD 31,2 millones más de los previsto al inicio, lo que finalmente alcanzó USD 116,7 millones.

En el Docente de Calderón, los contratos suman USD 44,7 millones, pero el monto final llegó a USD 48 millones.

Para Wated este tipo de vacíos pudo surgir de los convenios de pago, que no están fijados por ley. “En algunas obras pedían detalles, pero no se regularizaban, no se ponían dentro de un contrato”.

Por este concepto cuantificaron cerca de USD 62 millones en diversas obras y explica que la regulación de estos convenios se incluyó en la Ley Económica Urgente. Ahí se fija el pago siempre y cuando tengan informes legales y pase por Contraloría. China CAMC espera cobrar USD 21,9 millones más por convenios de pago sustentados en planillas.

La construcción del Hospital de tercer nivel Gineco-Obstétrico Luz Elena Arismendy, en el sur de Quito, se adjudicó al consorcio Bueno y Castro con una oferta de USD 22,9 millones, menor en USD 2 millones del precio referencial.

Pero también hubo dos contratos adicionales que elevó la cifra a USD 30,4 millones y al final el monto, según el Secob, fue de USD 34,6 millones. Aunque, Ramón Castro, gerente, puntualiza que la cifra fue de USD 33,79 millones e incluyó dos contratos extras, una orden de cambio y una de trabajo.

Estos aumentos fueron, según dijo, por obras no previstas, correcciones, modernización de planos... Ahora este hospital que abrió en 2016 tiene nuevos retos: ampliar sus áreas para acoger a pacientes de otras provincias. El Docente de Calderón que funciona desde el 2015, en cambio, ya ha pasado por adecuaciones y requiere equipos. El Guasmo Sur está habilitado en un 85%, tras un año y medio de su apertura.

FUENTE:  https://www.elcomercio.com/actualidad/hospitales-alza-costos-contratoscomplementarios-salud.html

Los médicos de Nicaragua

Javier Pastora no oculta su indignación. Este cirujano general con una especialidad en gastroenterología y endoscopio digestiva denuncia que es víctima de una represalia por parte de las autoridades de la sanidad pública nicaragüense por atender a los heridos durante las protestas contra el presidente Daniel Ortega —la represión desde mediados de abril ha causado ya 317 muertos— y por “expresar" su "discrepancia política con el Gobierno”.

Pastora era hasta la semana pasada jefe de cirugía del Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales (Heodra) de León, la segunda cuidad de Nicaragua, pero fue despedido de su cargo sin mayores explicaciones. Solo le fue entregada una carta emitida por la dirección de ese centro hospitalario. Junto a él echaron a otros nueve médicos y 25 miembros del personal sanitario del Heodra, el mayor hospital del oeste de Nicaragua.

El médico afirma que su despido responde a un “proceso de represión política” por criticar la represión desatada por Ortega desde abril, cuando comenzaron las manifestaciones que exigen el fin del mandato del presidente, que lleva 11 años gobernando Nicaragua con mano dura. “Nos han despedido de forma grosera, abusiva, sin excusas. Cuando pregunté cuáles eran las razonas me respondieron que eran políticas”, explica Pastora. El médico asegura que tras la “barrida” ordenada por la dirección del Heodra, León —ciudad de postal localizada a 97 kilómetros al noroeste de Managua– se ha quedado sin médicos especialistas.

Junto a Pastora fue despedida Gladys Jarquín, pediatra con una especialidad en enfermedades infecciosas que, además, dirigía el programa de VIH-Sida en el centro. Jarquín se siente consternada por su despido y lo que eso significa para el hospital y sus pacientes, dado que ella había logrado conformar un equipo de investigación en microbiología que permitía hacer investigaciones pioneras en Nicaragua.

Los responsables del Heodra no dan explicaciones por los despidos. La directora de hospital, Judith Lejarza Vargas, no ha respondido a las llamadas a su teléfono móvil, ni ha habido respuesta en la dirección de Recursos Humanos. Tampoco hubo una respuesta del Ejecutivo nicaragüense a las consultas hechas directamente a la vicepresidenta Rosario Murillo, quien controla la comunicación oficial del Estado.

Gracias al trabajo de Jarquín, el hospital contaba con el apoyo de las universidades estadounidenses de Duke, en Carolina del Norte, y Vanderbilt, en Tennessee. Pastora ha explicado que los despidos obedecen a los comunicados que el personal médico del hospital publicó para aplacar el miedo de la población durante las protestas, porque se decía que había órdenes de la ministra de Salud, Sonia Castro, de no atender a los heridos. “Había mucho temor de la población de acudir al hospital. Nosotros dijimos que se debía atender a todos los heridos, que sintieran seguridad”, explica la especialista.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el 21 de mayo —tras una visita a Nicaragua— un informe en el que recogía las denuncias de que varios hospitales nicaragüenses habrían negado atención médica de urgencia a los heridos en las manifestaciones. “Según denuncias allegadas durante las visitas, habrían existido órdenes administrativas en los hospitales públicos para restringir el acceso de la atención a heridos y obstaculizar el acceso a la información. En particular se recibieron denuncias respecto del hospital Cruz Azul, perteneciente al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, y en los hospitales Roberto Calderón, Antonio Lenin Fonseca, Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello y Alemán Nicaragüense, todos pertenecientes el Ministerio de Salud”, se lee en el informe. Debido a una de esas negligencias falleció el 20 de abril Álvaro Conrado, un chico de apenas 15 años a quien dispararon en la garganta cuando distribuía agua a los estudiantes atrincherados en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Un estremecedor vídeo lo muestra agonizando, mientras balbuceaba en su desesperación: “Me duele respirar”. Esa frase se ha convertido en el lema de las manifestaciones en toda Nicaragua.

Otro de los médicos que denunció su despido es Julio Sánchez, cirujano general del Hospital Regional de Jinotepe, ciudad localizada a 32 kilómetros al sur de Managua, y que junto a su vecina Diriamba fue escenario de una de las peores masacres que ha sufrido Nicaragua en tiempos de paz: más de 20 personas fueron asesinadas en esas localidades por las huestes armadas de Ortega el 8 de julio. “Nosotros dimos atención médica a todos los heridos, incluso las autoridades del hospital dijeron que se sentían orgullosas porque estábamos del lado del pueblo”, explica Sánchez. “Nunca recibimos órdenes de no atender a los heridos”, aclara el médico, quien no esconde su sorpresa frente a una carta de despido que no le da ningún tipo de explicación. En Jinotepe fueron despedidos al menos 40 trabajadores de la sanidad pública. “Me reprimen por hacer cumplir el Juramento Hipocrático. Atendí a los heridos de ambos bandos”, aclara el médico.

A Sánchez le apena pensar que los puestos que han quedado libres tras la llamada “barrida” de las autoridades sanitarias puedan ser ocupados por personas sin suficiente preparación, que respondan más a intereses partidarios y lealtades a Ortega que a sus compromisos éticos y científicos. “No pueden reponer tan fácilmente la calidad ni la experiencia de estos médicos que han despedido”, afirma el especialista. A su lado asienten Gladys Jarquín y Javier Pastora, los médicos del Heodra. “Es muy triste, doloroso, porque al ensañarse contra los médicos lo están haciendo también contra la población”, dice, apesadumbrado, el exjefe de cirugía del hospital más importante de León, hermosa ciudad colonial de Nicaragua.

FUENTE: https://elpais.com/internacional/2018/08/04/america/1533334159_403441.html