En octubre de 2012, la joven salvadoreña Sara Rogel, entonces de 18 años, estaba a punto de terminar el bachillerato, cuando fue arrestada, condenada y sentenciada a 30 años de cárcel por “homicidio agravado” luego de un aborto que asegura se debió a una caída.
“Fue un accidente que dio vuelta a mi vida. Yo amaba a mi bebé y por una caída terminé en la cárcel”, dijo este martes en una conferencia de prensa tras su liberación.
Tras cumplir casi 10 años en una prisión de mujeres, la Justicia de El Salvador decidió conmutar la pena de Rogel en enero pasado y, tras varias audiencias y procesos judiciales, un juez decretó a finales de mayo su libertad condicional.
“Fue muy difícil porque me di cuenta de tantas cosas ya presa. Para mí me robaron mis sueños, tanto de poder saber dónde estaba mi hija hasta terminar mis estudios, de estar lejos de mis papás, que nunca me había separado de ellos, ni de mis hermanos…”, dijo.
Su caso no es el único.
Según Agrupación Ciudadana, una ONG que aboga por la despenalización del aborto en El Salvador, otras 16 mujeres se encuentran actualmente en las cárceles del país por casos similares.
La nación centroamericana, una sociedad conservadora y mayoritariamente católica, no contempla excepciones para la interrupción del embarazo, incluso cuando ocurre una violación o cuando la vida de la madre está en riesgo.
Esto ha llevado a que decenas de mujeres, principalmente de zonas pobres, hayan sido encarceladas a lo largo de los años por la muerte de sus fetos en casos en los que aseguran haber sufrido abortos espontáneos.
Para muchos en el país centroamericano, la llegada al gobierno del presidente Nayib Bukele, quien prometió reformar las estructuras más anquilosadas de la nación, fue una esperanza de que las cosas también podrían cambiar en esta área.
Pero cualquier modificación sobre el aborto debe pasar antes por el Congreso, que no ha contemplado su discusión luego de que Bukele alcanzara una mayoría absoluta.
El caso de Sara Rogel
Rogel dice que nunca esperó que su embarazo la fuera a llevar a la peor pesadilla de su vida. “Yo amaba a mi bebé. Yo tenía todo lo que una madre deseaba, tener una bebé, que estaba a punto de acompañarme”, dice.
Sin embargo, asegura que un día, ya con ocho meses de embarazo, resbaló mientras caminaba por su casa, ubicada en un área rural del departamento de Cuscatlán, en el centro del país.
“Me caí, quedé inconsciente y cuando desperté estaba en el hospital. No sabía qué pasaba, no sabía nada de mi hija, nadie me decía nada de qué era lo que sucedía conmigo”, recuerda.
Cuenta que por un par de días vivió en la incertidumbre: los médicos solo le decían que no se debía mover porque había perdido mucha sangre.
Según denuncian colectivos feministas, cuando las mujeres llegan a los hospitales de El Salvador con síntomas de haber perdido un embarazo, los médicos en muchas ocasiones llaman a la policía incluso antes de iniciar un tratamiento.
“Cuando reaccioné ya estaba privada de libertad, sin saber qué pasaba con mis papás, qué pasaba con ella (con la bebé que había perdido)”, rememora.
El tiempo perdido
Ahora, tras casi una década en una cárcel de mujeres, la joven mira hacia atrás y cree que lo sucedido acabó con las aspiraciones de su juventud.
“Estaba al terminar mis estudios. Quería hacer una licenciatura en enfermería y, lamentablemente, me pasó este accidente”, se lamenta.
Dice que el periodo en la cárcel fue muy difícil: “anhelaba volver a mi casa, estar con mis papás, con mi familia”. A pesar de todo, piensa que logró salir adelante, pero reconoce que el dolor de lo que le sucedió la sigue persiguiendo.
“Fue algo muy doloroso para mí porque nunca pensé que de un golpe iba a perder a mi hija y, lo peor, que estuviera tras las rejas tantos años cuando no tuve nada que ver”, cuenta.
Para ella, su misión ahora es visibilizar la situación de las mujeres que continúan en las cárceles de El Salvador por motivos semejantes al suyo. “Hoy aquí estoy pidiendo que se haga justicia con mis demás compañeras que se han quedado presas. Porque, así como yo sufrí ese daño, hay mucha gente detrás de esas rejas con muchos años. Y yo quiero que se haga justicia con ellas también”, dijo.
Agrupaciones feministas de El Salvador denuncian que la penalización total del aborto afecta principalmente a las mujeres más pobres y vulnerables del país, que luego deben enfrentar procesos judiciales en los que, aseguran, se dan irregularidades y faltas a las garantías del debido proceso.
En los últimos años, acciones de grupos de defensa de la mujer en El Salvador han logrado la liberación de al menos 50 mujeres condenadas por haber tenido un aborto.
En 2020, Cindy Erazo fue liberada después de seis años en la cárcel tras ser sentenciada a 30 años de prisión por homicidio agravado, luego de que una emergencia obstétrica durante su octavo mes de embarazo.
Y en 2019, Evelyn Hernández, quien también había sido sentenciada a 30 años de cárcel luego de que su bebé fuera encontrado muerto en el baño donde dio a luz antes de desmayarse, fue liberada luego de casi tres años en prisión.
