Captura de pantalla del noticiero de la TV Pública argentina, emitido por el canal Visión 7 el miércoles 17 de septiembre del 2014
Por primera vez serán juzgados profesionales de la
salud que participaron en partos clandestinos en campos de concentración argentinos
donde dieron a luz hijos de prisioneras que permanecen desaparecidas. Los
médicos están acusados por su participación en la apropiación de los bebés de
las prisioneras. Como antecedente a este juicio, el Tribunal Oral Federal Nº 6
había determinado que el robo de bebés paridos por mujeres secuestradas en
centros clandestinos de detención fue una práctica sistemática y generalizada
del terrorismo de Estado desatado durante la última dictadura cívico-militar. Este
juicio se hace a integrantes del personal médico militar vinculados con la
apropiación de bebés nacidos en la maternidad clandestina que funcionó en Campo
de Mayo y cuyas responsabilidades no han sido todavía establecidas. Los
acusados, los médicos Norberto Bianco y Raúl Martín, y la obstetra Luisa
Arroche y los represores que tuvieron a su cargo la zona, Santiago Riveros y
Reynaldo Bignone, deberán responder por el robo de nueve bebés –cinco de los
cuales lograron recuperar su verdadera identidad–, según el requerimiento de
elevación a juicio de Abuelas de Plaza de Mayo. Las historias de los nietos
recuperados Francisco Madariaga Quintela y Catalina de Sanctis Ovando serán
algunas de las tratadas a lo largo del debate.
Ha pasado casi una década desde que las Abuelas de
Plaza de Mayo pidieron al Poder Judicial que, sin perder de vista a “los Videla,
Massera, Riveros y Bignone”, investigara a las segundas y terceras líneas de
las Fuerzas Armadas que participaron en el proceso de robo y entrega de bebés
que varias mujeres parieron en el Hospital Militar de Campo de Mayo durante su
cautiverio clandestino. Muchos testimonios serán recogidos acerca del
funcionamiento de esa “maternidad clandestina”.
El juicio a los médicos
Es de anotar que los anteriores juicios no tomaron en
cuenta a los médicos militares que integraban el organigrama. Aquellos que dirigían
el Hospital Militar de Campo de Mayo y especialmente quienes tenían a su cargo
su área obstétrica “habían quedado afuera del ojo de la Justicia”, determinó
Alan Iud, que representará, junto a Pablo Lachener, a la querella de las Abuelas
de Plaza de Mayo.
Los casos
En el Pabellón de Epidemiología del Hospital Militar
de Campo de Mayo existieron, entre fines de 1976 y fines de 1978, dos
habitaciones “especiales” (ventanas enrejadas, cerrojos en las puertas, sin luz)
por las que pasaron, por lo menos, 17 jóvenes embarazadas cautivas de la
cacería del terrorismo de Estado que desató su furia en ese país entre 1976 y
1983. Hasta allí eran trasladadas, en autos particulares, tabicadas, esposadas,
desde diferentes centros clandestinos de detención que funcionaron en la órbita
de Campo de Mayo, cuando se acercaba su fecha de parto. Los alumbramientos
sucedían, la mayoría de las veces inducidos y por cesárea, en el quirófano del
hospital. Luego, las mujeres eran despojadas de sus bebés, a los que perdían el
rastro, y depositadas nuevamente en las habitaciones privadas de Epidemiología
hasta su alta. El destino siguiente era de nuevo el centro clandestino. Y,
desde allí, la desaparición y la muerte.
Así fueron los últimos días de Marta Alvarez, Susana
Stritzler, Mónica Masri, Valeria Beláustegui Herrera, María Eva Duarte, Myriam
Ovando, Silvia Quintela Dallasta, Norma Tato y Liliana Isabel Acuña, cuyas
historias serán el eje del debate oral que comenzará esta semana y quienes
permanecen desaparecidas. Existen otros ocho casos similares cuyas causas aún no
fueron elevadas a juicio oral, paso burocrático que la querella de Abuelas
espera que suceda en el transcurso de estos meses.
Francisco Madariaga Quintela, Catalina de Sanctis
Ovando, Belén Altamiranda Taranto, Pablo Casariego Tato y Valeria Acuña
Gutiérrez son los hijos de algunas de aquellas víctimas, recuperados, a lo
largo de los años siguientes con la fuerza de la búsqueda incansable de Abuelas
de Plaza de Mayo. La mayoría de las historias de estos nietos recuperados
fueron ventiladas en el juicio por el Plan Sistemático, como el caso de
Madariaga, Casariego Tato o Altamiranda Taranto o en debates orales
individuales contra los apropiadores.
Los acusados
En sus primeros años, el expediente que indagó lo
sucedido contaba con una decena de imputados. Más de la mitad no irá el
banquillo de los acusados: algunos fallecieron, otros fueron salvados por
“cuestiones de salud”.
Por ser las autoridades máximas de la zona de defensa
IV del Ejército nacional, que incluye en su jurisdicción la repartición militar
de Campo de Mayo, Riveros y Bignone volverán a ocupar el banquillo de los
acusados en este juicio. Son los únicos dos imputados a los que el
funcionamiento vertical de la jerarquía militar no los deja despegarse de los
delitos. En esa misma línea de responsabilidades la querella de las Abuelas
ubicaba a Antonio Bussi, quien falleció en noviembre de 2011.
De los médicos militares retirados que tendrían
responsabilidad en este debate, sólo dos finalmente llegaron a juicio: Raúl
Martín y Norberto Bianco. Martín fue jefe del servicio de Clínica del Hospital
Militar en el que parieron más de una quincena de mujeres, en su mayoría
jóvenes, secuestradas clandestinamente por el terrorismo de Estado y en donde
les arrebataron a sus hijos. Según la acusación, Martín era un “retransmisor”
de información relativa a la presencia de esas mujeres en el hospital, a sus
partos y al destino de sus bebés. Bianco fue jefe del Servicio de Traumatología
de la institución. La querella y la Fiscalía coinciden en señalarlo como un
“personaje clave” en la asociación que los unificó junto a otros profesionales
militares cuyo objetivo fue despojar de sus niños a detenidas ilegales cuyo
destino era la desaparición. Yolanda Arroche de Sala García fue obstetra de la
institución y está acusada de haber firmado el certificado de nacimiento falso
de uno de los bebés apropiados y quien ya recuperó su identidad: Francisco
Madariaga Quintela. El médico Julio Caserotto, quien tenía a su cargo el Servicio
de Obstetricia del hospital, falleció; en cambio, Jorge Habib Haddad, Subdirector
del Centro de Salud de la fuerza, y Ramón Capecce, jefe de Cirugía, fueron
declarados “incapaces de defenderse” por deficiencias en su estado psíquico.
