Los Niños de la Guerra

Ali, de 9 años, posa en su antigua clase de la escuela Istiqlal destruida por un bombardeo de la aviación en el barrio de Maadi en Alepo.
 

Niños sirios asisten a clase en una escuela clandestina del barrio de Saif Al-Dawla, en el este de la ciudad de Alepo.
 

De izquierda a derecha: Samir Qutaini (17), Abdel Khader Zeidan (15), Mahmut Bassar (18) y Mohammad Orobi (16) posan en el barrio de Salahadine de Alepo.
 

Um Mahmood, de 60 años, reparte todos los días la comida que ella cocina entre los vecinos más necesitados del barrio de Sukari en Alepo.
 

Miembros de las Unidades de Defensa Civil reparten agua con un camión cisterna a los vecinos del barrio de Masaki Hanano en Alepo.
 

Niños sirios tratan de calentarse con una hoguera en el campo de refugiados de Bab Al-Salam, junto a la frontera con Turquía.
 

Un grupo de niños del barrio de Bustan Al-Qaser, en Alepo, lleva recipientes con agua repartida en distintos puntos de la ciudad ante la escasez que azota la ciudad.
 

Mohammed, de 10 años de edad, trabaja limpiando los cristales de los coches que esperan seguir su marcha en la rotonda de Tareq Al-Bab, en Alepo.
 

Rashid, de 10 años de edad, trabaja 10 horas al día en un taller mecánico para conseguir algo de dinero y ayudar a su familia.
 

Un hombre sirio cuida de su hijo en el campo de refugiados de Bab Al-Salam, junto a la frontera con Turquía.
 

Miembros de las Unidades de Defensa Civil rescatan el cuerpo de una niña de entre los escombros de un edificio en el barrio de Masaki Hanano de Alepo.


Reportaje gráfico de JM López publicado en al versión digital de Diario EL PAÍS de España.

Las Clínicas de diciembre del 2014...

Clínicas de Perinatología de diciembre del 2014:
https://www.mediafire.com/?uupbd5xtq6p99q2


Clínicas Pediátricas de Norteamérica de diciembre del 2014:
https://www.mediafire.com/?kppzl222t0xwgm8

Los horarios de diciembre del 2014

Esterilizaciones masivas

Más de una decena de mujeres han muerto y otras 70 se encuentran hospitalizadas, tres de ellas en estado crítico, tras ser sometidas a una esterilización, recibiendo un pago de 1.400 rupias (23 dólares) cada una, en un campamento de planificación familiar gubernamental en el centro de la India dentro de un plan gubernamental de esterilización para controlar la demografía del país. Las muertes empezaron a producirse el lunes 10 de noviembre del 2014 en el área de Pendari del distrito de Bilaspur, en el estado de Chhattisgarh, dijo el director adjunto del Departamento de Salud y Bienestar Familiar estatal, Amar Singh Thakur. Afirmó que se desconocen las causas de las muertes de las mujeres, que tenían entre 25 y 35 años, aunque cree que el motivo podría ser una infección, lo que se conocerá tras las autopsias. Fuentes sanitarias dijeron al diario The Times of India que las mujeres presentaron síntomas similares, como vómitos y dolor agudo en el abdomen.

El portavoz del Gobierno local, Rajat Kumar, ha revelado que las mujeres fueron esterilizadas por un médico y su ayudante por laparoscopia, con un solo instrumento; "Es un caso de negligencia médica en el que no se siguieron los protocolos gubernamentales", ha asegurado. Las 83 operaciones que se realizaron en total duraron unas cuatro horas, explicó un portavoz de la comisaria del área del hospital donde se realizó el proceso, S. N. Shukla. Una celeridad que según uno de los funcionarios médicos suspendido por las autoridades por este caso, R. K. Bhamge, se debió a la necesidad de cumplir con las cuotas establecidas por el Gobierno local. "Existen cuotas anuales. Esto -las operaciones- se hizo de acuerdo con ello", indicó a la televisión local NDTV.

La policía india detuvo al cirujano R.K Gupta que el sábado 08 de noviembre del 2014 esterilizó a más de 80 mujeres en el centro del país, 13 de las cuales murieron y varias decenas están hospitalizadas por complicaciones, anunció un responsable policial este jueves. El médico aseguró, por su parte, que el gobierno le había presionado para realizar las operaciones en cadena y atribuyó las muertes a los medicamentos administrados. “No es culpa mía, la administración me presionó para que cumpliera con los objetivos”, dijo Gupta, citado por la cadena NDTV. “Las operaciones transcurrieron bien, el problema viene de los medicamentos administrados a las mujeres”, aseguró.

Los medios de comunicación locales dan diferentes cifras de pacientes graves, entre 15 y 25. El Gobierno ha denunciado al doctor Gupta, quien fue galardonado el año pasado por las autoridades locales por alcanzar las 50.000 esterilizaciones de mujeres en su carrera. Además, otros tres funcionarios de Salud han sido suspendidos, se ha creado un comité de investigación y se han anunciado compensaciones de 200.000 rupias (2.617 euros, 3.267 dólares) para las familias de las fallecidas y 50.000 rupias (654 euros, 816 dólares) para las personas que se encuentran en estado crítico. La India es el segundo país más poblado del mundo tras China, con una población de 1.250 millones de habitantes. La esterilización masiva en Bilaspur formaba parte de las habituales campañas de planificación familiar voluntarias y remuneradas que lleva a cabo el país asiático en zonas de bajos recursos de forma regular para frenar el crecimiento demográfico.

FUENTES: http://www.20minutos.es/noticia/2292562/0/mueren-mujeres/india-someterse-cirugias/esterilizacion-gobierno/#xtor=AD-15&xts=467263

http://www.lapatilla.com/site/2014/11/13/detienen-al-cirujano-que-opero-a-mujeres-fallecidas-tras-esterilizacion/

Maternidad "Clandestina" y Partos "Clandestinos"

Captura de pantalla del noticiero de la TV Pública argentina, emitido por el canal Visión 7 el miércoles 17 de septiembre del 2014

Por primera vez serán juzgados profesionales de la salud que participaron en partos clandestinos en campos de concentración argentinos donde dieron a luz hijos de prisioneras que permanecen desaparecidas. Los médicos están acusados por su participación en la apropiación de los bebés de las prisioneras. Como antecedente a este juicio, el Tribunal Oral Federal Nº 6 había determinado que el robo de bebés paridos por mujeres secuestradas en centros clandestinos de detención fue una práctica sistemática y generalizada del terrorismo de Estado desatado durante la última dictadura cívico-militar. Este juicio se hace a integrantes del personal médico militar vinculados con la apropiación de bebés nacidos en la maternidad clandestina que funcionó en Campo de Mayo y cuyas responsabilidades no han sido todavía establecidas. Los acusados, los médicos Norberto Bianco y Raúl Martín, y la obstetra Luisa Arroche y los represores que tuvieron a su cargo la zona, Santiago Riveros y Reynaldo Bignone, deberán responder por el robo de nueve bebés –cinco de los cuales lograron recuperar su verdadera identidad–, según el requerimiento de elevación a juicio de Abuelas de Plaza de Mayo. Las historias de los nietos recuperados Francisco Madariaga Quintela y Catalina de Sanctis Ovando serán algunas de las tratadas a lo largo del debate.

Ha pasado casi una década desde que las Abuelas de Plaza de Mayo pidieron al Poder Judicial que, sin perder de vista a “los Videla, Massera, Riveros y Bignone”, investigara a las segundas y terceras líneas de las Fuerzas Armadas que participaron en el proceso de robo y entrega de bebés que varias mujeres parieron en el Hospital Militar de Campo de Mayo durante su cautiverio clandestino. Muchos testimonios serán recogidos acerca del funcionamiento de esa “maternidad clandestina”.

El juicio a los médicos

Es de anotar que los anteriores juicios no tomaron en cuenta a los médicos militares que integraban el organigrama. Aquellos que dirigían el Hospital Militar de Campo de Mayo y especialmente quienes tenían a su cargo su área obstétrica “habían quedado afuera del ojo de la Justicia”, determinó Alan Iud, que representará, junto a Pablo Lachener, a la querella de las Abuelas de Plaza de Mayo.

Los casos

En el Pabellón de Epidemiología del Hospital Militar de Campo de Mayo existieron, entre fines de 1976 y fines de 1978, dos habitaciones “especiales” (ventanas enrejadas, cerrojos en las puertas, sin luz) por las que pasaron, por lo menos, 17 jóvenes embarazadas cautivas de la cacería del terrorismo de Estado que desató su furia en ese país entre 1976 y 1983. Hasta allí eran trasladadas, en autos particulares, tabicadas, esposadas, desde diferentes centros clandestinos de detención que funcionaron en la órbita de Campo de Mayo, cuando se acercaba su fecha de parto. Los alumbramientos sucedían, la mayoría de las veces inducidos y por cesárea, en el quirófano del hospital. Luego, las mujeres eran despojadas de sus bebés, a los que perdían el rastro, y depositadas nuevamente en las habitaciones privadas de Epidemiología hasta su alta. El destino siguiente era de nuevo el centro clandestino. Y, desde allí, la desaparición y la muerte.

Así fueron los últimos días de Marta Alvarez, Susana Stritzler, Mónica Masri, Valeria Beláustegui Herrera, María Eva Duarte, Myriam Ovando, Silvia Quintela Dallasta, Norma Tato y Liliana Isabel Acuña, cuyas historias serán el eje del debate oral que comenzará esta semana y quienes permanecen desaparecidas. Existen otros ocho casos similares cuyas causas aún no fueron elevadas a juicio oral, paso burocrático que la querella de Abuelas espera que suceda en el transcurso de estos meses.

Francisco Madariaga Quintela, Catalina de Sanctis Ovando, Belén Altamiranda Taranto, Pablo Casariego Tato y Valeria Acuña Gutiérrez son los hijos de algunas de aquellas víctimas, recuperados, a lo largo de los años siguientes con la fuerza de la búsqueda incansable de Abuelas de Plaza de Mayo. La mayoría de las historias de estos nietos recuperados fueron ventiladas en el juicio por el Plan Sistemático, como el caso de Madariaga, Casariego Tato o Altamiranda Taranto o en debates orales individuales contra los apropiadores.

Los acusados

En sus primeros años, el expediente que indagó lo sucedido contaba con una decena de imputados. Más de la mitad no irá el banquillo de los acusados: algunos fallecieron, otros fueron salvados por “cuestiones de salud”.

Por ser las autoridades máximas de la zona de defensa IV del Ejército nacional, que incluye en su jurisdicción la repartición militar de Campo de Mayo, Riveros y Bignone volverán a ocupar el banquillo de los acusados en este juicio. Son los únicos dos imputados a los que el funcionamiento vertical de la jerarquía militar no los deja despegarse de los delitos. En esa misma línea de responsabilidades la querella de las Abuelas ubicaba a Antonio Bussi, quien falleció en noviembre de 2011.

De los médicos militares retirados que tendrían responsabilidad en este debate, sólo dos finalmente llegaron a juicio: Raúl Martín y Norberto Bianco. Martín fue jefe del servicio de Clínica del Hospital Militar en el que parieron más de una quincena de mujeres, en su mayoría jóvenes, secuestradas clandestinamente por el terrorismo de Estado y en donde les arrebataron a sus hijos. Según la acusación, Martín era un “retransmisor” de información relativa a la presencia de esas mujeres en el hospital, a sus partos y al destino de sus bebés. Bianco fue jefe del Servicio de Traumatología de la institución. La querella y la Fiscalía coinciden en señalarlo como un “personaje clave” en la asociación que los unificó junto a otros profesionales militares cuyo objetivo fue despojar de sus niños a detenidas ilegales cuyo destino era la desaparición. Yolanda Arroche de Sala García fue obstetra de la institución y está acusada de haber firmado el certificado de nacimiento falso de uno de los bebés apropiados y quien ya recuperó su identidad: Francisco Madariaga Quintela. El médico Julio Caserotto, quien tenía a su cargo el Servicio de Obstetricia del hospital, falleció; en cambio, Jorge Habib Haddad, Subdirector del Centro de Salud de la fuerza, y Ramón Capecce, jefe de Cirugía, fueron declarados “incapaces de defenderse” por deficiencias en su estado psíquico.

 FUENTE: http://imagenesparamemoriar.com/tag/argentina/