Por Jacobo García
El juicio contra Imelda Cortez
que debía comenzar el lunes en El Salvador no solo se ha convertido en un
símbolo de la lucha de las mujeres del país centroamericano contra una
legislación sobre el aborto más dura que la de Afganistán o Yemen, sino también
contra la lenta tortura del Estado y su burocracia que ha aplazado nuevamente
el juicio.
Este lunes volvió a suspenderse
por octava vez la vista previa contra Imelda, de 20 años, quien lleva más de un
año y medio en prisión provisional acusada de intento de homicidio. A pesar de
que el padrastro fue el violador y el bebé goza de buena salud.
Esta vez fue una gripe. La fiscal
alegó que se encontraba enferma lo que obligó a suspender nuevamente el juicio
hasta el 17 de diciembre. La fiscal ni siquiera se molestó en enviar un
justificante médico, simplemente llamó al juzgado una hora antes del inicio,
previsto para las 9.00 horas de la mañana, y anunció que no iba a ir. Este
nuevo retraso supone que Imelda Cortez tendrá que pasar 35 días más en una de
las cárceles más peligrosas del mundo hasta que conozca su situación jurídica.
Será otro mes entre rejas, en el
marco de un calvario que comenzó hace una década cuando siendo una niña de 10
años su madre comenzó a vivir con Pablo de Dolores Henríquez, quien por
entonces tenía cerca de 60 años.
Poco después de que se mudara con
ellos su padrastro comenzó a violarla y siguió forzándola durante muchos años
hasta que la dejó embarazada. El resultado fue que Imelda Cortez dio a luz
donde pudo. Tenía 18 años y eligió una letrina de su miserable casa de chapa y
palos para sacar el bebé de su interior cuando pensaba que era, en realidad,
una crisis de colon. El bebé nació sano, pero ella empezó a desangrarse cuando
el cordón umbilical se cortó de forma fortuita. Cuando su madre la encontró en
el suelo, al borde del desvanecimiento, la llevó a un hospital.
Fue ahí donde los médicos
creyeron que había intentado cometer un aborto y llamaron a la policía que la
detuvo en el momento. En la única entrevista que ha concedido desde la prisión,
Imelda contó a la revista Factum una de esas historias que pasan a la historia
de los horrores. “[Mi padrastro] no quería que yo tuviera novio porque quería
que yo fuera solo para él. Yo le dije que no iba a dejar de andar con mi novio.
Entonces vino él y me dijo: "Si no dejas de andar con él, yo me voy a
encargar de eso", contó a la publicación salvadoreña hace un año.
Que el violador era su padrastro
se supo después gracias a las pruebas de ADN que se efectuaron y que la
Fiscalía trató de impedir a toda costa. Esa misma Fiscalía piensa que Imelda
trató de cortar el cordón umbilical y matar al bebé nada más nacer y por tanto
la acusa de intento de homicidio agravado contra su hija, que hoy tiene un año
y seis meses. El mismo tiempo que ella lleva en prisión. De ser encontrada
culpable, Imelda sería condenada a 20 años de cárcel.
Mientras Imelda Cortez estaba en
el hospital, su padrastro la fue a visitar para amenazarla: la mataría a ella,
a su madre y sus hermanos si denunciaba los abusos. Un paciente que estaba
cerca lo escuchó y avisó a una enfermera que a su vez dio parte a la policía.
“Hay indiferencia y desdén de las instituciones cuando se trata de una mujer,
presa y pobre. No les importa que pase otro mes más detenida”, explica desde El
Salvador a este periódico Bertha de León, abogada de la joven, nada más
conocerse un nuevo aplazamiento.
En numerosas ocasiones,
instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han exigido a
El Salvador que cambie su legislación para dejar de ser uno de los cinco países
del mundo donde está perseguido cualquier tipo de aborto y donde las mujeres
con complicaciones del embarazo, que sufren abortos espontáneos o emergencias
obstétricas, son frecuentemente acusadas de homicidio. “Decenas de mujeres cada
año son injustamente acusadas bajo un sistema plagado de prejuicios y
estereotipos sobre su rol como mujer o como madre en la sociedad", señala
a EL PAÍS Marcela Martino del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
(CEJIL). "Son mujeres que llegan con la salud al límite de la muerte pero
que son esposadas a la cama y trasladadas a centros penales en ese instante”,
añade.
Según datos de la Organización de
Naciones Unidas, si bien muchos países contemplan el aborto en su legislación
bajo ciertas circunstancias, hay cinco Estados que no lo avalan en ningún
contexto, tres de ellos en Centroamérica (El Salvador, Nicaragua y Honduras).
Según el CEJIL actualmente hay encarceladas
27 mujeres como Imelda y organizaciones como la oficina de Derechos Humanos de
Naciones Unidas insiste en un cambio legislativo que frene el alto número de
embarazos de adolescentes. Con seis millones de habitantes, el año pasado hubo
en El Salvador 19.000 embarazos de mujeres entre los 10 y los 19 años.
Antes de 1998, en El Salvador se
permitía abortar cuando el embarazo era el resultado de una violación, si se
trataba de un bebé con malformaciones o si la madre corría riesgo de muerte. Un
nuevo código penal y la posterior reforma a la Constitución complicaron la
situación de miles de mujeres. Hace dos años, el gobernante Frente Farabundo
Martí para la Liberación Nacional (FMLN) propuso al Congreso la despenalización
del aborto en los tres supuestos. No obstante, la presión social y la fuerza de
los grupos conservadores han frenado una iniciativa que tiene pocas
probabilidades de avanzar dado que la derecha, que se opone a la reforma, tiene
la mayoría de los escaños del Congreso.
Mientras tanto Imelda Cortez y
cientos de mujeres salvadoreñas seguirán esperando un cambio legal que revierta
la ecuación y no convierta en victimario a quienes son víctimas de pobreza y
agresiones sexuales jamás denunciadas.
