Javier Pastora no oculta su
indignación. Este cirujano general con una especialidad en gastroenterología y
endoscopio digestiva denuncia que es víctima de una represalia por parte de las
autoridades de la sanidad pública nicaragüense por atender a los heridos
durante las protestas contra el presidente Daniel Ortega —la represión desde
mediados de abril ha causado ya 317 muertos— y por “expresar" su
"discrepancia política con el Gobierno”.
Pastora era hasta la semana
pasada jefe de cirugía del Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales (Heodra) de
León, la segunda cuidad de Nicaragua, pero fue despedido de su cargo sin
mayores explicaciones. Solo le fue entregada una carta emitida por la dirección
de ese centro hospitalario. Junto a él echaron a otros nueve médicos y 25
miembros del personal sanitario del Heodra, el mayor hospital del oeste de
Nicaragua.
El médico afirma que su despido
responde a un “proceso de represión política” por criticar la represión
desatada por Ortega desde abril, cuando comenzaron las manifestaciones que
exigen el fin del mandato del presidente, que lleva 11 años gobernando
Nicaragua con mano dura. “Nos han despedido de forma grosera, abusiva, sin
excusas. Cuando pregunté cuáles eran las razonas me respondieron que eran
políticas”, explica Pastora. El médico asegura que tras la “barrida” ordenada
por la dirección del Heodra, León —ciudad de postal localizada a 97 kilómetros
al noroeste de Managua– se ha quedado sin médicos especialistas.
Junto a Pastora fue despedida
Gladys Jarquín, pediatra con una especialidad en enfermedades infecciosas que,
además, dirigía el programa de VIH-Sida en el centro. Jarquín se siente
consternada por su despido y lo que eso significa para el hospital y sus
pacientes, dado que ella había logrado conformar un equipo de investigación en
microbiología que permitía hacer investigaciones pioneras en Nicaragua.
Los responsables del Heodra no
dan explicaciones por los despidos. La directora de hospital, Judith Lejarza
Vargas, no ha respondido a las llamadas a su teléfono móvil, ni ha habido
respuesta en la dirección de Recursos Humanos. Tampoco hubo una respuesta del
Ejecutivo nicaragüense a las consultas hechas directamente a la vicepresidenta
Rosario Murillo, quien controla la comunicación oficial del Estado.
Gracias al trabajo de Jarquín, el
hospital contaba con el apoyo de las universidades estadounidenses de Duke, en
Carolina del Norte, y Vanderbilt, en Tennessee. Pastora ha explicado que los
despidos obedecen a los comunicados que el personal médico del hospital publicó
para aplacar el miedo de la población durante las protestas, porque se decía
que había órdenes de la ministra de Salud, Sonia Castro, de no atender a los
heridos. “Había mucho temor de la población de acudir al hospital. Nosotros
dijimos que se debía atender a todos los heridos, que sintieran seguridad”, explica
la especialista.
La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) publicó el 21 de mayo —tras una visita a Nicaragua— un
informe en el que recogía las denuncias de que varios hospitales nicaragüenses
habrían negado atención médica de urgencia a los heridos en las
manifestaciones. “Según denuncias allegadas durante las visitas, habrían
existido órdenes administrativas en los hospitales públicos para restringir el
acceso de la atención a heridos y obstaculizar el acceso a la información. En
particular se recibieron denuncias respecto del hospital Cruz Azul,
perteneciente al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, y en los
hospitales Roberto Calderón, Antonio Lenin Fonseca, Hospital Escuela Oscar
Danilo Rosales Argüello y Alemán Nicaragüense, todos pertenecientes el
Ministerio de Salud”, se lee en el informe. Debido a una de esas negligencias
falleció el 20 de abril Álvaro Conrado, un chico de apenas 15 años a quien
dispararon en la garganta cuando distribuía agua a los estudiantes
atrincherados en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Un estremecedor
vídeo lo muestra agonizando, mientras balbuceaba en su desesperación: “Me duele
respirar”. Esa frase se ha convertido en el lema de las manifestaciones en toda
Nicaragua.
Otro de los médicos que denunció
su despido es Julio Sánchez, cirujano general del Hospital Regional de
Jinotepe, ciudad localizada a 32 kilómetros al sur de Managua, y que junto a su
vecina Diriamba fue escenario de una de las peores masacres que ha sufrido
Nicaragua en tiempos de paz: más de 20 personas fueron asesinadas en esas
localidades por las huestes armadas de Ortega el 8 de julio. “Nosotros dimos
atención médica a todos los heridos, incluso las autoridades del hospital
dijeron que se sentían orgullosas porque estábamos del lado del pueblo”,
explica Sánchez. “Nunca recibimos órdenes de no atender a los heridos”, aclara
el médico, quien no esconde su sorpresa frente a una carta de despido que no le
da ningún tipo de explicación. En Jinotepe fueron despedidos al menos 40
trabajadores de la sanidad pública. “Me reprimen por hacer cumplir el Juramento
Hipocrático. Atendí a los heridos de ambos bandos”, aclara el médico.
A Sánchez le apena pensar que los
puestos que han quedado libres tras la llamada “barrida” de las autoridades
sanitarias puedan ser ocupados por personas sin suficiente preparación, que
respondan más a intereses partidarios y lealtades a Ortega que a sus
compromisos éticos y científicos. “No pueden reponer tan fácilmente la calidad
ni la experiencia de estos médicos que han despedido”, afirma el especialista.
A su lado asienten Gladys Jarquín y Javier Pastora, los médicos del Heodra. “Es
muy triste, doloroso, porque al ensañarse contra los médicos lo están haciendo
también contra la población”, dice, apesadumbrado, el exjefe de cirugía del
hospital más importante de León, hermosa ciudad colonial de Nicaragua.
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