Por Georgina Zerega
A Evelia Mutul le tiemblan las manos cuando habla. Es la
primera vez que la entrevistan y al intentar poner en palabras los hechos que
la llevaron a prisión se le quiebra la voz. Esta mujer maya de 38 años lleva
casi una década encarcelada después de que la incriminaran por homicidio. El 19
de julio de 2009, cuando salía de misa junto a su familia, se cayó en la puerta
de la iglesia. Una masiva pérdida de sangre hizo que su madre y su hermano la
llevaran a un centro de salud, donde terminó pariendo un bebé que nació vivo,
pero a la media hora murió. Evelia asegura que, hasta ese día, desconocía que
llevaba siete meses de gestación. La Fiscalía la acusó de haber matado a su
hijo y la sentenciaron a 10 años de prisión.
“Me decían: ‘Tú lo mataste’, pero yo ni sabía que estaba
embarazada. Yo me sentía bien, por eso no había ido al médico”, explica Evelia
mientras asoma la cabeza entre los barrotes del centro penitenciario de Tekax,
a unos 20 kilómetros de su pueblo natal, en el Estado de Yucatán, en el sureste
mexicano. Tixméhuac, el lugar donde vivió toda su vida, es un municipio de
2.400 habitantes perdido en medio de la selva cerca de la frontera con Campeche
y Quintana Roo, donde las instituciones del Estado casi no llegan. Allí vive,
además de su madre y sus seis hermanos, el padre de su bebé. Un hombre que,
según cuenta, la violentó y la obligó a tener relaciones sexuales reiteradas
veces y al que denunció ante la Justicia sin que llegara a nada. “Me decía que
no le dijera nada a mi familia o los iba a matar”, relata con un español muy
sencillo.
Evelia aprendió a hablar castellano en la cárcel, a través
de sus compañeras. Antes, solo sabía maya. Durante su proceso judicial no tuvo
un traductor, algo obligatorio bajo la ley mexicana. No fue hasta mucho tiempo
después que entendió por qué la habían sentenciado. El día de los hechos, según
cuenta, la Fiscalía la forzó a firmar un papel escrito en español con la
promesa de liberarla. Bajo presión, terminó firmando, sin comprender lo que
decía. Después se enteró que se trataba de su confesión, la única prueba en su
contra presentada en el juicio. Además de los años en prisión, la Justicia la
condenó a pagar al Estado una reparación del daño de más de 140.000 pesos
(7.100 dólares), multa que terminó por extinguirse al no tener recursos para
abonarla.
La llegada del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la
promesa de una amnistía para aquellas que están presas por abortar trae
esperanza al caso de esta mujer y al de otras 200 mexicanas que sufrieron
abortos espontáneos, partos prematuros y emergencias obstétricas, fueron
criminalizadas y permanecen encarceladas bajo delitos de homicidio, según el
cálculo de organizaciones feministas. “Estas mujeres tienen características
similares: son pobres, de área rural, indígenas, la mayoría de ellas ni
siquiera habla español, sus familias no tienen recursos para defenderlas,
entonces el Estado puede ensañarse y hacer con ellas lo que quiera”, señala
Verónica Cruz, activista de Las Libres, una organización que se encarga de
brindar defensa legal a mujeres criminalizadas por abortar.
La propuesta del nuevo Gobierno, planteada inicialmente como
solución contra la criminalización del aborto, presenta un problema de fondo. A
partir de una reforma penal establecida en 2016, interrumpir un embarazo ya no
es considerado un delito grave. Por ello no cuenta con prisión preventiva. Como
casi no existen penas altas -las legislaciones establecen entre tres meses y
seis años de prisión, dependiendo de cada uno de los 32 Estados-, los casos de
las mujeres que están en prisión enjuiciadas por este delito son minoritarios.
“¿Quiénes son las que sí están presas? Mujeres que tuvieron abortos
espontáneos, partos prematuros y emergencias obstétricas”, señala Cruz. A pesar
de que la propuesta fue planteada inicialmente para aquellas encarceladas por
abortar, las organizaciones feministas señalan que para que la iniciativa tenga
sentido deberían incluirse en la lista los casos como el de Evelia.
El desafío de la iniciativa radicaría entonces, según la
propuesta de los grupos feministas, en poder localizar a las mujeres
encarceladas por aborto y aquellas judicializadas por homicidio. Para eso es
necesario hacer un censo prisión por prisión, hablar con las sentenciadas,
cruzar los datos con los expedientes y determinar si califica o no para la
amnistía, explica Cruz. Parte de ese engorroso trabajo ya lo han hecho algunas
organizaciones, que calculan dos centenares de casos en el país.
Aquel domingo en el centro penitenciario de Tekax, Evelia se
ha maquillado y se ha arreglado porque su madre ha ido a visitarla. Su familia,
todos campesinos de profesión, no siempre puede ir a verla por culpa del
trabajo. “No me gusta estar acá, pero es lo que me tocó”, dice con lágrimas en
los ojos. Cuando llegó, recuerda, no podía parar de llorar. Le llevó varias
semanas acostumbrarse al lugar. Si la amnistía del Gobierno no modifica su
destino, cumplirá su condena en siete meses y podrá salir de prisión en julio
de 2019. “Cuando salga, volveré a vivir con mi madre, un tiempo. Quiero tener
mi trabajo, juntar mi dinero y me gustaría tener hijos”.
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