Por Rocío Montes
Aunque la norma
se aprobó en 2017 para tres supuestos, el aborto legal en Chile choca dos años
después contra la resistencia de los médicos ya que la mitad de los obstetras
del sistema público chileno sigue declarándose objetor ante los embarazos por
violación
Dos años después
de la promulgación en Chile de la ley de interrupción del embarazo por tres
causas —peligro de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación—, el
Ministerio de Salud reportó 188 casos de niñas y mujeres donde se constituyó la
tercera causa, de las que 150 realizaron un aborto, según la ONG Corporación
Miles. Se trata de una cifra notablemente inferior a la proyectada por las
autoridades en 2012, cuando en medio de la discusión parlamentaria se estimaba
que más de 1.000 mujeres decidirían anualmente interrumpir sus embarazos
producto de ataques sexuales.
Esta diferencia
de cifras se debe en parte por las dificultades propias de la implementación de
una ley de esta naturaleza, pero sobre todo por problemas de fondo que se han
presentado con la puesta en marcha de esta norma. Diversas ONG, activistas de
derechos humanos y académicas alertan de la falta de información de las
pacientes y otros problemas profundos, como que el 51% de los médicos obstetras
del sistema público se declara objetor de conciencia a la hora de practicar
abortos por violación, permitido hasta las 14 semanas en el caso de las niñas
menores de 14 años y hasta las 12 semanas para las mayores.
“Se estima que
el 10% de las violaciones puede terminar en un embarazo y entre 2010 y 2018
tuvimos 174.000 denuncias, pero en dos años 150 mujeres han abortado por esta
causal”, indica Javiera Canales, coordinadora del área legal de Corporación
Miles, que capacita a profesionales y judicializa casos de chilenas a las que
se les ha negado el acceso a un aborto. “Nos llaman mujeres a las que no las
han dejado abortar porque los médicos les dicen: ‘No tienes cara de violada y
como no te ves afectada, no puedes interrumpir’. Por lo tanto, para las
chilenas sigue siendo mucho más fácil el mercado negro”, agrega Canales.
Hasta antes de
que entrara en vigencia la ley de aborto en tres causales, las interrupciones
del embarazo estaban totalmente penalizadas, en todos sus supuestos. Lo
estableció la dictadura de Augusto Pinochet poco antes de dejar el poder, en
1990. Como hasta hace poco se trataba de un delito, no existían cifras sobre la
cantidad de abortos que se producían en la clandestinidad, pero los expertos
estimaban que eran unos 70.000 anuales. Si bien siempre se supo que la normativa
de 2017 estaría enfocada solo en los casos de mayor gravedad, en estos dos años
no solo las interrupciones de embarazo en casos por violación han sido menores
a las proyectadas. Por peligro de vida de la madre, se pensaba que habría unos
10.000 cada año, pero desde 2017 se han producido 406. Por inviabilidad del
embrión o feto, se estimaban entre 300 y 550 casos al año, pero desde
septiembre de 2017 se han producido 399.
Una ley con
omisiones
Para Gloria
Maira, coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto —formada por 14
organizaciones, activistas, académicas y defensoras de derechos humanos—, sin
perjuicio de que resulte entendible la necesidad de tiempo para la
implementación de la ley, “existen omisiones y falencias (carencias)
importantes que no están siendo ni abordadas”. Además, describe uno de tantos
conflictos relativos al aborto: “En la atención primaria —donde se detecta la
gran mayoría de casos que podrían estar dentro de las tres causales—, la
posibilidad de la interrupción del embarazo no se informa a la población, por
lo que las mujeres no saben que tienen el derecho”. Sobre la causal de
violación, añade: “No hay acción para detectar la violencia sexual
principalmente en el caso de niñas y jóvenes (...) No hay política pública que
permita prevenir y atender la violencia sexual y sus consecuencias, en este
caso, el embarazo forzado”.
Además de que
580 de los 1.148 médicos gineco-obstetras del sistema público de salud se
declaran objetores de conciencia para practicar abortos en casos de violación,
un 21% se declara objetor de conciencia en el caso de peligro de vida de la
madre (238) y un 29% cuando se trata de una inviabilidad fetal (328), de
acuerdo al Ministerio de Salud. En el caso de los anestesistas, uno de cada
cuatro (un 26%) prefiere no realizar abortos cuando la niña o mujer resultó
embarazada por una violación.
En un estudio de
la Corporación Humanas de julio pasado, que analiza la realidad de la objeción
de conciencia en los servicios públicos, se hace referencia al reglamento de
octubre de 2018 del Ministerio de Salud, “que facilita al máximo la posibilidad
de acogerse a la objeción de conciencia disponiendo que para ello basta
completar un formulario tipo, sin que se requiera ninguna clase de
fundamentación”, según esta entidad que trabaja por el cumplimiento de las
obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres en
Chile. “Tampoco se plantea respecto a quienes se declaren objetores alguna
clase de contraprestación o servicio en compensación a las atenciones de salud
que se les faculta no brindar”.
El informe de
Humanas indica que ni la ley ni el reglamento resguardan el carácter
“excepcional” que debería tener la objeción de conciencia y apunta a un
problema central: “A los establecimientos de salud no se les exige contar con
al menos un equipo no objetor, permitiéndoles derivar a la mujer o niña a otro
recinto”. En el caso de la ciudad de Osorno, en el sur del país y con una
población de 140.000 habitantes, 17 de los 18 obstetras del servicio de salud
objeta la causal de violación sexual, es decir, el 94,4% de los médicos, según
el informe de la corporación.
De acuerdo a un
informe del monitoreo social que realizó la Mesa de Acción por el Aborto en
siete zonas de Chile para evaluar la implementación de le ley, existen diversas
razones que esgrimen los médicos para objetar. Una ginecóloga del norte del
país, relató: “Tenía colegas que definitivamente su objeción de conciencia iba
por el tema ideológico, religioso, pero algunos lo usaron como exclusa de ‘yo
no me quiero meter en problemas, entonces objeto”. Otro profesional indicaba: "En
el hospital todos fueron objetores de conciencia en un principio, pero en sus
consultas médicas particulares practican abortos a sus pacientes y muchas veces
ocupan insumos del mismo hospital".
La Corporación
Miles, con el objeto de dar a conocer la normativa a las chilenas, lanzó una
campaña de tres vídeos explicando los mecanismos y requisitos para acceder a la
ley de aborto en tres causales, los derechos que tienen las mujeres para que no
sean vulnerados y los límites que tiene la objeción de conciencia.
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