Personal del
área de cuidados intensivos del Hospital Quito Sur del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social en Quito, Ecuador
Cientos de
irregularidades en compras de material médico descomponen los tres niveles de
la Administración. Hay 17 detenidos, entre ellos el expresidente Bucaram.
El coronavirus
ha dejado una herida expuesta en Ecuador, que se suma a las deficiencias del
sistema de salud pública para enfrentar una epidemia sanitaria que suma casi
41.000 contagiados y 3.486 fallecidos (cifras oficiales). La corrupción ha
infectado los tres niveles del Estado: central, provincial y municipal. En los
casi tres meses que lleva el decreto presidencial de estado de emergencia, que
agiliza la contratación pública relajando los controles previos, se han destapado
cientos de irregularidades en la compra de materiales médicos como mascarillas,
pruebas de la covid-19 o bolsas para transportar cadáveres. La Fiscalía ha
iniciado al menos 141 investigaciones relacionadas con la epidemia, la
Contraloría está examinando el uso de dinero público en cerca de 200 contratos
y han sido descabezadas instituciones públicas como la Seguridad Social o la
Secretaría General de Riesgos. Las pesquisas han derivado esta semana en un
megaoperativo entre Quito y Guayaquil, la capital y la ciudad más golpeada por
el coronavirus, con el resultado de 37 allanamientos y 17 detenciones, entre
ellas, la del expresidente Abdalá Bucaram y la de la máxima autoridad del
Gobierno provincial de Guayas.
La primera
alerta saltó apenas dos semanas después de que el Gobierno de Lenín Moreno
decretara el 17 de marzo el estado de excepción, suspendiera las clases y la
jornada laboral e impusiese toque de queda para que los ecuatorianos
permaneciesen aislados en sus casas. En esos días, el Registro Civil anotaba ya
medio millar de defunciones diarias en Guayaquil —cuando el promedio normal es
de medio centenar al día—, y los hospitales se llenaban de pacientes. A la vez,
el portal oficial de compras públicas reflejaba un contrato, bajo modalidad de
emergencia, de un millón de dólares en el que el Instituto Ecuatoriano de la
Seguridad Social (IESS) estaba dispuesto a pagar 12 dólares por mascarilla,
cuando el precio de mercado era de cinco dólares. La transacción le costó el
puesto al director del IESS, a los responsables de la adquisición y, finalmente
—tras dos meses y dos renuncias— al representante del Ejecutivo en el Seguro
Social, Paúl Granda.
Era el primer
alto cargo del Gobierno que resultaba salpicado. Le siguió diez días después
Alexandra Ocles, la directora de la Secretaría de Riesgos encargada de
coordinar las medidas de emergencia, al renunciar por las acusaciones de haber
pagado sobreprecio en las bolsas de comida que está entregando el Gobierno como
ayuda social a las familias con menos recursos. Comenzó entonces a brotar un
sinnúmero de procesos contractuales cuestionados por irregularidades que han
puesto en la mira de la Contraloría General del Estado —el órgano que revisa el
buen uso de recursos públicos— a 13 Gobiernos provinciales, 48 municipales y a
111 hospitales y casas de salud públicos.
Uno de los
hospitales de Guayaquil que recibía a los enfermos de la CoVID-19 y a los miles
cadáveres que se recogieron en las calles en las primeras semanas compró 4.000
bolsas para envolver y transportar cuerpos por 148 dólares cada unidad, pese a
que las clínicas privadas y Criminalística de la Policía adquirían fundas
similares a 12 dólares, según reprochó Jorge Wated, el responsable designado
por el Gobierno para solucionar la crisis mortuoria que vivió Guayaquil entre
marzo y abril. Pese a que el Seguro Social aseguró haber respetado las normas
de contratación y haber elegido la oferta más barata de los proveedores, la
Policía y la Fiscalía coordinaron un operativo que se saldó con 16 detenidos. La
empresa que vendía esas bolsas de cadáveres es la misma que ofreció 167.000
dólares en mascarillas, gafas y trajes de bioseguridad a la Empresa Municipal
de Agua Potable y Saneamiento Quito y por cuya sospecha la Fiscalía allanó esta
semana las bodegas del ente municipal en busca de indicios de peculado. Una
semana antes, el alcalde quiteño, Jorge Yunda, separó a su secretario de Salud
para desmarcarse de las sospechas en la compra municipal de 100.000 pruebas
PCR.
En paralelo al
operativo de Quito, la policía detuvo este miércoles en Guayaquil al prefecto
de Guayas, Carlos Luis Morales que terminó con grillete electrónico,
prohibición de salir del país y cargos penales por tráfico de influencias en la
contratación de material de protección para el personal del Gobierno
provincial. También fue detenido el expresidente Bucaram en el allanamiento a
su vivienda, donde la policía encontró 4.000 cajas de mascarillas y 2.000
pruebas de la covid-19 que la Fiscalía relaciona con las pesquisas en los
hospitales del IESS.
La misma
Fiscalía había anunciado dos días antes de la intervención que reforzaría el
equipo de investigadores creando una fuerza de tarea para la avalancha de casos
derivados de la epidemia de coronavirus y para garantizar la imparcialidad en
los procesos locales. El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, que calificó de
“miserables” a quienes se aprovechaban de la emergencia sanitaria, anunció a
finales de mayo dos reformas legales para endurecer las sanciones a la
corrupción que aún no han tomado forma.
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