Madres de los niños que eran tratados en el Hospital Baca Ortiz, en Quito, empezaron a recoger firmas para pedir la reincorporación de los especialistas que atendían a sus hijos. Entre las ausencias más notables está la de Milton Jijón, director de Investigaciones y Docencia del hospital y genetista.
“Me gané mi cargo hace 21 años, en un concurso de méritos y oposición”, dice el doctor, quien hasta el viernes trataba a pacientes con males extraños como los niños con ‘huesos de cristal’ o con síndrome de piel de mariposa.
Jijón no entiende el porqué de su despido. Había dedicado mucho tiempo a la investigación de las enfermedades genéticas. “Los pacientes con enfermedades raras demandan años de estudio”, dice. Atendía entre cuatro y cinco pacientes por día.
En su hoja de vida consta que dirigió el hospital de niños entre el 2007 y el 2009. Dejó esta labor para integrar las investigaciones de enfermedades genéticas de la Misión Manuela Espejo, donde estuvo hasta enero de este año.
Por el Decreto Ejecutivo 813, que promueve la renuncia obligatoria de funcionarios del Estado, unas 80 personas (12 de ellas médicos) se han desvinculado del Baca Ortiz desde el viernes.
Juan Pasquel, presidente de la Federación Ecuatoriana de Médicos, dice que igual situación se vive en otros hospitales de Quito.
En el Eugenio Espejo han sido despedidas 90 personas y en el Pablo Arturo Suárez, 150. Solo el Enrique Garcés no ha sido tocado por los despidos intempestivos.
Funcionarios del Ministerio de Salud, que prefieren el anonimato, dicen que a cada departamento se le pidió que nominara a las personas menos eficaces o con problemas.
Las marchas de protesta se tomaron las calles de Quito ayer. Estudiantes de Medicina fueron al Ministerio de Salud para pedir la reincorporación de sus profesores y el acceso a los hospitales para hacer sus prácticas, pero el viceministro, Nicolás Jara, respondió que lo primero era imposible y en lo segundo, les ofreció hacer una visita a su Facultad este martes.
La Plaza Grande también fue sitio de concentración y rechazo a los despidos. “El trabajo no se vende”, gritaron unos 200 trabajadores y estudiantes de la Facultad de Medicina de la U. Central.
Carmen Herrera, de la Asociación de Mujeres Trabajadoras del Baca Ortiz, denunció que los miembros del GIR irrumpieron mientras ella realizaba un electroencefalograma a un niño. “No hubo respeto ni por el paciente”.
Para Carlos Figueroa, secretario de la Federación Médica, unas 1500 personas del sector salud ya han sido separadas.
“Me gané mi cargo hace 21 años, en un concurso de méritos y oposición”, dice el doctor, quien hasta el viernes trataba a pacientes con males extraños como los niños con ‘huesos de cristal’ o con síndrome de piel de mariposa.
Jijón no entiende el porqué de su despido. Había dedicado mucho tiempo a la investigación de las enfermedades genéticas. “Los pacientes con enfermedades raras demandan años de estudio”, dice. Atendía entre cuatro y cinco pacientes por día.
En su hoja de vida consta que dirigió el hospital de niños entre el 2007 y el 2009. Dejó esta labor para integrar las investigaciones de enfermedades genéticas de la Misión Manuela Espejo, donde estuvo hasta enero de este año.
Por el Decreto Ejecutivo 813, que promueve la renuncia obligatoria de funcionarios del Estado, unas 80 personas (12 de ellas médicos) se han desvinculado del Baca Ortiz desde el viernes.
Juan Pasquel, presidente de la Federación Ecuatoriana de Médicos, dice que igual situación se vive en otros hospitales de Quito.
En el Eugenio Espejo han sido despedidas 90 personas y en el Pablo Arturo Suárez, 150. Solo el Enrique Garcés no ha sido tocado por los despidos intempestivos.
Funcionarios del Ministerio de Salud, que prefieren el anonimato, dicen que a cada departamento se le pidió que nominara a las personas menos eficaces o con problemas.
Las marchas de protesta se tomaron las calles de Quito ayer. Estudiantes de Medicina fueron al Ministerio de Salud para pedir la reincorporación de sus profesores y el acceso a los hospitales para hacer sus prácticas, pero el viceministro, Nicolás Jara, respondió que lo primero era imposible y en lo segundo, les ofreció hacer una visita a su Facultad este martes.
La Plaza Grande también fue sitio de concentración y rechazo a los despidos. “El trabajo no se vende”, gritaron unos 200 trabajadores y estudiantes de la Facultad de Medicina de la U. Central.
Carmen Herrera, de la Asociación de Mujeres Trabajadoras del Baca Ortiz, denunció que los miembros del GIR irrumpieron mientras ella realizaba un electroencefalograma a un niño. “No hubo respeto ni por el paciente”.
Para Carlos Figueroa, secretario de la Federación Médica, unas 1500 personas del sector salud ya han sido separadas.
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