Comunicado oficial
18 de Octubre de 2013 - 19h50
En relación a la inquietud manifestada
por varios profesionales de la salud frente a la aprobación del código
integral penal por parte de la Asamblea Nacional, el Ministerio de Salud
Pública comunica lo siguiente:
El Ministerio de Salud Pública, como
autoridad sanitaria nacional garantiza el derecho a la salud de la
población, así como el derecho al trabajo de las y los profesionales del
sector en condiciones de estabilidad y seguridad. Ningún derecho puede
ir en desmedro de otro y es nuestro deber que se garanticen los mismos.
El ejercicio profesional en salud lleva
inherente un nivel de riesgo como ninguna otra profesión, por lo que no
se puede predecir en forma absoluta los resultados de un acto
particular; sin embargo, el profesional de la salud está obligado a
realizar los procedimientos adecuados en todos los casos.
El Nuevo Código Integral Penal aprobado
por la Asamblea Nacional, desarrolla la valoración de la responsabilidad
de la práctica profesional, pero no incorpora un nuevo delito. En todo
caso, el proceso legislativo no está concluido. En este contexto, el
Ministerio de Salud Pública, en conjunto con todo el gobierno, ha estado
analizando acuciosamente los alcances del nuevo texto.
Conocemos del nivel de profesionalismo y
vocación de servicio de nuestras y nuestros médicos y demás
profesionales de la salud así como el nivel de credibilidad que tienen
en nuestra ciudadanía. Los casos de mala práctica son excepcionales y
escasos frente a las miles de atenciones prestadas con excelencia,
esfuerzo y mística.
Al Gobierno Nacional sabrá actuar para
asegurar los derechos de protección de todas y todos, salvaguardando
también la práctica de los médicos cuyo desempeño se enmarque en los
valores éticos de la profesión y de las leyes.
Este gobierno ha trabajado e invertido
como ningún otro en la salud, profundizando una transformación del
sector para mejorar el acceso y la calidad de la atención, generando
condiciones para un mejor ejercicio profesional.
Que la desinformación o el temor no
afecten trayectorias de trabajo honestas y esforzadas, ni amenacen la
prestación de los servicios de salud de nuestra población, especialmente
de la más vulnerable y que sea el diálogo el único mecanismo de
resolución de conflictos. En cualquier circunstancia, el ministerio
garantizará el normal funcionamiento de los servicios, de acuerdo a la
constitución y las leyes.
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