Diario EL MERCURIO, 24 de noviembre del 2014
Gremios de médicos de diferentes hospitales
públicos siguen evaluando la situación. Autoridades creen que las renuncias
fueron apresuradas.
QUITO.- Mientras las renuncias masivas
voluntarias continuaron en Cuenca, Ambato y Santo Domingo de los Tsachilas como
consecuencia del artículo 146 del Código Integral Penal (COIP), el Gobierno no dará
marcha atrás en la penalización de la mala práctica profesional, ni tampoco
cederá a “presiones”. La ministra de Salud, Carina Vance, en una rueda de
prensa, se refirió a la situación de los hospitales públicos y a la que
calificó como normal. Recordó que la renuncia del traumatólogo Juan Barriga la
presentó hace más de un año, y hace dos meses las 90 restantes cuando se
comenzó a trabajar el artículo propuesto inicialmente por la Asamblea. Empero,
aclaró que esas renuncias no se ejecutaron. También confirmó la dimisión de 90
galenos más del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Ambato,
aunque el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana (FME), Alberto
Narváez, habló de similares acciones en los hospitales de Cuenca y Santo
Domingo de los Tsáchilas.
Apresuramiento
A criterio de la ministra, se han tomado
decisiones apresuradas, “sin analizar a profundidad cómo está constituido el
artículo y el hecho de que ha tenido justamente el aporte de los representantes
de los distintos gremios, para garantizar que no vulnere el derecho al
ejercicio profesional”. Por ello, advirtió: “Nosotros tampoco vamos a ceder a
presiones. Como ministra y Gobierno tenemos que resguardar que en el sector
público tengamos la capacidad de atender y vamos a tomar cualquier medida
necesaria para garantizar eso”. En este marco, sostuvo que se está organizando
a nivel nacional foros para analizar el artículo y esclarecer las dudas de los
profesionales de la salud.
Evaluación
En el resto de hospitales del Estado, en Quito
(Eugenio Espejo, Enrique Garcés e IESS no se registraron ayer nuevas renuncias,
aunque -a juicio del vocero del Colegio de Médicos de Pichincha, Víctor
Álvarez- la medida está siendo evaluada y en una reunión a realizarse hoy se
conocerá las resoluciones. Según Álvarez, el gremio no está actuando ni
políticamente ni está presionando como lo cree la Ministra de Salud. “Lo que
nosotros queremos es que nuestra profesión no sea criminalizada”, subrayó.
Explicó que hubo casos de renuncias hace dos meses, pero por efectos de la ley
que obliga a seguir 15 días más en el cargo hasta ser reemplazado. Algunos
compañeros suyos no han dejado el hospital. “Lo que ahora se ha hecho es
efectivizar lo que se anunció cuando la Asamblea redactó el texto referente al
homicidio culposo para la mala práctica profesional”, subrayó. Sobre las citas
y cirugías programadas, el dirigente sostuvo que mientras los renunciantes
estén en los hospitales su programación no sufrirá cambio, pero luego ya no
será de su responsabilidad. No obstante, a su parecer el sector está abierto al
diálogo sea directamente con el presidente Rafael Correa o con los miembros de
la Comisión de Justicia, porque “no es que estamos presionando, estamos
poniendo a salvo nuestra integridad, bienestar y libertad”, puntualizó. (ANL).
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