Protesta a favor de "Jane Doe" frente
al Departamento de Salud, en Washington D.C., viernes 20 de octubre de 2017
Por Joan Faus
La Justicia permite abortar a una
menor indocumentada pese al rechazo del Gobierno Trump.
Un tribunal autoriza con
condiciones la interrupción del embarazo a una adolescente centroamericana en
un centro de detención
Un caso de inmigración irregular
y derecho al aborto sacude Estados Unidos ante la negativa del Gobierno de
Donald Trump de facilitar la interrupción del embarazo a una menor
indocumentada que tiene en custodia. Un tribunal de apelaciones de Washington
permitió este viernes abortar a una chica indocumentada de 17 años, embarazada
de 15 semanas y recluida en un centro de detención para inmigrantes en Texas.
Pero lo hizo imponiendo una serie de condiciones.
El aborto no será inmediato, como
quería la adolescente. La corte dio hasta el 31 de octubre al Gobierno federal
para encontrar un tutor que se haga cargo de la menor y la ayude a llevar a cabo
el procedimiento de aborto. Si no lo encuentra, la defensa de la menor podrá
volver a pedir al Gobierno que le facilite la interrupción del embarazo.
La decisión del tribunal, por dos
votos a favor y uno en contra, supone una victoria para la adolescente. En la
víspera, la justicia había ordenado detener el aborto al aceptar el recurso del
Gobierno contra el dictamen, el miércoles, de otra magistrada que había
decretado que el Ejecutivo debía respetar la decisión de la menor y hacer los
arreglos oportunos para que pudiera abortar este sábado.
No se ha revelado el nombre ni la
nacionalidad de la adolescente para proteger su identidad. Solo se sabe que es
centroamericana, pero la abogada del Gobierno, Catherine Dorsey, desveló que
procede de un país en que es ilegal abortar. En el proceso judicial, la chica
ha sido identificada como “Jane Doe”.
La adolescente, que entró
ilegalmente a Estados Unidos, obtuvo el 25 de septiembre el permiso de un juez
de Texas para abortar, pero los responsables del centro de detención para
menores indocumentados en el que se encuentra se negaron a llevarla a un
hospital para llevar a cabo el procedimiento, según informa la agencia Efe.
La gestión del tiempo es crucial
en el caso dado que Texas no permite el aborto tras 20 semanas de embarazo y
obliga a los pacientes a hablar con un especialista 24 horas antes del
procedimiento.
El Gobierno del republicano
Trump, muy crítico con el aborto, alega que no está obligado a facilitar la
interrupción del embarazo porque, entre otros motivos, tiene un interés en
“promover el nacimiento de niños y la vida fetal”. Una sentencia del Tribunal
Supremo de 1973 permite el aborto en EE UU al determinar que el Estado no puede
interferir en la decisión de una mujer.
En la sesión judicial de este
viernes, los abogados del Gobierno esgrimieron que no están vulnerando el
derecho al aborto sino que alegan que la chica podría abandonar voluntariamente
EE UU e intentar abortar en otro país o buscar un tutor para poder hacerlo en
EE UU. “El Gobierno no está imponiendo ningún tipo de obstrucción al aborto, no
está imponiendo ninguna carga excesiva. Lo que está haciendo es no
facilitarlo”, alegó la fiscal Dorsey.
Ese argumento no convenció al
juez Brett Kavanaugh, que le preguntó por qué si se permite abortar a las
mujeres adultas que están en prisiones o centros de detención de inmigrantes.
Dorsey replicó que esas personas no tienen la opción de volver a sus países o
buscar un tutor.
Sin embargo, la abogada de la menor, Brigitte Amiri, aseguró que varios tutores se han ofrecido para cuidar de "Jane Doe", pero el gobierno los ha rechazado, y advirtió de que el proceso de designación de un tutor es lento.
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