Este mes la
republicana Kim Reynolds, gobernadora de Iowa (Medio Oeste de los Estados Unidos, tres millones de
habitantes), firmó la ley antiaborto más extremista en el último medio siglo en
Estados Unidos, que establece que toda mujer que quiera abortar debe someterse
a una prueba de ultrasonido y si se detecta un latido cardiaco en el feto, lo
que sucede poco después de un mes, estará obligada a continuar con la
gestación. Solo se harán excepciones si hay malformación fetal, riesgo de
muerte para la madre y violación o incesto –casos en los que la víctima para
poder abortar deberá haber denunciado a la policía el crimen que ha sufrido
antes de 45 y 140 días, respectivamente–.
La fecha de
entrada en vigor de la ley es el 1 de julio de este año, pero organizaciones defensoras del
derecho al aborto ya la han impugnado en una corte local alegando que es
inconstitucional y se prevé una larga batalla judicial en torno a ella que
podría acabar dirimiéndose en la máxima instancia, el Tribunal Supremo federal.
La estrategia declarada del movimiento antiabortista a nivel nacional es,
precisamente, que una norma reproductiva de este cariz llegue al Supremo y
pueda ser revertido su histórico fallo de 1973 en el caso Roe vs Wade, que
supuso la despenalización del aborto.
La ley del
latido, como ya es conocida, es enormemente radical incluso para un estado de
la América profunda como es Iowa, de tendencia conservadora pero flexible, pues
desde 1973 ha tenido cuatro gobernadores republicanos y dos demócratas. Una
encuesta de este año de su principal diario, The Des Moines Register indicaba, por ejemplo, que un 71% de los encuestados estaban a favor de financiar con
dinero público a las ONG para la salud reproductiva que practican abortos en
sus clínicas.
La ley aún
vigente en este estado permite el aborto hasta las 20 semanas de gestación pero han
sido las bases religiosas de Iowa y el sector ultraderechista de los
republicanos quienes han forzado el endurecimiento legal. A la cabeza del
movimiento local antiabortista está la ONG Iowans For Life. Su directora,
Maggie DeWitte, católica de 44 años, está satisfecha con la nueva ley, pero no
del todo. “Lo que nosotros queremos es una prohibición total del aborto”,
explicó en su sede en la capital, Des Moines. “Cada año en Estados Unidos se
está asesinado a millones de hermanos y hermanas antes de que nazcan. En el
futuro se echará la vista atrás y la gente se preguntará cómo era posible que
las mujeres decidieran matar a sus propios hijos, de la misma manera en que hoy
nos preguntamos cómo pudo ocurrir el holocausto”.
Para los
antiabortistas prima su fe y desean que los derechos reproductivos se regulen
según mandato divino. “No hay debate. La Biblia dice que la vida empieza con la
concepción”, dice Whitney Smith, de 40 años y feligresa en Des Moines de la
Iglesia de San Juan y San Pablo. “Y quien no quiera basarse en la Biblia, basta
con que aplique la lógica: la vida es vida desde que se inicia el proceso de
vida”. Su enfoque es diferente al de Britney Allen, que reflexiona: “Tener
hijos es lo mejor del mundo y no creo que nadie debiera abortar; pero hay
mujeres que se quedan embarazadas en situaciones muy complicadas y… ¡uf,
dios!... Sí: creo que debe haber la opción de decidir”.
Además de
Iowa, en lo que va de año han impulsado leyes restrictivas los estados de
Mississippi y Luisiana –que quieren vetar el aborto después de 15 semanas– y
Kentucky –que busca prohibirlo a partir de 11 semanas–, aunque todas parecen
abocadas a perder en los tribunales. “Se trata”, dice DeWitte, “de una batalla
de varios frentes que esperamos ganar en un futuro. Tal vez no ahora, pero
quizás sí si hay una segunda Administración Trump”. El presidente y su
evangélico vicepresidente Mark Pence apoyan la agenda de los radicales y el
viernes el departamento de Salud propuso recortar los fondos federales a las
clínicas que practiquen abortos.
“La ley de
Iowa es un asalto cínico y descarado a la libertades y a la igualdad de las
mujeres en Estados Unidos”, juzga en respuesta por correo Katherine Franke,
directora del Centro para las Leyes de Género y Sexuales de la Universidad de
Columbia. “El movimiento antiabortista se ha vuelto aún más radical y
extremista con Trump. Espero que el Tribunal Supremo, en caso de que le llegue
el pleito, reafirme el fallo de 1973. No solo están en juego los derechos de
las mujeres, sino la reputación del Supremo como un órgano que interpreta la Constitución
de manera consistente a lo largo del tiempo y no respondiendo a las coyunturas
políticas”. En último término, la cuestión depende de la evolución del Tribunal
Supremo. Trump ya ha añadido un juez conservador a la composición de la máxima
corte, Neil Gorsuch, y su propósito es seguir inclinando la balanza hacia la
derecha. “Estoy muy preocupado de que en uno años lleguen a revertir el fallo
de Roe vs Wade”, dice Burkhiser.
Hoy, en la
tranquila y agrícola Iowa, se encuentra el frente de batalla más intenso de
la vieja pelea política entre fe y derechos civiles; aunque, por lo pronto, los
segundos permanecen a resguardo del sistema de justicia y respaldados por una
mayoría de americanos moderados.
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