Por Hana Young
28 julio 2018, 18:27 UTC
El pasado sábado 21 de julio del
2018, por la noche, un reportaje llamado “Los reyes de la vacuna” se difundió
en los canales chinos de redes sociales y desplazó a todas las demás
conversaciones, incluso a los vídeos de gatos.
El artículo, de 4000 palabras y
publicado en la plataforma china de redes sociales WeChat, detallaba el ascenso
de tres conglomerados farmacéuticos, su capacidad para salir indemnes de
múltiples escándalos relacionados con la salud, y cómo se había descubierto
recientemente que una de las empresas había fabricado y vendido cientos de
miles de vacunas defectuosas.
“Estas vacunas se inyectan en el
torrente sanguíneo de ustedes y de sus hijos e hijas, día tras día.”
El artículo despertó la ira de
muchas personas, especialmente de padres y madres preocupados.
Tal como se preveía, el artículo
fue rápidamente censurado: “sometido al 404”, como lo llaman. Pero la gente
contraatacó de la manera más evidente: volviendo a publicarlo. “Los reyes de
las vacunas” se abrió paso rápidamente en múltiples plataformas de redes
sociales, en comentarios de respuesta al artículo y en las guías para
progenitores sobre cómo distinguir una vacuna buena de una mala, y dónde
vacunarse en la cercana Hong Kong.
Muchos de estos artículos duraron
muy poco publicados, pues los censores trabajaban sin descanso, pero la furia no
se pudo contener.
Déjà vu. Esto ya había sucedido
antes.
En 2016 se informó que,
durante muchos años, se habían vendido en China vacunas dudosas por valor de 88
millones de dólares estadounidenses. La noticia dio lugar a una ira
generalizada, y el gobierno reaccionó con rapidez. Unos días después del
estallido de indignación, el primer ministro Li Keqiang emitió una
“instrucción”, y finalmente detuvo a más de 100 personas. Sin embargo, las
protestas en curso sobre la calidad de estas vacunas y las peticiones de
indemnización de las familias quedaron sin abordar... o fueron silenciadas.
En 2010, el China Economic Times
publicó un informe de investigación en el que se destacaban 78 casos
documentados de niños o niñas que murieron o enfermaron en la provincia de
Shanxi tras haber recibido vacunas. El informe reveló datos sobre vacunas que
se habían dejado deliberadamente sin refrigerar. Después de su publicación, el
redactor jefe, Bao Yueyang, fue despedido, y los padres y madres implicados en
el caso fueron sometidos a vigilancia.
La lista podría continuar.
Todos estos incidentes siguen un
patrón familiar:
- Hay una indignación pública generalizada.
- Los censores se lanzan a contener la opinión pública.
- El gobierno emite declaraciones públicas.
- Los activistas y periodistas son silenciados.
- Se rebobina y se repite.
China ha ratificado varios
acuerdos internacionales que obligan a garantizar el derecho a la salud. Esto
incluye la obligación de garantizar que los productos y servicios relacionados
con la salud son seguros y de buena calidad, que la gente tiene acceso a
información relativa a la salud, y que la población tiene acceso a reparaciones
efectivas cuando se viola su derecho a la salud.
Sin embargo, en lugar de impartir
justicia cuando las cosas van terriblemente mal, las autoridades chinas
persiguen a quienes apoyan a las familias. En 2010, Zhao Lianhai, que había
trabajado en los medios de comunicación estatales, fue condenado a dos años y
medio por “provocar peleas y crear problemas” tras pedir justicia para las
familias afectadas por la leche en polvo contaminada con melamina, un compuesto
químico industrial utilizado para fabricar plásticos y fertilizante.
Este mismo año, el Dr. Tan
Qindong estuvo detenido durante tres meses tras haberse referido en un blog a
un tónico medicinal chino calificándolo de “venenoso”. Quedó en libertad cuando
su detención provocó la indignación colectiva.
Los abogados y activistas que
simplemente quieren utilizar el sistema jurídico del país para impartir
justicia para las víctimas son detenidos sistemáticamente. El abogado de
derechos humanos Tang Jingling, que representó a padres de niños perjudicados
por las vacunas, cumple una pena de cinco años de prisión por propugnar la
democracia o, más oficialmente, “incitar a la subversión del poder estatal”.
Justo después de la medianoche
del domingo pasado, 29 de julio del 2018, un día después de que “Los reyes de
las vacunas” se hiciera viral, múltiples medios de comunicación de la China
continental publicaron otra “instrucción” del primer ministro chino en la que
formulaba una promesa familiar: “… el caso de las vacunas ha
cruzado una línea moral, y la nación merece una explicación clara”.
Al día siguiente, el activista Qi
Jing, que ha estado haciendo campaña sobre un caso anterior de falsas vacunas,
fue aprehendido durante tres horas para ser interrogado por la policía local.
El reaccionar rápidamente ante la indignación pública nunca ha supuesto un problema
para el gobierno chino, pero la observación independiente, con la participación
de la opinión pública, los medios de comunicación y los grupos sin ánimo de
lucro, no está permitida.
El caso de las vacunas
defectuosas, según los medios de comunicación estatales, afectó a 252.600
dosis, que les habían sido inyectadas a 215.184 niños y niñas de toda China.
Esto pone de manifiesto el
fracaso del sistema regulador actual. Sin embargo, para tener un sistema más
efectivo que cumpla las obligaciones de derechos humanos contraídas por China,
el gobierno debe cambiar su enfoque.
Si no temen a las consecuencias
en forma de indignación pública, informes independientes o acciones judiciales
de grupo, las empresas seguirán economizando, y este momento colectivo de déjà
vu se volverá a producir.
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