miércoles, 29 de mayo de 2019

En Europa y en América: el sarampión resurge y hasta Trump recula


Desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de marzo de 2019 Europa ha asistido a una gran epidemia de sarampión, con 44.074 casos notificados por 30 Estados miembros. En comparación con los tres años anteriores (2012-2015), supone un incremento significativo, según un informe publicado por el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC).

En 2010 y 2011 muchos fueron los países afectados por grandes brotes en 2010 y 2011: (22.162 casos), Francia (19.985), Italia (8.161), Rumania (4.352) y España (3.816). Y aunque entre 2012 y 2016 el número de casos notificados disminuyó considerablemente, se produjo un aumento de cuatro veces en los casos en 2017 (18.363) y 2018 (17.228), en comparación con 2016 (4.642). En 2019, se han notificado un total de 3.841 casos hasta la fecha.

«Según los objetivos establecidos por la Organización Mundial de la Salud, el sarampión ya debería haberse eliminado en la región europea para el año 2000. Sin embargo, Europa aún está lejos de lograrlo. Estas cifras son simplemente inaceptables, especialmente dado que existe una vacuna eficaz contra la enfermedad desde la década de 1960», afirma Vytenis Andriukaitis, Comisario de Salud y Seguridad Alimentaria de la Unión Europea (UE).

Para Andrea Ammon, Director del ECDC, «el sarampión sigue siendo una amenaza para la salud en toda la UE. Debido al fracaso en alcanzar los objetivos globales actuales de vacunación, 4,5 millones de niños y adolescentes en Europa menores de 20 años de edad corren, innecesariamente, riesgo de infectarse por el virus sarampión. La eliminación del sarampión solo se puede lograr a través de un compromiso activo, implacable y simultáneo de todos los países».

Y el problema que, al tenor de esta evaluación epidemiológica del ECDC, existe un alto riesgo de que continúe la circulación generalizada del sarampión en Europa en un futuro próximo, siempre que se siga existiendo una cobertura de vacunación subóptima.

De acuerdo con el informe, entre los principales factores que impulsan este riesgo está, en primer lugar una «histórica» baja cobertura de vacunación, especialmente entre los niños y adolescentes nacidos después de 1999. Según el ECDC, este grupo representa casi una cohorte de nacimientos anual en Europa de más de cuatro millones y medio de niños.

Además, el número de países que alcanzaron la meta de la OMS de una cobertura de vacunación del 95% para dos dosis de la vacuna del sarampión ha disminuido significativamente. En 2017, solo cuatro países lograron el objetivo en comparación con 14 en 2007. Los expertos subrayan que se necesita una cobertura de vacunación del 95% para eliminar la enfermedad.

El documento también señala otro dato preocupante referido a la alta carga de sarampión entre lactantes y adultos. La edad media de los casos ha aumentado progresivamente en los últimos diez años, de una edad media de 10 años en 2009 a 17 en 2019. Además, casi la mitad (45%) de todas las muertes por sarampión se registraron en bebés.

Asimismo, se advierte sobre el potencial de las importaciones, que pueden empeorar los brotes existentes o iniciar nuevos en comunidades donde el sarampión no está circulando actualmente y donde persisten las brechas de inmunidad. Entre 2016-2019, casi la mitad (43%) de los casos importados en los países del continente europeo adquirieron su infección en otro país de Europa, principalmente en aquellos países donde el sarampión es endémico y/o están experimentando grandes brotes.

Por último, el informe señala una serie de opciones para abordar el problema. La intervención más importante es garantizar un programa de inmunización de alta calidad, que alcance una cobertura de vacunación del 95% a nivel nacional.

En EE.UU., la cifra es la más alta en 25 años:

Las autoridades estadounidenses han detectado la semana pasada 60 nuevos casos de sarampión, con lo que ya suman 940 en lo que va de año, la cifra más alta desde hace 25 años, según los datos del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el organismo federal encargado del control de enfermedades.

Hasta el momento, ha habido casos de sarampión en 26 estados y la enfermedad se está manifestando de una forma muy contagiosa e incluso mortal. El brote actual supone un incremento radical con respecto a 2018.

Las autoridades han informado de que parte de estos casos son de individuos procedentes del extranjero, en la mayoría de los casos de Ucrania, Israel y Filipinas, pero la enfermedad se ha propagado rápidamente entre otros sectores de población, principalmente menores no vacunados.

Geográficamente la mayoría de los casos se concentran en Nueva York, la mayoría entre niños de la comunidad judía ortodoxa de Brooklyn, lo que hace temer un aumento del antisemitismo. El número de familias que rechaza vacunar a sus hijos por no confiar en el valor científico y de prevención de las vacunas parece ser la causa principal del mayor impacto de este tipo de enfermedades.

El propio presidente estadounidense, Donald Trump, ha pedido a los ciudadanos que se vacunen contra el sarampión a pesar de que el magnate se hizo eco anteriormente de las falsas teorías que vinculan las vacunas con el autismo. El sarampión es una enfermedad declarada como erradicada oficialmente en Estados Unidos en 2000, ya que no resurgía de manera cíclica gracias a la eliminación del virus.

jueves, 23 de mayo de 2019

1982 - 2019: 37 años del Hospital Enrique Garcés


A los 16 años, Carlos Hernández Vásquez viajó más de mil millas y murió


Por Angel Canales y Graham Kates

Carlos Hernández Vásquez sobrevivió a un viaje de más de 1,000 millas desde su casa en Guatemala a los Estados Unidos sin sus padres. Luego, un patrullero de la frontera de EE. UU. capturó al joven de 16 años el 13 de mayo del 2019 y una semana más tarde murió bajo custodia estadounidense.

Hernández Vásquez, el sexto niño en morir luego de ser detenido por la Patrulla Fronteriza, había cruzado la frontera entre México y Estados Unidos cerca de Hidalgo, Texas, el 13 de mayo y fue trasladado a un centro de procesamiento en la cercana ciudad de McAllen, según un funcionario de la Patrulla Fronteriza que informó a los miembros de la prensa el lunes. Allí, adultos y niños están alojados juntos en una cerca de alambre.

Por ley, los niños migrantes no acompañados que se encuentran bajo la custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) pueden permanecer en esas instalaciones hasta 72 horas antes de ser entregados a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), que supervisa refugios especializados en el cuidado de niños migrantes. Pero tres días después de que Hernández Vásquez fue trasladado a las instalaciones de McAllen, las dos agencias federales apenas habían comenzado a procesar su transferencia, según el funcionario de la Patrulla Fronteriza.

Mark Weber, un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., que opera la ORR, dijo que hay raras excepciones a la regla de las 72 horas, que una minoría de casos excede las 72 horas y que tales casos "generalmente involucran circunstancias excepcionales, como problemas de salud exclusivos del niño o la ubicación de un grupo de hermanos para garantizar que permanezcan juntos".

En el caso de Hernández Vásquez, pasaron otros tres días después de que las autoridades comenzaran a procesar su transferencia, según el funcionario, quien dijo que el niño fue examinado para verificar su bienestar durante su tiempo en custodia. Pero los funcionarios no han dicho si determinaron que el niño estaba enfermo antes de que éste les dijese que no se sentía bien el domingo, un día antes de su muerte y seis días después de su detención.

Según Peter Schey, abogado principal de un equipo que supervisa el Acuerdo de Flores, un acuerdo judicial que rige el tratamiento de los menores migrantes en custodia federal, la ORR pudo haber estado mejor posicionada que el DHS para brindar atención al niño, realizar una evaluación médica más integral y brindar la atención médica necesaria a los menores detenidos.

Según el funcionario, una enfermera concluyó el domingo que Hernández Vásquez tenía influenza y le recetaron Theraflu. En ese momento, las autoridades querían separarlo de otros migrantes que vivían y dormían en lugares cerrados y fue conducido a una estación de la Patrulla Fronteriza en Weslaco, Texas, a unos 20 minutos.

Cuando Hernández Vásquez llegó a Weslaco, la ORR había determinado que lo llevarían a su refugio más grande del país, en Homestead, Florida, pero luego optó por otra instalación más cercana: Southwest Key Casa Padre en Brownsville, Texas. El funcionario de la Patrulla Fronteriza dijo que se hizo el cambio porque las autoridades no querían que el adolescente enfermo volara a otro estado.

No está claro qué tratamiento recibió el niño en la estación de Weslaco durante la noche. El lunes por la mañana, alguien realizó una evaluación de su bienestar y no está claro si se detectó alguna alarma. Una hora más tarde, se realizó otro chequeo y esta vez se determinó que el niño no respondía, dijo el funcionario. Los funcionarios médicos no pudieron resucitarlo.

La noticia de la muerte de Hernández Vásquez provocó recriminaciones inmediatas de los defensores y funcionarios públicos.

"La gran insuficiencia de los llamados 'chequeos de asistencia social' es claramente obvia", dijo el senador Jeff Merkley, demócrata por Oregon, un crítico frecuente de las agencias de control de inmigración del gobierno federal. "Quiero ver planes específicos de la administración para proporcionar verdaderos controles médicos, incluido el control de signos vitales, de todos los niños que quedan bajo la custodia de nuestro gobierno. Necesitamos urgencia y necesitamos respuestas, no excusas".

En una declaración a CBS News, el consulado de Guatemala pidió una investigación sobre la muerte del niño.

"El gobierno guatemalteco lamenta la muerte de este niño guatemalteco, presenta sus condolencias a la familia e insta a las autoridades de los EE. UU. a que se pronuncien con urgencia sobre la causa de la muerte y deduzcan las responsabilidades que merecen el caso", dijo el consulado.

El Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional debe investigar todas las muertes bajo la custodia de la agencia, y está tomando la iniciativa en este caso, dijo un funcionario del FBI a CBS News. El FBI y la policía local también están involucrados en la investigación.




viernes, 12 de abril de 2019

La foto ganadora del World Press Photo del 2019


El 12 de junio de 2018, la niña hondureña Yanela Sánchez llora cuando ella y su madre, Sandra Sánchez, son detenidas por funcionarios de la frontera de Estados Unidos en McAllen, Texas, EE. UU., El 12 de junio.

Las familias inmigrantes habían viajado en balsa por el río Bravo desde México y luego fueron detenidas por las autoridades de los Estados Unidos. Sandra Sánchez dijo que ella y su hija habían estado viajando por un mes a través de América Central y México antes de llegar a los Estados Unidos para buscar asilo. La Administración Trump había anunciado una política de "tolerancia cero" en la frontera bajo la cual los inmigrantes atrapados en los Estados Unidos podrían ser procesados ​​penalmente. Como resultado, muchos padres aprehendidos fueron separados de sus hijos, a menudo enviados a diferentes centros de detención. Después de que esta imagen se publicara en todo el mundo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos confirmó que Yanela y su madre no se encontraban entre los miles que habían sido separados por funcionarios de los Estados Unidos. Sin embargo, la protesta pública sobre la polémica práctica dio lugar a que el presidente Donald Trump revirtiera la política el 20 de junio.

Fotógrafo: John Moore (Getty Images)

FUENTE:

https://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2019/38262/1/John-Moore-(2)



martes, 9 de abril de 2019

En Paraguay el hijo de Carmen Quinteros tiene a su madre en prisión


Por  Santi Carneri

La teniente de fragata Carmen Quinteros Giménez solo quiso que le dieran permiso para amamantar a su hijo. Hace dos años y medio, tras terminar seis meses de permiso por maternidad, pidió que la excluyeran de las guardias de 24 horas cada tres días que hacían sus compañeros. Pero sus comandantes se lo negaron y la Justicia militar también. Fue la primera uniformada en reclamar su derecho y su caso obligó a crear salas de lactancia en los cuarteles. Pero la semana pasada, la Corte Suprema confirmó que Quinteros deberá cumplir con 45 días de prisión por una falta disciplinaria. Podrá cumplir la pena en su domicilio.

Quinteros, de 33 años, recurrió a la justicia civil, apelando al derecho del niño a recibir la nutrición correspondiente. Un juzgado de la niñez le dio la razón y exhortó a su comandante a darle los permisos. Pero el militar, según su abogado, la sacó de su puesto administrativo original y la envió a una unidad operativa con permanencias en el cuartel de hasta 32 horas. Quizá sin proponérselo, Quinteros comenzó un pulso entre el derecho civil y el castrense en el país que sufrió la dictadura militar más larga de Latinoamérica (1954-1989), un pulso que aún no ha terminado.

Cuando el caso se hizo público en 2017, hubo movilizaciones y el debate llegó al Congreso. Los superiores de Quinteros intentaron entonces enviarla dos años a la cárcel por calumnias. El defensor del Pueblo presentó un habeas corpus para evitarlo. El lunes pasado, tras el fallo de la Corte que avaló la pena impuesta contra Quinteros por un tribunal militar, los abogados de la teniente pidieron la intermediación del presidente Mario Abdo Benítez. El mandatario, sin embargo, advirtió el martes que es poco lo que puede hacer. “Yo no puedo ir contra la ley. Hicimos las averiguaciones para saber cómo está el caso, pero los asesores jurídicos de la Presidencia me dicen que no está en nuestra atribución” interceder, dijo.

Quinteros está acostumbrada a asumir desafíos. Fue la mejor graduada de su promoción y desde entonces cumplió y honró sus deberes castrenses. Nunca tuvo una falta. Hasta que con el nacimiento de su hijo chocó con un desafío inesperado que la obligó a confrontar con todo el estamento militar.

La teniente solicitó al entonces almirante Hugo Milciades Scolari Pagliaro, ahora retirado, trabajar de siete de la mañana a seis de la tarde para estar por la noche en su casa y cumplir con la lactancia. Según la fiscal de la Niñez de Asunción, Monaliza Muñoz, que recibió la denuncia de Quinteros, le daban la razón la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución paraguaya y la ley de lactancia materna de 2015. Pero el estatuto del personal militar de 1997, que prevé los permisos de maternidad, aunque no los reglamenta, deja la decisión en manos del comandante. Una ley en la que la palabra mujer no aparece ni una vez.

“Los comandantes tenían la facultad de conceder esos permisos. Ninguno accedió. Pero el niño no deja de ser niño porque su mamá sea militar”, dice Muñoz. “Es un derecho del niño, no solo de la madre, porque puede afectar a su salud. Ella no ha violado ningún reglamento, ha cumplido con todos los servicios, solo se trataba de adecuar su jornada laboral”, añadió la fiscal. El abogado defensor en el proceso militar, Carlos Luis Mendoza Peña, dice que Quinteros “fue la primera mujer militar que reclamó su derecho marcando un antes y un después en el Ejército”. “Mientras que en la Fuerza Aérea ya había un autobús dispuesto para llevar a las madres a su casa, su comandante en la Armada solo creo las salas de lactancia por la presión del caso”, añadió.

La ministra de la Mujer, Nilda Romero, dijo que “la sanción [contra Quinteros] está fuera de tiempo y es un mal precedente”. También destacó que la teniente podrá recurrir a la Justicia internacional, ahora que ha agotado todas las instancias nacionales. El Frente Mujer del Partido Paraguay Pyahura declaró en un comunicado que la actitud de los militares “deja al desnudo el machismo institucional existente dentro de las Fuerzas Armadas”.