Por Magdalena Martínez
Entre 2001 y
2012, antes de la aplicación de la ley de plazos que legalizó la interrupción
del embarazo, las cifran oficiales de ese país sudamericano informaron que
fallecieron 31 mujeres. Ahora, esa esa tasa es casi cero.
Seis años
después de la aprobación de la ley de plazos que legalizó el aborto, Uruguay
casi ha erradicado las muertes de mujeres por interrupciones clandestinas del
embarazo. Además, la mejora de la atención a la salud reproductiva ha
disminuido los embarazos no deseados y las autoridades constatan una clara
mejoría de la salud materna y neonatal. Con un promedio de 815 abortos
mensuales, las estadísticas muestran que el número de intervenciones es
estable.
Uruguay
autoriza desde 2012 la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas.
Solo este país, Cuba y Guyana tienen una ley de plazos en Latinoamérica.
La
legalización del aborto fue la respuesta política a una demanda social —la
mayoría de la población, de unos 4,5 millones de habitantes, aprobaba la
medida—, pero el proceso de despenalización había empezado más de una década
antes, cuando los médicos del principal hospital materno-infantil del país —el
Pereira Rossell de Montevideo— se enfrentaron a varios casos de muertes por
aborto ilegal en poco tiempo y decidieron poner en marcha un sistema de
prevención en el límite de legalidad.
El pilar del
cambio fue la construcción de un sistema estadístico, basado en datos
hospitalarios, que permitió definir el alcance del problema y hacer un
seguimiento continuado. Uruguay se ha destacado en la región por ese esfuerzo
en acumular información fiable, que ha permitido abrir un debate documentado
sobre la interrupción del embarazo. Después, equipos de ginecólogos, obstetras,
parteras y psicólogos (principalmente en el Pereira Rossell) empezaron a
orientar a las mujeres que querían abortar para que lo hicieran de manera
segura.
Así,
generalizaron el uso del misoprostol, utilizado para tratar las úlceras, pero
declarado medicamento esencial por la Organización Mundial de la Salud por sus
propiedades para inducir el aborto evitando las hemorragias. Los médicos
uruguayos no lo podían recetar, pero explicaban cómo utilizarlo y recibían a
las mujeres en sus consultas en el proceso de interrupción del embarazo.
La compra del
fármaco debía hacerse en el mercado negro, algo que fue cada vez más fácil en
todo el país. El uso del misoprostol (o Cytotec) es desde hace varios años algo
generalizado en muchos países de Latinoamérica donde la interrupción del
embarazo está prohibida.
Entre 2008 y
2011, por primera vez en la historia del Uruguay, no se registró ninguna muerte
por interrupción clandestina del embarazo, lo que le valió al sistema de
prevención uruguayo el reconocimiento internacional y varios premios. Además,
el esquema de actuación ha sido copiado por otros hospitales de Latinoamérica.
A pesar del rechazo de la ley de plazos en Argentina, donde el jueves pasado el
Senado tumbó el proyecto, desde 2007 en las policlínicas de la provincia de
Buenos Aires se aplica el protocolo uruguayo con el beneplácito del Ministerio
de Salud. Así, en esa zona de Argentina, las muertes maternas por aborto
inseguro se redujeron de 32 a 11 entre 2011 y 2014, según un estudio de la
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia.
No obstante,
la implementación de la ley que permite el aborto dentro de las 12 primeras
semanas no ha sido un camino de rosas en Uruguay. Un 30% de los médicos del
país se han declarado objetores de conciencia y rechazan participar en los
procedimientos. La cifra alcanza el 40% en los departamentos del interior de
Uruguay, lo cual afecta especialmente a las mujeres de las zonas rurales. En el
Departamento de Salto, todos los ginecólogos y obstetras se han declarado
objetores de conciencia, lo que obliga al Ministerio de Salud a desplazar
especialistas desde Montevideo para atender a las mujeres que desean abortar.
Un ejemplo de éxito para una región que persigue el
aborto
Por A. Arego
Alrededor del
90% de las mujeres en edad de reproductiva en América Latina y el Caribe vive
en países con leyes de aborto restrictivas. En seis —El Salvador, Honduras,
Haití, Nicaragua, República Dominicana y Surinam—, la interrupción del embarazo
está completamente prohibida. Otros ocho estados lo permiten casi
exclusivamente para salvar la vida de la mujer, y solo unos pocos ofrecen
excepciones en casos de violación (Brasil, Panamá y Chile, por ejemplo) y
anomalías fetales graves. Solo en Uruguay, Cuba, Guyana y en Ciudad de México el
aborto es legal. El ejemplo uruguayo salió a relucir durante el debate en el
Senado argentino. En Argentina, 43 mujeres murieron por complicaciones en
abortos clandestinos durante 2016 y 50.000 tuvieron que ser hospitalizadas,
según los últimos datos publicados por el Ministerio de Salud. En México, donde
está prohibido en el resto del país, 33 mujeres han muerto en abortos
clandestinos en lo que va de año. Por su parte, en Uruguay los datos oficiales
cuentan tres muertes. El país es seis años después de la aprobación de la ley
el segundo de América con la mortalidad materna más baja del continente, solo
por detrás de Canadá, según datos de la Organización Panamericana de la Salud
de 2017. Si hace 25 años el aborto era la causa del 40% del total de las
muertes de uruguayas, en los últimos diez años las cifras cayeron a un 8%,
apunta la revista Gynecology Obstretics.
FUENTES: https://elpais.com/internacional/2018/08/11/america/1534002595_937718.html
https://ac.els-cdn.com/S002072921630251X/1-s2.0-S002072921630251X-main.pdf?_tid=b783eac4-ae09-4a53-ac35-92d68b4b9f44&acdnat=1534100502_27a62df31f3141d46f1c6481cf2a0c93
