miércoles, 18 de septiembre de 2019

En Ecuador la Asamblea negó la despenalización del aborto para víctimas de violación en el Código Penal


La Asamblea de Ecuador negó la despenalización del aborto para víctimas de violación en Código Penal

El Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador negó la despenalización del aborto para víctimas de violación y en casos de incesto, estupro o inseminación no consentida con 65 votos a favor de la propuesta, 59 en contra y seis abstenciones, en el debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La votación se llevó a cabo la noche de este martes 17 de septiembre de 2019, en Quito, y no alcanzó la votación necesaria (70 votos) para que la reforma, en este punto en particular, fuera aprobada. Faltaron cinco votos para que se apruebe la propuesta.

El asambleísta Guillermo Celi, de Suma, pidió que la votación sea reconsiderada, a lo que el Pleno no dio paso.

Los artículos 33, 34 y 35 del proyecto de cambios del COIP pretendían reformar al artículo 150 de la Ley penal ecuatoriana, que define al aborto no punible como "el aborto practicado por un médico u otro profesional de la salud capacitado, que cuente con el consentimiento de la mujer o de su cónyuge, pareja, familiares íntimos o su representante legal, cuando ella no se encuentre en posibilidad de prestarlo".

La normativa disponía que el aborto ya no será punible "1. Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios".

La reforma propuesta por los asambleístas planteaba añadir los numerales:

“2. Si el embarazo es consecuencia de una violación, violación incestuosa y en el caso establecido en el artículo 164 de este Código.”


“3. Si el embrión o feto padece una patología congénita adquirida o genética incompatible con la vida extrauterina independiente, en todo caso de carácter letal, determinado por un profesional de la salud”

También se negó agregar como párrafo final del artículo 150, el siguiente texto: “Para el caso del numeral 2, será necesario que el tiempo de embarazo no supere las catorce semanas de gestación y no se requerirá la preexistencia de una sentencia o resolución, bastará con la afirmación de la víctima ante el personal médico. Esta afirmación se convertirá en noticia criminis para que se lo investigue por parte de las autoridades competentes. En el caso de que la víctima sea niña o adolescente, no se requerirá de autorización por parte de sus progenitores, curadores o representantes legales para la práctica del aborto bajo el supuesto previsto en el numeral dos de este artículo. Para el efecto, el Estado proveerá acompañamiento necesario para que su decisión sea libre e informada.”


 

martes, 3 de septiembre de 2019

En Ecuador, para los Internos Rotativos de Medicina empieza un nuevo viacrucis. En otras palabras: firmen o lárguense


Opinión del Dr. Iván Cevallos Miranda

"Entonces tienen que retirarse de aquí" 

Frase para la historia. Pero para la de la ignominia. Dicha, con un dejo policial, por una funcionaria de ¿Docencia? del HCAM, cuando echaba a la calle a los jóvenes que querían iniciar su primer día de internado rotativo.

¡Qué papel tan triste! Oficiar de recadera de la disposición emitida por un capataz que no tiene la probidad para dar la cara y hacer lo que un médico “médico” habría hecho: recibir a sus futuros colegas en un sitio adecuado, no en pasillo; explicar con claridad la situación; repudiar la grosera y torpe reglamentación implementada por los teóricos del MSP; ofrecer su contingente para buscar una solución que parta del respeto que nuestra profesión -como todas- merece.

Pero claro, eso habría hecho un médico forjado en la entrega diaria, un profesional que no claudica en sus principios, uno cuya conciencia radique en el cerebro y no en el bolsillo. Uno que no se preste a humillar a sus colegas ni sólo oiga a medias lo que ocurre en el entorno. Por desgracia, ese perfil no existe en la conducción de mi hospital. Lo que hay es una pavorosa mueca prepotente que no tiene arrestos suficientes y que por eso recurre a una intermediaria cuya postura, “copy paste” del solípedo a cargo, demuestra cómo se va perdiendo la representatividad a cambio de unos centavos extras y transitorios.

Un día volverán al terreno llano y ahí será la ocasión de recordarles su pernicioso proceder y un dudoso portento: haber convertido al otrora símbolo del ejercicio y la formación médica, en un lúgubre penal que cercena la libertad de pensar. Debe ser por sus raíces ideológicas, provenientes de “la banda de los cuatro”.

(En apoyo a mis jóvenes colegas, gracias por compartir).

viernes, 23 de agosto de 2019

En el Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito nada ha cambiado en los últimos dos meses (con la probable excepción del gerente)


Por Yadira Trujillo

La secretaria anticorrupción, Dora Ordóñez, informó este miércoles 21 de agosto del 2019 que en un plazo de siete días se tendrá una respuesta para las denuncias sobre procesos de calificación y adjudicación de insumos en el Hospital Pablo Arturo Suárez, ubicado en el norte de Quito.

Esto, luego de una investigación que se realizará, ya que la Secretaría recibió todos los expedientes de varios procesos de contratación que han sido elevados al portal de Compras Públicas y han sido ya adjudicados en algunos casos, aseguró Ordóñez.

Además señaló que esa secretaría recibió la solicitud desde la Vicepresidencia de la República para que se investiguen los procesos de contratación en el área de traumatología de la casa de salud, desde el 2012.

“No vamos a permitir que se obstaculice la atención por intereses particulares”, dijo Ordóñez. “Los procesos de contratación deben darse de manera transparente. No direccionados ni entregados de manera directa o por presión de algún funcionario”.

Por su parte el gerente general del hospital, Walter Luna, garantizó que todos los servicios de la casa de salud se encuentran funcionando con normalidad, incluidos los de traumatología. “Tenemos 30 servicios. Se encuentran trabajando todos nuestros quirófanos, el área de laboratorios, imagen, consulta externa, emergencia”.

Luna comentó que este miércoles recibieron la visita del vicepresidente Otto Sonenholzner en el Pablo Arturo Suárez, quien -sostiene- pudo constatar personalmente que no hay ningún paciente, especialmente en traumatología, que no haya sido atendido o derivado.

Para esa área, explicó Luna, los pacientes que llegan están siendo atendidos con primeros auxilios y transferidos a la red pública de salud: hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSP), del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y a clínicas privadas.

El área concerniente a las operaciones de traumatología -señaló el gerente del hospital- se declaró desierta. “Estamos investigando porque la comisión que intervino en este proceso son tres traumatólogos. Se están haciendo todas las investigaciones del caso para determinar cuáles fueron la causas y aplicar las sanciones correctivas si el caso lo amerita”.

Luis Loor, subsecretario nacional de Provisión de los Servicios de Salud subrogante, aclaró que no es un tema de falta de recursos, ya que al Pablo Arturo Suárez se le asignaron los recursos necesarios. Además enfatizó en que todos los pacientes están siendo atendidos en los servicios de emergencia y resueltas sus patologías a través de la derivación a la red pública y privada.

El nuevo gerente de la casa de salud lleva un mes y medio en funciones. Aclaró que el doctor Juan Barriga, quien denunció irregularidades, no ha sido separado del hospital y sigue en funciones en el área de traumatología. Sin embargo dejó la coordinación del área y ahora la ocupa otro médico.

Además aseguró que al momento se encuentran abastecidos en tema de medicamentos. En cuanto a los procesos de traumatología, “el Ministerio de Salud nos ha asignado recursos y están en proceso de subasta como lo manda la ley”, dijo Luna.

Las listas de pacientes que esperan una cirugía -señaló- están siendo depuradas.



 

martes, 20 de agosto de 2019

En El Salvador, Evelyn Hernández ha sido absuelta


La Justicia de El Salvador ha absuelto este lunes a la joven Evelyn Hernández, de 21 años, que fue acusada del delito de homicidio agravado tras dar a luz a su hijo muerto y para quien la Fiscalía General solicitó el pasado viernes cuarenta años de prisión. Fue violada y acusada de abortar, una práctica que está castigada con tres décadas de prisión en el país, informa a Efe un portavoz de una organización que brindó apoyo jurídico a la mujer.

La joven sufrió un parto extra-hospitalario el 6 de abril de 2016 cuando se encontraba en su vivienda. Sus abogados señalaron que fue trasladada por un familiar al Hospital Nacional del municipio de Cojutepeque y allí mismo fue denunciada ante las autoridades por el médico que la atendió.

Dentro de las pruebas presentadas por la defensa para demostrar la inocencia de Hernández se encontraba la autopsia hecha al bebé, que indica que murió por aspiración de meconio, el primer excremento de los recién nacidos. Además, según informa EP, la defensa ha destacado que Evelyn se desangró y perdió el conocimiento, por lo que le fue imposible ayudar al bebé.

El caso ha tenido repercusión internacional y los movimientos feministas han defendido su absolución con presencia durante el proceso y carteles con el lema «Justicia para Evelyn».

En un fallo emitido en julio de 2017 por el Tribunal de Sentencia de Cojuteque, Hernández fue condenada a 30 años de cárcel por el delito de homicidio. A pesar de ser ratificado por la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro de San Salvador, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo anuló en diciembre de 2018.

En El Salvador, el país que tiene la legislación de interrupción del embarazo más restrictiva del mundo, las mujeres que sufren complicaciones durante la gestación, que derivan en abortos espontáneos o con bebés que nacen muertos son habitualmente sospechosas de haber practicado un aborto, prohibido en todas las circunstancias y tipificado como homicidio agravado.


 

jueves, 15 de agosto de 2019

En la reconsideración de la votación se la censuró por un voto


Por Roger Velez



La asambleísta independiente Mae Montaño logró que Verónica Espinosa, quien se desempeñó como ministra de Salud entre enero de 2017 y junio de 2019, sea censurada este miércoles 13 de agosto del 2019 por incumplimiento de funciones.

Su moción tuvo el respaldo de 92 votos de entre 120 asambleístas presentes, incluso del correísmo, en la misma sesión que terminó en la destitución de José Tuárez, Victoria Desintonio, Rosa Chalá y Walter Gómez como integrantes del Consejo de Participación Ciudadana.
  
La censura se dio al segundo intento, pues 24 horas antes, su propuesta había alcanzado 89 votos, dos menos de los que se requerían para la sanción que impedirá a la exfuncionaria volver a ejercer cargos públicos por al menos dos años.

Montaño invocó a la Ley de la Función Legislativa que permite a un legislador pedir la reconsideración de una votación en la misma o en una siguiente sesión, lo que se configura en una especie de candado.
  
La legisladora presentó el pedido cuando al frente del hemiciclo estaba el segundo vicepresidente, Patricio Donoso (Creo) en el puesto que ocupa el titular de la Legislatura, César Litardo (AP).

Cuando Litardo retornó a la sala, Montaño le advirtió con apelar su Presidencia si no daba paso a la votación. En su mayoría los asambleístas de Alianza País no estaban dispuestos a dar paso a su pedido.
  
"No estaba segura de contar con los votos. Esto es como una medalla de oro. Dejamos todo en la cancha", dijo Montaño.

A su juicio, Espinosa incumplió sus funciones en la calidad de atención, compra de medicamentos y en las fallas detectadas en la aplicación de un lote de pruebas rápidas para la detección del VIH en la red de salud pública