jueves, 30 de agosto de 2018
miércoles, 29 de agosto de 2018
jueves, 23 de agosto de 2018
La Décima Revisión del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos se hace esperar
Por Elena Paucar
El Cuadro Nacional de Medicamentos
(CNBM) incorporará 56 nuevos fármacos, pero aún no se conoce desde cuándo. Veinte
de estos productos todavía están bajo revisión, tras un pedido del Consejo
Nacional de Salud (CONASA), conformado por 14 entidades del sistema nacional.
Aunque ya existe una primera
evaluación, en una reunión -a finales de julio- se resolvió pedir a la Comisión
Nacional de Medicamentos e Insumos (CONAMEI), que es parte del CONASA, realizar
“una evaluación técnica pormenorizada” de algunos medicamentos propuestos para inclusión.
Para ello se debe “tomar como
base la mejor evidencia científica disponible y considerar la sostenibilidad
financiera del sistema”.
La propuesta fue aprobada con
votos de la Asociación de Facultades Ecuatorianas de Ciencias Médicas,
ministerios de Inclusión Económica y Social y Salud, Asociación de Clínicas y
Hospitales Privados del Ecuador, IESS, Agencia de Aseguramiento de la Calidad
de los Servicios de Salud.
El aplazamiento inquieta a
gremios de doctores y pacientes. Ernesto Carrasco preside la Federación Médica
Ecuatoriana. Concluye que la última parte de la resolución es síntoma de falta
de recursos para adquirir nuevos fármacos.
“Han pasado tres años de revisión
y cada vez hay tratamientos más avanzados. No se puede pedir más tiempo y pensar
en lo económico sino en la salud del paciente”. Y expone la necesidad de
aplicar medidas para sumar fondos para el sector salud, como eliminar agencias
sanitarias que estén duplicando funciones e implementar tasas.
Desde el Ministerio de Salud se
reitera que analizan los componentes de los medicamentos, para verificar su
seguridad y eficacia en el tratamiento de males. Y se aclara que en el 2017
asignaron USD 123’506.201,04 para la compra de medicamentos que están dentro y
fuera del cuadro.
El CNBM comenzó a emitirse hace
30 años. Se actualiza cada tres a cinco años. El vigente contiene 787
productos, tras la novena revisión, aprobada a finales del 2013. Según el
Ministerio de Salud, la emisión del nuevo cuadro “está dentro de plazos
aceptables”.
Pero Carrasco cree que se está
alargando el plazo hasta la aprobación del Código de Salud. “Este convierte al
Conasa en una agencia adscrita al Ministerio, que tomaría el control del cuadro
y podría incluir y sacar lo que le parezca”.
Según el presidente de la Federación,
entre los fármacos que se prevé incluir están nuevos tratamientos para el VIH,
artritis reumatoide, hemofilia, cáncer y nuevos tipos de insulina. Y se
eliminarán otros que se consideran obsoletos.
Washington Ladines es hematólogo
y dirige el Colegio de Médicos del Guayas. Por su experiencia en consultas, ve
necesario que el cuadro incorpore más medicamentos de segunda y tercera línea
de tratamiento (es decir para quienes generan resistencia a fármacos), y no
solo de primera.
El Acuerdo Ministerial 158-A
permite solicitar compras inmediatas y en casos excepcionales de fármacos por
fuera del cuadro básico. Según Salud, de esta forma se han adquirido medicinas
para enfermedades como la epilepsia refractaria y ciertos cánceres.
“Pero es un suplicio pedir que
incluyan una nueva molécula para tratar enfermedades -asegura Ladines-; todos
los días hacemos solicitudes para que las compren y cada vez tenemos largas y
pacientes padeciendo”.
A Frank Alarcón le diagnosticaron
leucemia mieloide crónica. Hasta hace tres décadas la sobrevida de este mal era
de tres años. En la última década, el trasplante de médula fue la única opción.
Actualmente se aplica medicación por vía oral.
Pero el tratamiento de Alarcón no
es continuo. Él y otros 51 pacientes del IESS en Guayaquil suelen cortar su
terapia hasta que se aprueben las autorizaciones para recibir las dosis, por
USD 5.600 mensuales.
En la Asociación Esperanza y
Vida, pacientes con cáncer aguardan por sus fármacos. Su presidenta, Francisca
Reinoso, explica que si bien recibieron la aprobación con el Acuerdo 158-A hay
trabas en la provisión. Este grupo espera que medicinas continuamente
solicitadas, incluso por vía legal, sean incorporadas al CNBM.
Por ahora, la Comisión Nacional
evalúa las nuevas fórmulas. Sus miembros son representantes de Salud, IESS,
SOLCA, Clínicas y Hospitales Privados. El grupo establecerá los plazos, dijo la
Cartera.
domingo, 19 de agosto de 2018
¿Defensa de la vida?
Por Mario
Vargas Llosa
La Iglesia
católica, objeto de revelaciones tan horrendas como el abuso sexual, debía ser
menos intolerante e inflexible sobre un tema tan doloroso como el del aborto
El Senado
argentino rechazó legalizar el aborto por 38 votos contra 31, una medida que
había sido aprobada por la Cámara de Diputados y que provocó un debate nacional
y movilizaciones gigantescas de partidarios y adversarios de aquel proyecto de
ley. Aunque la legalización haya sido rechazada yo también creo, como los
millares de jóvenes que salieron a las calles a manifestarse a favor, que ésta
ha sido una victoria pírrica para los adversarios y que, más pronto que tarde,
al igual que en los países más modernos y civilizados del mundo, Argentina
legalizará el aborto dentro de las catorce semanas de la gestación.
Como ocurre
siempre en estos casos, los enemigos del aborto —principalmente una Iglesia
católica muy escorada hacia la caverna y el oscurantismo— se presentaron como
“los defensores de la vida”, sugiriendo con ello que, quienes defendemos el
derecho de la mujer a decidir si quiere o no tener hijos, somos partidarios de
la muerte y, horror de horrores, nada menos que de criaturas inermes e
inocentes. Eso no es verdad. Nadie que esté en su sano juicio puede justificar
alegremente el aborto, y, menos que nadie, las mujeres que se ven obligadas a
recurrir a él, a quienes esta terrible decisión suele acarrear traumas y
conflictos psicológicos de larga duración. En los años que yo viví en
Inglaterra, que fue uno de los países pioneros en legalizar el aborto, vi a
varias mujeres españolas y peruanas llegar allá con este motivo, y no recuerdo
una sola que no viviera esta decisión como un profundo desgarramiento.
Defender el
aborto en los tres primeros meses de la gestación es elegir un mal menor.
Reconociendo por supuesto que se trata de una decisión difícil y dolorosa,
generalmente adoptada por unas condiciones de vida paupérrimas que condenarían
al proyecto de vida interrumpido a una existencia inhumana, es decir, a una
muerte lenta, sin esperanza de cambio, y a hundir más a la familia (sobre todo
a la madre) en la miseria. Desde luego que sería preferible que no hubiera
abortos, que, gracias a una educación sexual generalizada, no hubiera embarazos
no queridos y que las niñas y adolescentes estuvieran en condiciones de elegir
siempre los hijos que quieren tener y los que quieren evitar. Pero una de las
grandes paradojas es que, quienes se oponen al aborto, son también los
adversarios más enconados de que los adolescentes reciban aquella formación
sexual que les permitiría tener sólo los hijos que quieren tener. Yo lo
recuerdo muy bien: estuve en colegios religiosos y laicos y en ninguno de ellos
recibí jamás la menor información sobre la vida sexual. Ese tabú ha disminuido
mucho en nuestros días, aunque no en todas partes, como puede dar testimonio
América Latina, donde los embarazos resultantes de la ignorancia y la
desinformación son innumerables.
Defender el
derecho de la mujer de decidir cuántos hijos quiere (y puede) tener es
fundamental para garantizar la igualdad de géneros, y dar a las mujeres la
independencia y los recursos de organizar su vida de acuerdo a su propio
criterio, sin verse obligada por las circunstancias, como ha ocurrido y sigue
ocurriendo todavía en gran parte del mundo, a ser sólo un ser ancilar,
destinado a la procreación y al cuidado de la progenie.
Votar en
contra del aborto no garantiza en absoluto que éste vaya a desaparecer; por el
contrario, no hay un solo país que esté libre de semejante práctica, y la única
diferencia entre los países donde aquel es legal y aquellos donde es ilegal,
consiste en que en unos se lleva a cabo en condiciones clandestinas,
generalmente execrables y muy riesgosas para la madre, y en los otros con todas
las garantías médicas. No hay otro campo donde la diferencia económica entre
pobres y ricos (o simplemente afluentes) se dé como en éste. La prohibición no
impide que las mujeres que pueden costearse un aborto seguro lo tengan, en su
propio país o en el extranjero, con la discreción necesaria y en óptimas
condiciones. En tanto que las mujeres pobres o de más modestos ingresos deben
acudir a menudo a falsos médicos o aborteras improvisadas, donde las pacientes se
juegan la vida corriendo el riesgo de desangrarse o contrayendo infecciones que
ponen en riesgo su vida. Aunque las estadísticas en este dominio suelen ser
poco fiables, se trata, en todo caso, de números escalofriantes: sólo en
Argentina, se ha revelado en este debate, el número de abortos clandestinos
oscilaría entre 350.000 y 450.000 cada año.
Como este tema
es extraordinariamente delicado y muy personal, el presidente Mauricio Macri
hizo bien en dejar en libertad a los parlamentarios miembros de su partido de
votar de acuerdo a su conciencia y creo que esta fue también la decisión de los
otros partidos políticos argentinos. Las razones por las que uno está a favor o
en contra del aborto son muy diversas, resultan de creencias religiosas y
elecciones éticas, y de ninguna manera debería prevalecer sobre ellas una
consigna política.
Escribo este
artículo el mismo día que los periódicos del mundo entero comentan el gran
escándalo que vive Estados Unidos con motivo del informe que acaba de hacer
público un jurado de Pensilvania revelando, luego de una investigación de
varios años, que unos 300 sacerdotes de aquel estado cometieron abusos sexuales
contra al menos un millar de niños y jóvenes, y que la jerarquía católica
ocultó las denuncias y protegió a los abusadores de acuerdo a un sistema sutil,
jurídico y eclesiástico, que consistía en desnaturalizar los abusos, mover a
los pedófilos entre colegios y parroquias diversas, y negar sistemáticamente
los hechos de acuerdo a un código de “ocultación de la verdad” que, por lo
visto, conocía y ponía en práctica toda la institución, desde los más altos
jerarcas hasta sus miembros más humildes. Esta complicidad funcionó a lo largo
de unos 70 años y, por eso, el informe no tendrá muchos efectos prácticos, pues
los delitos en la mayor parte de los casos han prescrito y los responsables han
muerto. Pero no hay duda que semejante escándalo tendrá, como otros de la misma
índole que se han hecho públicos en distantes partes del mundo en los últimos
años, efectos muy negativos en el seno mismo de la iglesia.
¿A qué viene
esto? A que una institución objeto de revelaciones tan horrendas como el abuso
sexual de niños y jóvenes por parte de sus propios religiosos, debía ser menos
intolerante e inflexible sobre un tema tan doloroso como el del aborto, al que
siempre se ha opuesto con ferocidad, prescindiendo de los matices y las razones
especiales, y condenando sin contemplaciones a las madres desgraciadas que
recurren a él. No siempre las acciones humanas pueden ser divididas entre
buenas y malas, hay casos —y el aborto es uno de ellos— donde la bondad y la maldad
no se distinguen tan nítidamente y es preciso sopesarlos con mucho cuidado y,
sea cualquiera la decisión que se tome, aceptar que se tomó sin alegría e
incluso lamentándolo porque la otra decisión hubiera sido sin duda peor.
domingo, 12 de agosto de 2018
En Uruguay la legalización del aborto casi ha erradicado las muertes de mujeres por abortos clandestinos
Por Magdalena Martínez
Entre 2001 y
2012, antes de la aplicación de la ley de plazos que legalizó la interrupción
del embarazo, las cifran oficiales de ese país sudamericano informaron que
fallecieron 31 mujeres. Ahora, esa esa tasa es casi cero.
Seis años
después de la aprobación de la ley de plazos que legalizó el aborto, Uruguay
casi ha erradicado las muertes de mujeres por interrupciones clandestinas del
embarazo. Además, la mejora de la atención a la salud reproductiva ha
disminuido los embarazos no deseados y las autoridades constatan una clara
mejoría de la salud materna y neonatal. Con un promedio de 815 abortos
mensuales, las estadísticas muestran que el número de intervenciones es
estable.
Uruguay
autoriza desde 2012 la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas.
Solo este país, Cuba y Guyana tienen una ley de plazos en Latinoamérica.
La
legalización del aborto fue la respuesta política a una demanda social —la
mayoría de la población, de unos 4,5 millones de habitantes, aprobaba la
medida—, pero el proceso de despenalización había empezado más de una década
antes, cuando los médicos del principal hospital materno-infantil del país —el
Pereira Rossell de Montevideo— se enfrentaron a varios casos de muertes por
aborto ilegal en poco tiempo y decidieron poner en marcha un sistema de
prevención en el límite de legalidad.
El pilar del
cambio fue la construcción de un sistema estadístico, basado en datos
hospitalarios, que permitió definir el alcance del problema y hacer un
seguimiento continuado. Uruguay se ha destacado en la región por ese esfuerzo
en acumular información fiable, que ha permitido abrir un debate documentado
sobre la interrupción del embarazo. Después, equipos de ginecólogos, obstetras,
parteras y psicólogos (principalmente en el Pereira Rossell) empezaron a
orientar a las mujeres que querían abortar para que lo hicieran de manera
segura.
Así,
generalizaron el uso del misoprostol, utilizado para tratar las úlceras, pero
declarado medicamento esencial por la Organización Mundial de la Salud por sus
propiedades para inducir el aborto evitando las hemorragias. Los médicos
uruguayos no lo podían recetar, pero explicaban cómo utilizarlo y recibían a
las mujeres en sus consultas en el proceso de interrupción del embarazo.
La compra del
fármaco debía hacerse en el mercado negro, algo que fue cada vez más fácil en
todo el país. El uso del misoprostol (o Cytotec) es desde hace varios años algo
generalizado en muchos países de Latinoamérica donde la interrupción del
embarazo está prohibida.
Entre 2008 y
2011, por primera vez en la historia del Uruguay, no se registró ninguna muerte
por interrupción clandestina del embarazo, lo que le valió al sistema de
prevención uruguayo el reconocimiento internacional y varios premios. Además,
el esquema de actuación ha sido copiado por otros hospitales de Latinoamérica.
A pesar del rechazo de la ley de plazos en Argentina, donde el jueves pasado el
Senado tumbó el proyecto, desde 2007 en las policlínicas de la provincia de
Buenos Aires se aplica el protocolo uruguayo con el beneplácito del Ministerio
de Salud. Así, en esa zona de Argentina, las muertes maternas por aborto
inseguro se redujeron de 32 a 11 entre 2011 y 2014, según un estudio de la
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia.
No obstante,
la implementación de la ley que permite el aborto dentro de las 12 primeras
semanas no ha sido un camino de rosas en Uruguay. Un 30% de los médicos del
país se han declarado objetores de conciencia y rechazan participar en los
procedimientos. La cifra alcanza el 40% en los departamentos del interior de
Uruguay, lo cual afecta especialmente a las mujeres de las zonas rurales. En el
Departamento de Salto, todos los ginecólogos y obstetras se han declarado
objetores de conciencia, lo que obliga al Ministerio de Salud a desplazar
especialistas desde Montevideo para atender a las mujeres que desean abortar.
Un ejemplo de éxito para una región que persigue el
aborto
Por A. Arego
Alrededor del
90% de las mujeres en edad de reproductiva en América Latina y el Caribe vive
en países con leyes de aborto restrictivas. En seis —El Salvador, Honduras,
Haití, Nicaragua, República Dominicana y Surinam—, la interrupción del embarazo
está completamente prohibida. Otros ocho estados lo permiten casi
exclusivamente para salvar la vida de la mujer, y solo unos pocos ofrecen
excepciones en casos de violación (Brasil, Panamá y Chile, por ejemplo) y
anomalías fetales graves. Solo en Uruguay, Cuba, Guyana y en Ciudad de México el
aborto es legal. El ejemplo uruguayo salió a relucir durante el debate en el
Senado argentino. En Argentina, 43 mujeres murieron por complicaciones en
abortos clandestinos durante 2016 y 50.000 tuvieron que ser hospitalizadas,
según los últimos datos publicados por el Ministerio de Salud. En México, donde
está prohibido en el resto del país, 33 mujeres han muerto en abortos
clandestinos en lo que va de año. Por su parte, en Uruguay los datos oficiales
cuentan tres muertes. El país es seis años después de la aprobación de la ley
el segundo de América con la mortalidad materna más baja del continente, solo
por detrás de Canadá, según datos de la Organización Panamericana de la Salud
de 2017. Si hace 25 años el aborto era la causa del 40% del total de las
muertes de uruguayas, en los últimos diez años las cifras cayeron a un 8%,
apunta la revista Gynecology Obstretics.
FUENTES: https://elpais.com/internacional/2018/08/11/america/1534002595_937718.html
https://ac.els-cdn.com/S002072921630251X/1-s2.0-S002072921630251X-main.pdf?_tid=b783eac4-ae09-4a53-ac35-92d68b4b9f44&acdnat=1534100502_27a62df31f3141d46f1c6481cf2a0c93
jueves, 9 de agosto de 2018
En Argentina la legalización del aborto no fue ley (esta vez)
Una noche histórica, entre
pañuelos y al grito de "¡Será ley!"
Por Natalia Pecoraro de Diario LA NACIÓN
El Senado rechazó esta madrugada
el proyecto de legalización del aborto que tenía media sanción de la Cámara de
Diputados y cerró -por ahora- el debate parlamentario.
Lejos de lo que podría pensarse,
el voto no se sintió como una derrota entre quienes reclamaron la aprobación de
la ley en las inmediaciones del Congreso. En el balance, hubo más expresiones
de bronca y de esperanza que de tristeza. "Es un Senado que no está a la
altura", fue la síntesis que encontraron muchos frente al resultado.
"Esto no se apaga, ya nada será igual", resumieron otros. "¡Será
ley!", coincidieron todos.
El rechazo del Senado era
esperable. No sorprendió en el "sector verde", que montó una suerte
de fiesta callejera a la espera de la votación de la Cámara alta. Pasadas las 02:43,
la iniciativa recogió 38 votos en contra, 31 a favor y dos abstenciones. En ese
momento, mientras el "sector celeste" festejaba el resultado con
fuegos artificiales y gritos de júbilo, miles y miles de personas del otro lado
de la plaza del Congreso alzaron sus pañuelos verdes de la Campaña Nacional por
el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, responsable del proyecto, y
gritaron: "¡Será ley!".
No fue ley esta vez y en términos
legales todo seguirá, pero el debate parlamentario abrió discusiones que
seguirán sobre el tapete. "El rechazo de la Cámara alta no implica volver
a foja cero", reconoció un senador que votó en contra del aborto legal.
Esa sensación fue compartida por
muchos. Nunca antes en la historia argentina se había llegado a esta instancia
de que el aborto esté tan en agenda; de las audiencias públicas y los cientos
de oradores que dieron argumentos a favor y en contra de la interrupción
voluntaria del embarazo; del tratamiento parlamentario; de la media sanción de
Diputados. Sobre todo, nunca antes hubo tantas personas en calles de todo el
país -y del exterior- que manifestaron su apoyo a una u otra postura,
especialmente a favor de la legalización del aborto.
Durante su discurso en el
recinto, el senador Fernando Solanas les habló a los "muchachos y
muchachas que están afuera", en referencia a la calle. "Sea cual
fuera el resultado de esta noche, hoy no es una derrota. Es un triunfo
monumental, porque hemos logrado instalar el debate de una causa que estaba
prohibido", dijo. Sus palabras fueron celebradas en las avenidas Callao,
Rivadavia y De Mayo, donde estaban los "verdes".
El senador Miguel Ángel Pichetto
también se refirió a las diferencias entre los integrantes de la Cámara alta y
los manifestantes en favor del aborto legal. "Este Senado no está a la
altura de las demandas sociales", soltó. Luego citó al escritor y filósofo
Miguel de Unamuno. "Dijo: 'Vencerán pero no convencerán'".
Finalmente, el legislador rionegrino remató: "El 'no' va a ganar esta
noche, pero el futuro no les pertenece".
Tras una vigilia de horas y horas
bajo la lluvia, entre paraguas y pilotos, y a pesar del rechazo del Senado,
prevalecieron esas ideas acerca del "triunfo" y del futuro. "La
primera sensación es de desilusión, defraudación, frustración, pero a su vez,
un inmenso orgullo por quienes sí defendieron las vidas y la salud de las mujeres
hoy, y por todos las y los jóvenes que le pusieron el cuerpo hasta el último
segundo", dijo la dirigente radical Pamela Martín García, integrante de la
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
"Vamos a seguir de pie,
luchando, porque acá lo único que se cae es el patriarcado. Esperábamos tener
un dolor menos y una libertad más, pero vamos a seguir en ese camino y lo vamos
a lograr", agregó.
Luciana Peker, periodista especializada
en género y autora de La revolución de las mujeres no era sólo una píldora,
planteó que el rechazo del Senado abrió "una crisis de representación de
género y generacional", porque el promedio de edad de los senadores es de
57 años y el promedio de "las chicas en la calle" es de 18.
Esas chicas, estudiantes
secundarias y universitarias, pidieron masivamente por la legalización del
aborto. Cuando el Senado rechazó la iniciativa, se fueron en grupos, de a
cuatro, de a cinco, tomadas de la mano. Iban cantando "¡Será ley!"
miércoles, 8 de agosto de 2018
lunes, 6 de agosto de 2018
16 hospitales (entre los que no se encuentra el Enrique Garcés) registran un alza de costos por USD 75,7 millones
Para la
construcción de los hospitales Docente de Calderón y el Gineco-Obstétrico Luz
Elena Arismendy de Quito se realizaron un contrato inicial, dos complementarios
para cada uno y registraron USD 10,7 y 11,6 millones más al costo inicial,
respectivamente.
Estas
variaciones de precio se repiten en la construcción y repotenciación de otros
14 hospitales públicos con problemas por resolver. Su valor inicial total suma
USD 263,49 millones, pero el final tiene un excedente de USD 75,7 millones,
según el Servicio de Contratación de Obras (Secob).
Jorge Wated,
director del Secob, explica que 320 obras con problemas legales y estructurales
están en revisión, entre ellas infraestructura de salud (ver cuadro). 47% ya
está resuelto y el resto sigue en análisis. Algunas son heredadas del
desaparecido Instituto de Contratación de Obras (ICO), creado en 2011. Desde
entonces suman cerca de 1 200 obras.
Tras un primer
concurso desierto, la construcción del hospital de segundo nivel de Calderón,
en el norte de Quito, se adjudicó a Maldonado Fiallos Hnos., en junio 2012, en
USD 37,28 millones, 2 millones menos que el precio referencial.
Dos años
después, en mayo del 2014, se suscribió el primer contrato complementario por
USD 6,1 millones y tras siete meses se registró un segundo por otros USD 2
millones.
Ambos se
firmaron por insumos, como tubería, rótulos, lavabos, rejillas, ventanas,
puertas, postes metálicos, etcétera.
Los contratos
complementarios pueden celebrarse con el mismo contratista sin licitación por
aumentos o decrementos, según Ley de Contratación Pública. Aunque Wated
reconoce que en algunos casos se ejecutaron en exceso. “Se convirtieron en una
mala costumbre, aprovechando que en esa época se podía hacer por hasta 70% de
incremento, en relación al monto inicial. No son malos, siempre que sean
excepcionales”. En el 2017 se hizo una modificación a la ley y ese porcentaje
bajó al 15%.
En los cuatro
años que duró su construcción, el Hospital de segundo nivel Guasmo Sur de
Guayaquil generó cuatro contratos adicionales. La obra fue adjudicada a la
constructora China CAMC Engineering en febrero 2013, con un precio referencial
de USD 85,4 millones a 540 días (año y medio).
Según el
proyecto inicial sería parte del ‘campus del milenio’, en un terreno de 43 ha.
Pero el plan no se concretó.
Dos contratos
complementarios suman USD 29,8 millones. El primero era de obra civil y el
segundo fue un pedido de rediseño que incluyó, desde una central de vacío para
gases anestésicos hasta luminarias para un helipuerto y equipos de control para
parqueos.
Los otros dos
no afectaron el monto del proyecto. Yang Liang, gerente de China CAMC en
Ecuador, explica que el número de camas pasó de 400 a 484 camas y esto incidió
en el cambio de espacios y sistemas.
Según el
gerente, también aumentó la cantidad de ciertos materiales, por USD 15,2
millones. Sin embargo, Liang aclara que no todo se usó. “La liquidación del
proyecto no alcanzó los montos completos contractuales”. La constructora
calcula que solo usaron USD 31,2 millones más de los previsto al inicio, lo que
finalmente alcanzó USD 116,7 millones.
En el Docente
de Calderón, los contratos suman USD 44,7 millones, pero el monto final llegó a
USD 48 millones.
Para Wated
este tipo de vacíos pudo surgir de los convenios de pago, que no están fijados
por ley. “En algunas obras pedían detalles, pero no se regularizaban, no se
ponían dentro de un contrato”.
Por este
concepto cuantificaron cerca de USD 62 millones en diversas obras y explica que
la regulación de estos convenios se incluyó en la Ley Económica Urgente. Ahí se
fija el pago siempre y cuando tengan informes legales y pase por Contraloría.
China CAMC espera cobrar USD 21,9 millones más por convenios de pago
sustentados en planillas.
La
construcción del Hospital de tercer nivel Gineco-Obstétrico Luz Elena
Arismendy, en el sur de Quito, se adjudicó al consorcio Bueno y Castro con una
oferta de USD 22,9 millones, menor en USD 2 millones del precio referencial.
Pero también
hubo dos contratos adicionales que elevó la cifra a USD 30,4 millones y al
final el monto, según el Secob, fue de USD 34,6 millones. Aunque, Ramón Castro,
gerente, puntualiza que la cifra fue de USD 33,79 millones e incluyó dos
contratos extras, una orden de cambio y una de trabajo.
Estos aumentos
fueron, según dijo, por obras no previstas, correcciones, modernización de
planos... Ahora este hospital que abrió en 2016 tiene nuevos retos: ampliar sus
áreas para acoger a pacientes de otras provincias. El Docente de Calderón que
funciona desde el 2015, en cambio, ya ha pasado por adecuaciones y requiere
equipos. El Guasmo Sur está habilitado en un 85%, tras un año y medio de su
apertura.
FUENTE: https://www.elcomercio.com/actualidad/hospitales-alza-costos-contratoscomplementarios-salud.html
Los médicos de Nicaragua
Javier Pastora no oculta su
indignación. Este cirujano general con una especialidad en gastroenterología y
endoscopio digestiva denuncia que es víctima de una represalia por parte de las
autoridades de la sanidad pública nicaragüense por atender a los heridos
durante las protestas contra el presidente Daniel Ortega —la represión desde
mediados de abril ha causado ya 317 muertos— y por “expresar" su
"discrepancia política con el Gobierno”.
Pastora era hasta la semana
pasada jefe de cirugía del Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales (Heodra) de
León, la segunda cuidad de Nicaragua, pero fue despedido de su cargo sin
mayores explicaciones. Solo le fue entregada una carta emitida por la dirección
de ese centro hospitalario. Junto a él echaron a otros nueve médicos y 25
miembros del personal sanitario del Heodra, el mayor hospital del oeste de
Nicaragua.
El médico afirma que su despido
responde a un “proceso de represión política” por criticar la represión
desatada por Ortega desde abril, cuando comenzaron las manifestaciones que
exigen el fin del mandato del presidente, que lleva 11 años gobernando
Nicaragua con mano dura. “Nos han despedido de forma grosera, abusiva, sin
excusas. Cuando pregunté cuáles eran las razonas me respondieron que eran
políticas”, explica Pastora. El médico asegura que tras la “barrida” ordenada
por la dirección del Heodra, León —ciudad de postal localizada a 97 kilómetros
al noroeste de Managua– se ha quedado sin médicos especialistas.
Junto a Pastora fue despedida
Gladys Jarquín, pediatra con una especialidad en enfermedades infecciosas que,
además, dirigía el programa de VIH-Sida en el centro. Jarquín se siente
consternada por su despido y lo que eso significa para el hospital y sus
pacientes, dado que ella había logrado conformar un equipo de investigación en
microbiología que permitía hacer investigaciones pioneras en Nicaragua.
Los responsables del Heodra no
dan explicaciones por los despidos. La directora de hospital, Judith Lejarza
Vargas, no ha respondido a las llamadas a su teléfono móvil, ni ha habido
respuesta en la dirección de Recursos Humanos. Tampoco hubo una respuesta del
Ejecutivo nicaragüense a las consultas hechas directamente a la vicepresidenta
Rosario Murillo, quien controla la comunicación oficial del Estado.
Gracias al trabajo de Jarquín, el
hospital contaba con el apoyo de las universidades estadounidenses de Duke, en
Carolina del Norte, y Vanderbilt, en Tennessee. Pastora ha explicado que los
despidos obedecen a los comunicados que el personal médico del hospital publicó
para aplacar el miedo de la población durante las protestas, porque se decía
que había órdenes de la ministra de Salud, Sonia Castro, de no atender a los
heridos. “Había mucho temor de la población de acudir al hospital. Nosotros
dijimos que se debía atender a todos los heridos, que sintieran seguridad”, explica
la especialista.
La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) publicó el 21 de mayo —tras una visita a Nicaragua— un
informe en el que recogía las denuncias de que varios hospitales nicaragüenses
habrían negado atención médica de urgencia a los heridos en las
manifestaciones. “Según denuncias allegadas durante las visitas, habrían
existido órdenes administrativas en los hospitales públicos para restringir el
acceso de la atención a heridos y obstaculizar el acceso a la información. En
particular se recibieron denuncias respecto del hospital Cruz Azul,
perteneciente al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, y en los
hospitales Roberto Calderón, Antonio Lenin Fonseca, Hospital Escuela Oscar
Danilo Rosales Argüello y Alemán Nicaragüense, todos pertenecientes el
Ministerio de Salud”, se lee en el informe. Debido a una de esas negligencias
falleció el 20 de abril Álvaro Conrado, un chico de apenas 15 años a quien
dispararon en la garganta cuando distribuía agua a los estudiantes
atrincherados en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Un estremecedor
vídeo lo muestra agonizando, mientras balbuceaba en su desesperación: “Me duele
respirar”. Esa frase se ha convertido en el lema de las manifestaciones en toda
Nicaragua.
Otro de los médicos que denunció
su despido es Julio Sánchez, cirujano general del Hospital Regional de
Jinotepe, ciudad localizada a 32 kilómetros al sur de Managua, y que junto a su
vecina Diriamba fue escenario de una de las peores masacres que ha sufrido
Nicaragua en tiempos de paz: más de 20 personas fueron asesinadas en esas
localidades por las huestes armadas de Ortega el 8 de julio. “Nosotros dimos
atención médica a todos los heridos, incluso las autoridades del hospital
dijeron que se sentían orgullosas porque estábamos del lado del pueblo”,
explica Sánchez. “Nunca recibimos órdenes de no atender a los heridos”, aclara
el médico, quien no esconde su sorpresa frente a una carta de despido que no le
da ningún tipo de explicación. En Jinotepe fueron despedidos al menos 40
trabajadores de la sanidad pública. “Me reprimen por hacer cumplir el Juramento
Hipocrático. Atendí a los heridos de ambos bandos”, aclara el médico.
A Sánchez le apena pensar que los
puestos que han quedado libres tras la llamada “barrida” de las autoridades
sanitarias puedan ser ocupados por personas sin suficiente preparación, que
respondan más a intereses partidarios y lealtades a Ortega que a sus
compromisos éticos y científicos. “No pueden reponer tan fácilmente la calidad
ni la experiencia de estos médicos que han despedido”, afirma el especialista.
A su lado asienten Gladys Jarquín y Javier Pastora, los médicos del Heodra. “Es
muy triste, doloroso, porque al ensañarse contra los médicos lo están haciendo
también contra la población”, dice, apesadumbrado, el exjefe de cirugía del
hospital más importante de León, hermosa ciudad colonial de Nicaragua.
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