miércoles, 21 de noviembre de 2018

La ética periodística y la ética médica se enfrentan en Twitter



Respuesta del Colegio de Médicos de Pichincha a la publicación de la Periodista Ana María Cañizares

Ante la publicación realizada en Twitter por la señorita periodista Ana María Cañizares sobre una supuesta mala atención recibida, el Colegio de Médicos de Pichincha expresa lo siguiente:

Los médicos que laboran en Unidades de Salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del Ministerio de Salud Publica, se ven obligados a dar atención a un paciente en 15 ó máximo 20 minutos, en los que el profesional debe llenar registros estadísticos, revisar la historia clínica anterior, realizar una  anamnesis con un examen físico, emitir un diagnóstico, formular la receta y exámenes de apoyo necesarios, explicar al paciente su diagnóstico, pronostico, como debe  seguir el tratamiento, el próximo control, responder las inquietudes del paciente y cerrar la historia clínica del sistema. ¿Cree Usted, señorita periodista que un médico puede realizar todo esto en 15 o 20 minutos como máximo?

Hemos denunciado la paulatina deshumanización en los centros de atención, pues las autoridades han transformado al paciente, convirtiéndolo de un ser humano en un número estadístico, exigiendo a los profesionales de la salud, producción antes que atención de calidad. Esto ha llevado a que se pierda lo más valioso de la atención médica y que es la relación Médico - Paciente.

Usted, señorita periodista, ¿se ha puesto a pensar el nivel de agotamiento y estrés que presenta un médico que labora 8 horas continuas en consulta externa con un flujo de 4 o en el mejor casos de 3 pacientes por hora? Le invitamos a que investigue la incidencia del Síndrome de Burnout en los profesionales de la Salud.

Le conminamos  a que realice un reportaje donde usted investigue las particularidades de la atención en consulta externa, cuáles son los verdaderos  problemas que afectan al profesional de la salud y repercuten a la calidad de atención; ahí  entenderá de la posición del médico frente a un corto tiempo de atención, la dificultad de contar con los elementos necesarios para un diagnóstico, y si los tiene, el tiempo que demoran en realizarlos,  la falta de medicamentos necesarios que llevan al facultativo a prescribirlos con temor de ser sancionado,  por último la falta de tunos subsecuentes por la alta demanda y la poca oferta de especialistas.

Nuestra posición no es de fomentar la impunidad o mantener un falso y dañino espíritu de cuerpo, nuestra posición  es la de defender el honor y la dignidad de nuestros compañeros,  por lo que rechazamos la publicación del nombre de nuestra colega, ocasionando el linchamiento por redes afectando su honra y moral. Usted con la experiencia de periodista nacional, corresponsal internacional y ganadora de premios periodísticos, cuando cubre una noticia de crónica roja al referirse a un delincuente evita dar el nombre completo y en el caso de su publicación en Twitter  expone a nuestra colega al mencionar sus nombres y apellidos completos afectando no solo a la profesional sino también a su familia.

Por lo anteriormente expuesto, el Colegio de Médicos de Pichincha, rechaza de manera categórica, la publicación realizada por la señorita periodista Ana María Cañizares y se reserva el derecho de realizar las acciones que contempla la Constitución y las Leyes de la República, para defender el honor y la dignidad de nuestra compañera y de todos los médicos en general.


Dr. Víctor Manuel Álvarez Chávez
Presidente del Colegio Médico de Pichincha

miércoles, 14 de noviembre de 2018

En El Salvador, Imelda espera...



Por Jacobo García

El juicio contra Imelda Cortez que debía comenzar el lunes en El Salvador no solo se ha convertido en un símbolo de la lucha de las mujeres del país centroamericano contra una legislación sobre el aborto más dura que la de Afganistán o Yemen, sino también contra la lenta tortura del Estado y su burocracia que ha aplazado nuevamente el juicio.

Este lunes volvió a suspenderse por octava vez la vista previa contra Imelda, de 20 años, quien lleva más de un año y medio en prisión provisional acusada de intento de homicidio. A pesar de que el padrastro fue el violador y el bebé goza de buena salud.

Esta vez fue una gripe. La fiscal alegó que se encontraba enferma lo que obligó a suspender nuevamente el juicio hasta el 17 de diciembre. La fiscal ni siquiera se molestó en enviar un justificante médico, simplemente llamó al juzgado una hora antes del inicio, previsto para las 9.00 horas de la mañana, y anunció que no iba a ir. Este nuevo retraso supone que Imelda Cortez tendrá que pasar 35 días más en una de las cárceles más peligrosas del mundo hasta que conozca su situación jurídica.

Será otro mes entre rejas, en el marco de un calvario que comenzó hace una década cuando siendo una niña de 10 años su madre comenzó a vivir con Pablo de Dolores Henríquez, quien por entonces tenía cerca de 60 años.

Poco después de que se mudara con ellos su padrastro comenzó a violarla y siguió forzándola durante muchos años hasta que la dejó embarazada. El resultado fue que Imelda Cortez dio a luz donde pudo. Tenía 18 años y eligió una letrina de su miserable casa de chapa y palos para sacar el bebé de su interior cuando pensaba que era, en realidad, una crisis de colon. El bebé nació sano, pero ella empezó a desangrarse cuando el cordón umbilical se cortó de forma fortuita. Cuando su madre la encontró en el suelo, al borde del desvanecimiento, la llevó a un hospital.

Fue ahí donde los médicos creyeron que había intentado cometer un aborto y llamaron a la policía que la detuvo en el momento. En la única entrevista que ha concedido desde la prisión, Imelda contó a la revista Factum una de esas historias que pasan a la historia de los horrores. “[Mi padrastro] no quería que yo tuviera novio porque quería que yo fuera solo para él. Yo le dije que no iba a dejar de andar con mi novio. Entonces vino él y me dijo: "Si no dejas de andar con él, yo me voy a encargar de eso", contó a la publicación salvadoreña hace un año.

Que el violador era su padrastro se supo después gracias a las pruebas de ADN que se efectuaron y que la Fiscalía trató de impedir a toda costa. Esa misma Fiscalía piensa que Imelda trató de cortar el cordón umbilical y matar al bebé nada más nacer y por tanto la acusa de intento de homicidio agravado contra su hija, que hoy tiene un año y seis meses. El mismo tiempo que ella lleva en prisión. De ser encontrada culpable, Imelda sería condenada a 20 años de cárcel.

Mientras Imelda Cortez estaba en el hospital, su padrastro la fue a visitar para amenazarla: la mataría a ella, a su madre y sus hermanos si denunciaba los abusos. Un paciente que estaba cerca lo escuchó y avisó a una enfermera que a su vez dio parte a la policía. “Hay indiferencia y desdén de las instituciones cuando se trata de una mujer, presa y pobre. No les importa que pase otro mes más detenida”, explica desde El Salvador a este periódico Bertha de León, abogada de la joven, nada más conocerse un nuevo aplazamiento.

En numerosas ocasiones, instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han exigido a El Salvador que cambie su legislación para dejar de ser uno de los cinco países del mundo donde está perseguido cualquier tipo de aborto y donde las mujeres con complicaciones del embarazo, que sufren abortos espontáneos o emergencias obstétricas, son frecuentemente acusadas de homicidio. “Decenas de mujeres cada año son injustamente acusadas bajo un sistema plagado de prejuicios y estereotipos sobre su rol como mujer o como madre en la sociedad", señala a EL PAÍS Marcela Martino del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). "Son mujeres que llegan con la salud al límite de la muerte pero que son esposadas a la cama y trasladadas a centros penales en ese instante”, añade.

Según datos de la Organización de Naciones Unidas, si bien muchos países contemplan el aborto en su legislación bajo ciertas circunstancias, hay cinco Estados que no lo avalan en ningún contexto, tres de ellos en Centroamérica (El Salvador, Nicaragua y Honduras).

Según el CEJIL actualmente hay encarceladas 27 mujeres como Imelda y organizaciones como la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas insiste en un cambio legislativo que frene el alto número de embarazos de adolescentes. Con seis millones de habitantes, el año pasado hubo en El Salvador 19.000 embarazos de mujeres entre los 10 y los 19 años.

Antes de 1998, en El Salvador se permitía abortar cuando el embarazo era el resultado de una violación, si se trataba de un bebé con malformaciones o si la madre corría riesgo de muerte. Un nuevo código penal y la posterior reforma a la Constitución complicaron la situación de miles de mujeres. Hace dos años, el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) propuso al Congreso la despenalización del aborto en los tres supuestos. No obstante, la presión social y la fuerza de los grupos conservadores han frenado una iniciativa que tiene pocas probabilidades de avanzar dado que la derecha, que se opone a la reforma, tiene la mayoría de los escaños del Congreso.

Mientras tanto Imelda Cortez y cientos de mujeres salvadoreñas seguirán esperando un cambio legal que revierta la ecuación y no convierta en victimario a quienes son víctimas de pobreza y agresiones sexuales jamás denunciadas.


 

lunes, 12 de noviembre de 2018

Para los niños de Yemen se agota el tiempo


La rápida depreciación de la moneda local y el siguiente aumento en los precios de los alimentos incrementan los riesgos para casi 400.000 niños de ese país que se encuentran con desnutrición aguda severa y para quienes las posibilidades de sobrevivir, según alerta la Unicef, son cada vez más escasas. "La rápida depreciación del rial yemení en los últimos meses ha agravado la crisis económica y ha provocado un aumento en los precios de los alimentos que pone a los niños en mayor riesgo", explica por correo electrónico Bismarck Swangin, especialista en Comunicación de Unicef en Yemen.

Alrededor de 14 millones de personas están al borde de una hambruna, según denunciaron el miércoles 35 ONG locales e internacionales, que pidieron un "cese inmediato de hostilidades".

El precio de alimentos básicos como la harina, el arroz, la sal, el azúcar y el aceite casi se ha duplicado desde 2015, según Save the Children, en un país en el que más de la mitad de la población vive bajo el umbral de la pobreza. "Los padres y las madres se alternan las comidas o incluso se mueren de hambre solo para alimentar a sus hijas e hijos", escribe la ONG en su página web.

A principios de noviembre, se intensificó la ofensiva contra la ciudad de Hodeida, en el oeste de Yemen. Solo en el último fin de semana, murieron más de 100 personas, según la agencia AFP. “Estamos muy preocupados por el impacto que los combates en la zona portuaria están teniendo en la infancia”, asegura Bismarck Swangin, especialista de Unicef en el país. “Se está matando a niños en ataques contra instalaciones civiles, incluidas casas familiares o disparos de balas. La lucha está restringiendo el acceso a los centros de salud y a otros servicios como el agua”.

En Hodeida y las provincias colindantes reside el 40% de los 400.000 niños del país que sufren desnutrición aguda grave, según Unicef. Los combates intensos en la zona, además de dificultar el ingreso de ayuda humanitaria, combustible y otras mercancías, se están aproximando al hospital de Al Thawra poniendo en riesgo inminente de muerte a 59 niños, incluyendo 25 que están en cuidados intensivos, denuncia el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en un comunicado.

Además de amenazar la vida de los más pequeños, la desnutrición causa retrasos en el crecimiento y debilita sus sistemas inmunológicos, incrementado el riesgo de contraer enfermedades prevenibles como el cólera y la neumonía.

Se espera que para mediados de este mes Naciones Unidas dé a conocer los resultados de la encuesta de Clasificación Integrada de la Fase Alimentaria realizada en el país y que este estudio proporcione una imagen más detallada de la crisis alimentaria en curso. Los ataques aéreos y los combates dificultan la recolección de datos en varias áreas del país.

El repunte en los precios del combustible está afectando los servicios de transporte, agua, electricidad, salud y saneamiento. "Unos 8,6 millones de niños han perdido el acceso regular a servicios básicos de agua, saneamiento e higiene, debido a la guerra", señala Swangin. "Esto presenta un gran riesgo para el resurgimiento del cólera y otras enfermedades transmitidas por el agua".

La guerra que desde hace más de tres años ensangrienta a Yemen ha causado más de 6.500 muertos y heridos entre los más pequeños, estima Naciones Unidas. Ellos representan la mayoría de los 22 millones de personas que en la actualidad necesitan asistencia humanitaria. La infancia ya vivía una situación crítica antes de la intensificación de la violencia en marzo de 2015. En 2014, 160.000 niños ya padecían malnutrición severa aguda.


FOTOGRAFÍAS: AFP