sábado, 5 de diciembre de 2009

He intentado mandar esta nota al INFA y al Ministerio de Inclusión Económica y Social del que aquél depende, pero rebotan...

Quito, 05 de diciembre del 2009.

Señores del Instituto de la Niñez y la Familia:

Hasta antes de la desprivatización del INNFA (hoy INFA), su trabajo, sin ser perfecto, constituía un importante punto de apoyo para la actividad médica dentro del Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué ha cambiado esa conducta? Al hacerse parte del sector público, el INFA obliga ahora a los familiares de los pacientes a deambular de clínica privada en clínica privada buscando proformas de exámenes o procedimientos especiales de los que carecen los hospitales públicos y que sus familiares (hospitalizados o no) necesitan, siendo muy pocos de ellos los que no tienen premura. Personas extremadamente pobres, que en ocasiones ni siquiera conocen la ciudad, tienen que deambular en ella haciendo una actividad que bien podrían (y deberían) realizar un (o unos) funcionario(s) y que, a través de los medios electrónicos de la actualidad, luce muchísimo menos complicada. Si los exámenes o los procedimientos requeridos son de urgencia, éstos bien se pueden conseguir cuando al paciente ya no le hagan falta y el daño sea irreparable. Esto no constituye lo que nadie llamaría precisamente modernidad. Anteriormente, cuando el INNFA era un entidad privada, si un bebé necesitaba, por ejemplo, una válvula de derivación ventrículo peritoneal o un examen de resonancia magnética, bastaba con el pedido del especialista y el informe del Servicio Social del hospital; el familiar tan solo acudía a las oficinas del INNFA una sola vez y un funcionario del mismo (generalmente en la tarde de ese mismo día) venía a entregar personalmente la válvula y a comprobar el estado del niño (a veces se recibían llamadas telefónicas con el mismo fin) o el familiar del paciente volvía al hospital con un sobre que autorizaba la realización de la resonancia magnética en algún sitio privado con el que el Servicio Social procedía a coordinar la fecha y hora de realización (probablemente al día siguiente). Hoy en día, el mismo trámite puede tomar semanas. No quisiéramos pensar que el Instituto, al volverse público, perdió eficacia y eficiencia, alimentando las manidas críticas que se dan a todo servicio público y a todo servidor público. ¿Es esto así? ¿Qué está haciendo el Instituto para cambiar este estado de cosas? Volveremos a los días en que exámenes, estudios y procedimientos con los que no se cuentan en los hospitales estatales se pueden realizar en pocas horas con un trámite relativamente sencillo. ¿Volverá el ahora INFA a ser tan eficiente como lo era en su época privada? La palabra la tienen ustedes. Las respuestas no necesariamente tendrían que dárnoslas a nosotros. Hay decenas de familiares de bebés, niños y ancianos que con mucho más derecho que el nuestro podrían reclamárselas.

Atentamente,

Fernando Agama C.
Médico de la Unidad de Neonatología
Hospital “Dr. Enrique Garcés”
Quito-Ecuador

ferac@puntonet.ec
ferac50@hotmail.com
http://www.neohegquito.blogspot.com/

Evaluación y calidad, editorial publicado en el periódico El Comercio de Quito-Ecuador el 05 de diciembre del 2009, página 11

Por Mario Jaramillo Paredes

Luego de la publicación de los resultados de la evaluación realizada por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior del Ecuador (Conea), han surgido -como es frecuente en estos casos- dudas y reacciones sobre el proceso. Algunas de las más frecuentes son las siguientes:

¿Por qué se realizó la evaluación del Conea y con qué objetivos se la planteó?

La evaluación respondió a un Mandato de la Asamblea Constituyente reunida en Montecristi, el Mandato 14, que dispuso que el Conea, en el plazo de un año, “entregue al Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup) y a la Función Legislativa un informe técnico sobre el nivel de desempeño institucional de los establecimientos de educación superior, a fin de garantizar su calidad, propiciando su depuración y mejoramiento”.

¿Qué antecedentes existen sobre la evaluación universitaria en el Ecuador?

Excepción hecha de autoevaluaciones realizadas por muy pocos centros de educación superior, no ha existido en el Ecuador una cultura de evaluación del desempeño, que compare unos centros con otros y establezca conclusiones. Somos un país en donde son pocos las instituciones y organismos que rinden cuentas de su actividad y el sistema educativo no es ni lejanamente una excepción. Salvo la rendición de cuentas ante organismos como la Contraloría General de la Nación, simplemente no ha habido un sistema de evaluación que desde fuera de cada institución diga cómo van las universidades y escuelas politécnicas. Quizá esa evidente falta de una cultura de evaluación es lo que ha generado algunas de las dudas y reacciones que se han dado durante las últimas semanas.

Es necesario destacar en este punto que la Ley de Educación Superior vigente desde el año 2001 dispone que todas las universidades, en un plazo de cinco años, realicen su evaluación interna, externa y acreditación. Hasta este momento esa norma no ha sido cumplida por todos los centros de educación superior que funcionan en el país. Solamente cinco universidades han alcanzado la acreditación, en su orden: Universidad del Azuay, Escuela Superior Politécnica del Litoral, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Universidad Técnica de Ambato y Universidad Técnica Particular de Loja.

Al momento de escribir esta nota, conozco extraoficialmente que el Conea acaba de acreditar a tres universidades más: Universidad Central del Ecuador, Politécnica del Chimborazo (Riobamba) y la Universidad de Cuenca. Varias entidades se encuentran desarrollando el proceso y hay veinte que ni siquiera lo han iniciado. Vale hacer notar que justamente estas ocho universidades acreditadas están ubicadas en el Grupo A del Informe del Conea.

¿Cómo se relacionan los conceptos universidad y calidad? ¿Qué tienen que ver la una con la otra?

Las universidades -aquí y en todo el mundo- sostienen frecuentemente -unas menos, otras más- que sí tienen calidad. Igualmente, en buena parte del mundo existen sistemas de evaluación y acreditación y el Ecuador hoy no es una excepción. Desde la creación de esos sistemas -más allá de sus diferencias y potenciales virtudes, así como defectos- ya no basta decir que se tiene calidad. Hay que demostrarlo en la práctica. Y la única forma de demostrar que se tiene calidad es logrando la acreditación ante las entidades pertinentes y atendiendo los sistemas de evaluación, lo cual no supone que estos sean perfectos, pero hay que acatarlos. En países como el nuestro, en donde no hay una tradición de evaluación institucional externa, es preferible tener un sistema -perfectible como todos- a no tener ninguno.

¿Existen nuevos sistemas de evaluación de la calidad universitaria o son los mismos de siempre?

Suele decirse que no existen muchas cosas nuevas bajo el sol y en el mundo universitario ciertamente ocurre lo mismo, especialmente cuando los modernos sistemas de información y comunicación han roto barreras. La presencia de la Internet o de las videoconferencias hace que estemos en contacto en tiempo real con universidades de todo el planeta y entre ellas también con las mejores. En los distintos países hay variado sistemas de evaluación y acreditación que corresponden a las distintas realidades de cada sociedad. No hay un modelo universal ni perfecto para todos. Quizá lo único universal es que los organismos de evaluación son externos a las universidades para garantizar objetividad e independencia. Lo que sí se ha demostrado es que, a la final, la mayoría de modelos arrojan resultados similares.

Buena parte de los sistemas de evaluación que se realizan en distintas partes del mundo miden tres o cuatro elementos fundamentales: la calidad de los docentes y su dedicación a la cátedra y a sus alumnos; la infraestructura, expresada no solamente en locales, sino sobre todo en laboratorios, talleres y bibliotecas tanto tradicionales como electrónicas; el nivel de organización y estructura institucional y, por supuesto, la investigación, que a su vez se relaciona, entre otros puntos, con la vinculación con las necesidades del país y con el servicio a la comunidad. Las diferencias entre distintos modelos radican básicamente en la ponderación, es decir, en el valor que se da a cada factor. Un ejercicio matemático puede demostrar que ese cambio en los valores no incide significativamente en la valoración final, salvo que se llegue a asignar valores extremos a cada elemento.

En estos días se ha dicho -por ejemplo- que el sistema aplicado no ha valorado la calidad de los egresados, medida a través de las funciones que ocupan en la sociedad. Ciertamente, hay sistemas en los cuales se toma en cuenta ese elemento de juicio, pero con una ponderación razonable, debido a que las funciones que desempeñan los graduados universitarios no siempre dependen de la calidad de la formación que recibieron, sino también de factores aleatorios como posición social, vínculos familiares y otros.

La elevación de la calidad de la educación es una exigencia insoslayable. La evaluación -en ese contexto- es un instrumento, no para sancionar sino para mejorar, señalando las debilidades para superarlas y las fortalezas para aumentarlas. Pero a la final –al igual que con nuestros estudiantes- quien no alcanza niveles mínimos exigibles, debe reprobar.


Columnista invitado