Por Santi Carneri
La teniente de fragata Carmen
Quinteros Giménez solo quiso que le dieran permiso para amamantar a su hijo.
Hace dos años y medio, tras terminar seis meses de permiso por maternidad,
pidió que la excluyeran de las guardias de 24 horas cada tres días que hacían
sus compañeros. Pero sus comandantes se lo negaron y la Justicia militar
también. Fue la primera uniformada en reclamar su derecho y su caso obligó a
crear salas de lactancia en los cuarteles. Pero la semana pasada, la Corte
Suprema confirmó que Quinteros deberá cumplir con 45 días de prisión por una
falta disciplinaria. Podrá cumplir la pena en su domicilio.
Quinteros, de 33 años, recurrió a
la justicia civil, apelando al derecho del niño a recibir la nutrición
correspondiente. Un juzgado de la niñez le dio la razón y exhortó a su
comandante a darle los permisos. Pero el militar, según su abogado, la sacó de
su puesto administrativo original y la envió a una unidad operativa con
permanencias en el cuartel de hasta 32 horas. Quizá sin proponérselo, Quinteros
comenzó un pulso entre el derecho civil y el castrense en el país que sufrió la
dictadura militar más larga de Latinoamérica (1954-1989), un pulso que aún no
ha terminado.
Cuando el caso se hizo público en
2017, hubo movilizaciones y el debate llegó al Congreso. Los superiores de
Quinteros intentaron entonces enviarla dos años a la cárcel por calumnias. El
defensor del Pueblo presentó un habeas corpus para evitarlo. El lunes pasado,
tras el fallo de la Corte que avaló la pena impuesta contra Quinteros por un
tribunal militar, los abogados de la teniente pidieron la intermediación del
presidente Mario Abdo Benítez. El mandatario, sin embargo, advirtió el martes
que es poco lo que puede hacer. “Yo no puedo ir contra la ley. Hicimos las
averiguaciones para saber cómo está el caso, pero los asesores jurídicos de la
Presidencia me dicen que no está en nuestra atribución” interceder, dijo.
Quinteros está acostumbrada a
asumir desafíos. Fue la mejor graduada de su promoción y desde entonces cumplió
y honró sus deberes castrenses. Nunca tuvo una falta. Hasta que con el
nacimiento de su hijo chocó con un desafío inesperado que la obligó a
confrontar con todo el estamento militar.
La teniente solicitó al entonces
almirante Hugo Milciades Scolari Pagliaro, ahora retirado, trabajar de siete de
la mañana a seis de la tarde para estar por la noche en su casa y cumplir con
la lactancia. Según la fiscal de la Niñez de Asunción, Monaliza Muñoz, que
recibió la denuncia de Quinteros, le daban la razón la Convención sobre los
Derechos del Niño, la Constitución paraguaya y la ley de lactancia materna de
2015. Pero el estatuto del personal militar de 1997, que prevé los permisos de
maternidad, aunque no los reglamenta, deja la decisión en manos del comandante.
Una ley en la que la palabra mujer no aparece ni una vez.
“Los comandantes tenían la
facultad de conceder esos permisos. Ninguno accedió. Pero el niño no deja de
ser niño porque su mamá sea militar”, dice Muñoz. “Es un derecho del niño, no
solo de la madre, porque puede afectar a su salud. Ella no ha violado ningún
reglamento, ha cumplido con todos los servicios, solo se trataba de adecuar su
jornada laboral”, añadió la fiscal. El abogado defensor en el proceso militar,
Carlos Luis Mendoza Peña, dice que Quinteros “fue la primera mujer militar que
reclamó su derecho marcando un antes y un después en el Ejército”. “Mientras
que en la Fuerza Aérea ya había un autobús dispuesto para llevar a las madres a
su casa, su comandante en la Armada solo creo las salas de lactancia por la
presión del caso”, añadió.
La ministra de la Mujer, Nilda
Romero, dijo que “la sanción [contra Quinteros] está fuera de tiempo y es un
mal precedente”. También destacó que la teniente podrá recurrir a la Justicia
internacional, ahora que ha agotado todas las instancias nacionales. El Frente
Mujer del Partido Paraguay Pyahura declaró en un comunicado que la actitud de
los militares “deja al desnudo el machismo institucional existente dentro de
las Fuerzas Armadas”.