jueves, 24 de octubre de 2013

Vigilia por el veto al Código Penal Integral


Caricatura de Pancho Cajas publicada en Diario EL COMERCIO, de Quito, Ecuador, 23 de octubre del 2013


Artículo de opinión publicado en Diario EL COMERCIO, de Quito, Ecuador, 24 de octubre del 2013



De miedos y de furias

Por Rodrigo Fierro Benítez

 
Se me ha dado por temblar, con raptos de furia entre temblor y temblor, desde cuando la Asamblea Nacional aprobó el Código Integral Penal y pasó a manos del presidente Correa, quien tendrá la última palabra.

En lo que a mí respecta, en lo que a mi circunstancia viene al caso, despenalizar los delitos de opinión que apuntan a personajes públicos, es una bandera de lucha. No me falta razón: se me instauró un juicio penal por un artículo de opinión, en el que me vi en indefensión ante una justicia politizada, comprometida con los designios de quien era el blanco de mis juicios de valor, muy poderoso por cierto. Más allá de lo personal, opinar es un derecho que define la naturaleza humana. En aquel Código Integral Penal se llegaba a extremos, como eso de buscar la configuración de un nuevo delito de opinión, el linchamiento mediático,que no prosperó. Pobre del periodista cuya opinión hubiera llegado con fuerza y se hubiese compartido con otros comunicadores. Queda en pie la criminalización de la profesión médica.

Es como si sintiera que me están ajustando los tornillos. Resulta que en aquel Código se criminaliza el ejercicio de la profesión médica. ¿Los médicos, criminales en potencia? ¿Criminales en potencia aquellos que se han preparado para curar enfermedades y salvar vidas? El caso de excepción, humano es errar. ¿Y los miles de miles de pacientes que recuperaron la salud y se les prolongó la vida? Que los médicos ecuatorianos han iniciado una movilización de protesta ante tal infamia, ¡en buenahora! Miedos y furias: ¿el destape de la caja de Pandora? El Gobierno no debe estar en sus cabales. ¡Se traerán médicos cubanos si se producen los paros del personal de salud! Ahí está Cubita la Bella y los hermanos Castro para sacar las papas de la brasa en Ecuador y ni digamos en Venezuela. Los castristas mantienen el poder por más de 50 años y se las saben todas. No hablemos de los Servicios de Seguridad e Inteligencia, de los que son maestros y sacan tajadas suculentas de quienes solicitan sus servicios.

Lo grave, lo que a mí me produce miedos y furias, como nunca antes, ni cuando se me llevó a un juicio penal, es que a los Castristas se les tenga de consejeros y se solicite su asistencia en asuntos relacionados con "la eficaz investigación y administración de justicia penal", hecho dado a conocer a la opinión pública por Antonio Rodríguez Vicéns (EL COMERCIO, 22 octubre, 2013).

¿Asistencia en investigación y administración de justicia penal por quienes recibieron prácticas y lecciones de los angelitos de la Unión Soviética? Es que no paramos: ayer los norteamericanos nos adiestraban en prácticas de tortura para hacerles cantar a los enemigos del Imperio. Que el ejemplo del Dr. Eugenio Espejo guíe los pasos de mis colegas.

Caricatura de Asdrúbal, publicada en Diario HOY de Quito, Ecuador, 24 de octubre del 2013


¡NO AMENAZAMOS!


domingo, 20 de octubre de 2013

Noticia publicada en Diario HOY el domingo 20 de octubre del 2013


Correa acepta el argumento de los médicos




Mala práctica profesional

El presidente Correa intentó calmar los ánimos con los médicos, que el viernes pasado advirtieron con renunciar si el Código Penal se aplica como está.

Dijo que la normativa sigue en discusión y recordó que, si el Legislativo aprueba algo con lo que el Gobierno no está de acuerdo, él tiene la capacidad de veto. “Hasta que no esté el ejecútese no ha pasado nada”.

Sin embargo, advirtió que, aunque coincide con parte de la preocupación de los médicos, porque ellos tratan con personas que pueden morir, no cederá ante presiones. “El mensaje: hagan lo que quieran...Tendremos que hacer intervenciones de emergencia, traer médicos del extranjero”.

Agregó que la mala práctica profesional se debe sancionar y que ya expresó su preocupación a la Asamblea por el tema médico. (PAO)

sábado, 19 de octubre de 2013

La posición oficial (con todo y los errores de sintaxis) ...

Comunicado oficial

18 de Octubre de 2013 - 19h50




En relación a la inquietud manifestada por varios profesionales de la salud frente a la aprobación del código integral penal por parte de la Asamblea Nacional, el Ministerio de Salud Pública comunica lo siguiente:

El Ministerio de Salud Pública, como autoridad sanitaria nacional garantiza el derecho a la salud de la población, así como el derecho al trabajo de las y los profesionales del sector en condiciones de estabilidad y seguridad. Ningún derecho puede ir en desmedro de otro y es nuestro deber que se garanticen los mismos.

El ejercicio profesional en salud lleva inherente un nivel de riesgo como ninguna otra profesión, por lo que no se puede predecir en forma absoluta los resultados de un acto particular; sin embargo, el profesional de la salud está obligado a  realizar los procedimientos adecuados en todos los casos.

El Nuevo Código Integral Penal aprobado por la Asamblea Nacional, desarrolla la valoración de la responsabilidad de la práctica profesional, pero no incorpora un nuevo delito. En todo caso, el proceso legislativo no está concluido. En este contexto, el Ministerio de Salud Pública, en conjunto con todo el gobierno, ha estado analizando acuciosamente los alcances del nuevo texto.

Conocemos del nivel de profesionalismo y vocación de servicio de nuestras y nuestros médicos y demás profesionales de la salud así como el nivel de credibilidad que tienen en nuestra ciudadanía. Los casos de mala práctica son excepcionales y escasos frente a las miles de atenciones prestadas con excelencia, esfuerzo y mística.

Al Gobierno Nacional sabrá actuar para asegurar los derechos de protección de todas y todos, salvaguardando también la práctica de los médicos cuyo desempeño se enmarque en los valores éticos de la profesión y de las leyes.

Este gobierno ha trabajado e invertido como ningún otro en la salud, profundizando una transformación del sector para mejorar el acceso y la calidad de la atención, generando condiciones para un mejor ejercicio profesional.

Que la desinformación o el temor no afecten trayectorias de trabajo honestas y esforzadas, ni amenacen la prestación de los servicios de salud de nuestra población, especialmente de la más vulnerable y que sea el diálogo el único mecanismo de resolución de conflictos. En cualquier circunstancia, el ministerio garantizará el normal funcionamiento de los servicios, de acuerdo a la constitución y las leyes.

Las inquietantes noticias de ayer y de hoy...

LOS MÉDICOS RADICALIZAN SU POSICIÓN ANTE EL NUEVO CÓDIGO PENAL

Noticia publicada en DIARIO EL COMERCIO, Sábado 19 de octubre del 2013


Cinco pacientes, vestidos con pijamas y sostenidos del brazo de sus familiares, apoyaron a más de 150 médicos en el Hospital Pablo Arturo Suárez, del norte de Quito. Ellos abandonaron por un momento sus camas de hospitalización para decir que respaldaban a los galenos de este centro. Los médicos, pocas horas antes, habían anunciado su renuncia y se declararon en reunión permanente para analizar su situación laboral. Ellos señalan que no tienen garantías después de que la Asamblea Nacional aprobara la mayor parte del Código Integral Penal el pasado domingo. Los pacientes del área de neurología se enteraron a las 08:00 que sus doctores habían renunciado. Carlos Tipán, quien tiene un tumor en la cabeza y está interno desde hace 10 días, se dirigió a la puerta de Emergencia. Lo hizo cogido del brazo de su esposa Martha Pilco y allí dijo que "hay buenos médicos" y que no quieren que se vayan. Los médicos se quejan, entre otras cosas, del artículo 146 que estipula la mala práctica profesional con penas que van entre tres y cinco años (ver puntuales). "Esto es una responsabilidad compartida", declaró Juan Barriga, médico traumatólogo de esta casa de salud. Él señala que desde hace dos años en este Hospital no hay insumos para operar a los pacientes. Solo en su área, existen más de 200 personas en lista de espera para ser operadas. "La negligencia en ciertos casos no solo pasa por el médico, sino por la falta de insumos y eso es compartido", aclara. Precisamente, Carmen Loor, acudió ayer al Pablo Arturo Suárez para que le den la orden de ingreso y ser operada el próximo lunes. Ella ha esperado cuatro meses y ahora le dijeron que se suspendieron las cirugías. "No hay insumos y no es culpa de los médicos, ellos hacen bien su trabajo", dijo mientras expresaba su respaldo a la medida adoptada por los galenos. A pesar de las reuniones, en este centro de salud, en la mañana, no se suspendió la atención médica a los pacientes que ya tenían previa cita ni a los que llegaban al área de emergencia. Mientras los dirigentes nacionales de la salud anunciaban que delegaciones de otros hospitales locales y provinciales se sumarían a la renuncia de los doctores, las atenciones en los demás hospitales de la ciudad se realizaban con normalidad. Así, en las salas de consulta externa y de emergencias del Hospital de Niños Baca Ortiz, ubicado en el centro norte de Quito, no se paralizaron las actividades. El personal trabajó en las ventanillas para recibir las citas de los pacientes que aguardaban en los asientos de la primera planta del centro de salud. Dos guardias de seguridad se ubicaron en los ingresos de las puertas principales y de los pasillos. Los médicos recibieron a los pacientes en los consultorios. Igual ocurrió en Emergencia. Allí no hubo contratiempos en la atención. En la mañana, los trabajadores del Baca Ortiz dijeron que nadie les había informado sobre algún cambio en la rutina laboral. Un médico de esta casa de salud, que prefirió la reserva de su nombre, indicó que una comisión del centro de salud hablará en su representación por las inconformidades sobre el Código Penal. En el Hospital Eugenio Espejo, uno de los centros estatales de salud más grandes del país, los servicios de consulta externa y farmacia atendieron sin inconvenientes la mañana de ayer. Decenas de pacientes hicieron cola en las ventanillas, mientras otros esperan su turno. Además, las personas iban de un lado a otro con recetas y radiografías. En el área de Emergencia la recepcionista y los pacientes confirmaron que los servicios funcionaron sin inconvenientes. En cambio, a partir de las 11:00 en el Hospital Enrique Garcés, del sur de Quito, se registró una mayor afluencia de pacientes, ya que las personas que no recibieron atención médica en el Pablo Arturo Suárez acudieron a este centro. La gente se preocupó al saber que los médicos se encontraban en una reunión a puerta cerrada. Finalmente, las actividades se realizaron con normalidad. Los doctores prefirieron no pronunciarse sobre el Código Penal. En el país, actualmente los errores médicos no están tipificados como delitos. En el artículo 434 en el capítulo referido a los delitos contra la salud pública, el Código Penal actual establece únicamente, aunque no de forma muy clara, multas y sanciones por "actos cometidos por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de normas". Las multas son de USD 8 a 77 y la cárcel (si hay enfermedad o muerte) va de seis meses a cinco años. Por este tipo de delitos, según la Fiscalía, se registraron 54 casos entre enero del 2011 y marzo del 2012. De esos, ninguno recibió sentencia. En ese mismo período, 30 casos fueron desestimados, unos estaban en indagación previa y otros en instrucción. Pero en el Tribunal de Honor de Médicos de Pichincha se ha recibido 66 denuncias de supuestas intervenciones médicas inadecuadas desde el 2000. En 13 años cuatro profesionales recibieron sanciones administrativas. Guayaquil y Cuenca sin líos La atención médica en los hospitales y centros de salud públicos de Guayaquil y Cuenca fue normal ayer, tanto en consulta externa como en emergencia. Un pediatra del Hospital Vicente Corral Moscoso, quien pidió la reserva de su nombre, dijo que nadie les ha convocado a medidas de hecho por la aprobación del Código Integral Penal pero, no está de acuerdo con lo dispuesto por la Asamblea Nacional que intenta penalizar la mala práctica médica. “Estamos para salvar vidas, no para matar”. En esta casa de salud laboran más de 200 médicos y especialistas que atienden un promedio de 6 200 pacientes por mes en el área de Emergencia y 9 000 consultas externas. Allí, se reciben enfermos transferidos de otras casas de salud de las provincias vecinas como Cañar, El Oro y Morona Santiago. En el Hospital Universitario de Guayaquil hasta las 11:30 de ayer la atención fue sin ningún contratiempo. En ese hospital laboran unas 400 personas entre médicos y administración. Al día se realizan unas 1 500 consultas diarias. Ambato en sesión permanente Las actividades en el Hospital Docente Ambato se desarrollaron ayer con normalidad. Los pacientes recibieron atención en las diferentes áreas y especialidad de la principal casa de salud de Tungurahua. Sin embargo, hay intranquilidad en los 700 socios del Colegio de Médicos de Tungurahua. Ellos se declararon en sesión permanente en apoyo a sus colegas del Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito. Guillermo Bastidas, presidente del Colegio de Médicos, dijo que desde las 20:00 de ayer tendrían una reunión con el Directorio en su sede ubicada en el barrio Ficoa, para analizar el tema. En la reunión estarán presentes también los delegados de otros colegios pertenecientes al gremio: odontólogos, enfermeras, bioquímicos y otras agrupaciones. “El nuevo Código Penal está criminalizando a los médicos. Por eso apoyamos a los colegas y si tenemos que ir a una paralización y poner la renuncia lo haremos, a pesar de la persecución que hará el Gobierno a los profesionales”, afirmó Bastidas. El Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado en el que informa su postura sobre las demandas de los médicos.

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: http://www.elcomercio.ec/sociedad/medicos-CodigoPenal-PabloArturoSuarez-salud-despenalizacion-malapractica-protesta_0_1013898727.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com
Cinco pacientes, vestidos con pijamas y sostenidos del brazo de sus familiares, apoyaron a más de 150 médicos en el Hospital Pablo Arturo Suárez, del norte de Quito. Ellos abandonaron por un momento sus camas de hospitalización para decir que respaldaban a los galenos de este centro. Los médicos, pocas horas antes, habían anunciado su renuncia y se declararon en reunión permanente para analizar su situación laboral. Ellos señalan que no tienen garantías después de que la Asamblea Nacional aprobara la mayor parte del Código Integral Penal el pasado domingo. Los pacientes del área de neurología se enteraron a las 08:00 que sus doctores habían renunciado. Carlos Tipán, quien tiene un tumor en la cabeza y está interno desde hace 10 días, se dirigió a la puerta de Emergencia. Lo hizo cogido del brazo de su esposa Martha Pilco y allí dijo que "hay buenos médicos" y que no quieren que se vayan. Los médicos se quejan, entre otras cosas, del artículo 146 que estipula la mala práctica profesional con penas que van entre tres y cinco años (ver puntuales). "Esto es una responsabilidad compartida", declaró Juan Barriga, médico traumatólogo de esta casa de salud. Él señala que desde hace dos años en este Hospital no hay insumos para operar a los pacientes. Solo en su área, existen más de 200 personas en lista de espera para ser operadas. "La negligencia en ciertos casos no solo pasa por el médico, sino por la falta de insumos y eso es compartido", aclara. Precisamente, Carmen Loor, acudió ayer al Pablo Arturo Suárez para que le den la orden de ingreso y ser operada el próximo lunes. Ella ha esperado cuatro meses y ahora le dijeron que se suspendieron las cirugías. "No hay insumos y no es culpa de los médicos, ellos hacen bien su trabajo", dijo mientras expresaba su respaldo a la medida adoptada por los galenos. A pesar de las reuniones, en este centro de salud, en la mañana, no se suspendió la atención médica a los pacientes que ya tenían previa cita ni a los que llegaban al área de emergencia. Mientras los dirigentes nacionales de la salud anunciaban que delegaciones de otros hospitales locales y provinciales se sumarían a la renuncia de los doctores, las atenciones en los demás hospitales de la ciudad se realizaban con normalidad. Así, en las salas de consulta externa y de emergencias del Hospital de Niños Baca Ortiz, ubicado en el centro norte de Quito, no se paralizaron las actividades. El personal trabajó en las ventanillas para recibir las citas de los pacientes que aguardaban en los asientos de la primera planta del centro de salud. Dos guardias de seguridad se ubicaron en los ingresos de las puertas principales y de los pasillos. Los médicos recibieron a los pacientes en los consultorios. Igual ocurrió en Emergencia. Allí no hubo contratiempos en la atención. En la mañana, los trabajadores del Baca Ortiz dijeron que nadie les había informado sobre algún cambio en la rutina laboral. Un médico de esta casa de salud, que prefirió la reserva de su nombre, indicó que una comisión del centro de salud hablará en su representación por las inconformidades sobre el Código Penal. En el Hospital Eugenio Espejo, uno de los centros estatales de salud más grandes del país, los servicios de consulta externa y farmacia atendieron sin inconvenientes la mañana de ayer. Decenas de pacientes hicieron cola en las ventanillas, mientras otros esperan su turno. Además, las personas iban de un lado a otro con recetas y radiografías. En el área de Emergencia la recepcionista y los pacientes confirmaron que los servicios funcionaron sin inconvenientes. En cambio, a partir de las 11:00 en el Hospital Enrique Garcés, del sur de Quito, se registró una mayor afluencia de pacientes, ya que las personas que no recibieron atención médica en el Pablo Arturo Suárez acudieron a este centro. La gente se preocupó al saber que los médicos se encontraban en una reunión a puerta cerrada. Finalmente, las actividades se realizaron con normalidad. Los doctores prefirieron no pronunciarse sobre el Código Penal. En el país, actualmente los errores médicos no están tipificados como delitos. En el artículo 434 en el capítulo referido a los delitos contra la salud pública, el Código Penal actual establece únicamente, aunque no de forma muy clara, multas y sanciones por "actos cometidos por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de normas". Las multas son de USD 8 a 77 y la cárcel (si hay enfermedad o muerte) va de seis meses a cinco años. Por este tipo de delitos, según la Fiscalía, se registraron 54 casos entre enero del 2011 y marzo del 2012. De esos, ninguno recibió sentencia. En ese mismo período, 30 casos fueron desestimados, unos estaban en indagación previa y otros en instrucción. Pero en el Tribunal de Honor de Médicos de Pichincha se ha recibido 66 denuncias de supuestas intervenciones médicas inadecuadas desde el 2000. En 13 años cuatro profesionales recibieron sanciones administrativas. Guayaquil y Cuenca sin líos La atención médica en los hospitales y centros de salud públicos de Guayaquil y Cuenca fue normal ayer, tanto en consulta externa como en emergencia. Un pediatra del Hospital Vicente Corral Moscoso, quien pidió la reserva de su nombre, dijo que nadie les ha convocado a medidas de hecho por la aprobación del Código Integral Penal pero, no está de acuerdo con lo dispuesto por la Asamblea Nacional que intenta penalizar la mala práctica médica. “Estamos para salvar vidas, no para matar”. En esta casa de salud laboran más de 200 médicos y especialistas que atienden un promedio de 6 200 pacientes por mes en el área de Emergencia y 9 000 consultas externas. Allí, se reciben enfermos transferidos de otras casas de salud de las provincias vecinas como Cañar, El Oro y Morona Santiago. En el Hospital Universitario de Guayaquil hasta las 11:30 de ayer la atención fue sin ningún contratiempo. En ese hospital laboran unas 400 personas entre médicos y administración. Al día se realizan unas 1 500 consultas diarias. Ambato en sesión permanente Las actividades en el Hospital Docente Ambato se desarrollaron ayer con normalidad. Los pacientes recibieron atención en las diferentes áreas y especialidad de la principal casa de salud de Tungurahua. Sin embargo, hay intranquilidad en los 700 socios del Colegio de Médicos de Tungurahua. Ellos se declararon en sesión permanente en apoyo a sus colegas del Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito. Guillermo Bastidas, presidente del Colegio de Médicos, dijo que desde las 20:00 de ayer tendrían una reunión con el Directorio en su sede ubicada en el barrio Ficoa, para analizar el tema. En la reunión estarán presentes también los delegados de otros colegios pertenecientes al gremio: odontólogos, enfermeras, bioquímicos y otras agrupaciones. “El nuevo Código Penal está criminalizando a los médicos. Por eso apoyamos a los colegas y si tenemos que ir a una paralización y poner la renuncia lo haremos, a pesar de la persecución que hará el Gobierno a los profesionales”, afirmó Bastidas. El Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado en el que informa su postura sobre las demandas de los médicos.

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: http://www.elcomercio.ec/sociedad/medicos-CodigoPenal-PabloArturoSuarez-salud-despenalizacion-malapractica-protesta_0_1013898727.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com
Cinco pacientes, vestidos con pijamas y sostenidos del brazo de sus familiares, apoyaron a más de 150 médicos en el Hospital Pablo Arturo Suárez, del norte de Quito. Ellos abandonaron por un momento sus camas de hospitalización para decir que respaldaban a los galenos de este centro. Los médicos, pocas horas antes, habían anunciado su renuncia y se declararon en reunión permanente para analizar su situación laboral. Ellos señalan que no tienen garantías después de que la Asamblea Nacional aprobara la mayor parte del Código Integral Penal el pasado domingo. Los pacientes del área de neurología se enteraron a las 08:00 que sus doctores habían renunciado. Carlos Tipán, quien tiene un tumor en la cabeza y está interno desde hace 10 días, se dirigió a la puerta de Emergencia. Lo hizo cogido del brazo de su esposa Martha Pilco y allí dijo que "hay buenos médicos" y que no quieren que se vayan. Los médicos se quejan, entre otras cosas, del artículo 146 que estipula la mala práctica profesional con penas que van entre tres y cinco años (ver puntuales). "Esto es una responsabilidad compartida", declaró Juan Barriga, médico traumatólogo de esta casa de salud. Él señala que desde hace dos años en este Hospital no hay insumos para operar a los pacientes. Solo en su área, existen más de 200 personas en lista de espera para ser operadas. "La negligencia en ciertos casos no solo pasa por el médico, sino por la falta de insumos y eso es compartido", aclara. Precisamente, Carmen Loor, acudió ayer al Pablo Arturo Suárez para que le den la orden de ingreso y ser operada el próximo lunes. Ella ha esperado cuatro meses y ahora le dijeron que se suspendieron las cirugías. "No hay insumos y no es culpa de los médicos, ellos hacen bien su trabajo", dijo mientras expresaba su respaldo a la medida adoptada por los galenos. A pesar de las reuniones, en este centro de salud, en la mañana, no se suspendió la atención médica a los pacientes que ya tenían previa cita ni a los que llegaban al área de emergencia. Mientras los dirigentes nacionales de la salud anunciaban que delegaciones de otros hospitales locales y provinciales se sumarían a la renuncia de los doctores, las atenciones en los demás hospitales de la ciudad se realizaban con normalidad. Así, en las salas de consulta externa y de emergencias del Hospital de Niños Baca Ortiz, ubicado en el centro norte de Quito, no se paralizaron las actividades. El personal trabajó en las ventanillas para recibir las citas de los pacientes que aguardaban en los asientos de la primera planta del centro de salud. Dos guardias de seguridad se ubicaron en los ingresos de las puertas principales y de los pasillos. Los médicos recibieron a los pacientes en los consultorios. Igual ocurrió en Emergencia. Allí no hubo contratiempos en la atención. En la mañana, los trabajadores del Baca Ortiz dijeron que nadie les había informado sobre algún cambio en la rutina laboral. Un médico de esta casa de salud, que prefirió la reserva de su nombre, indicó que una comisión del centro de salud hablará en su representación por las inconformidades sobre el Código Penal. En el Hospital Eugenio Espejo, uno de los centros estatales de salud más grandes del país, los servicios de consulta externa y farmacia atendieron sin inconvenientes la mañana de ayer. Decenas de pacientes hicieron cola en las ventanillas, mientras otros esperan su turno. Además, las personas iban de un lado a otro con recetas y radiografías. En el área de Emergencia la recepcionista y los pacientes confirmaron que los servicios funcionaron sin inconvenientes. En cambio, a partir de las 11:00 en el Hospital Enrique Garcés, del sur de Quito, se registró una mayor afluencia de pacientes, ya que las personas que no recibieron atención médica en el Pablo Arturo Suárez acudieron a este centro. La gente se preocupó al saber que los médicos se encontraban en una reunión a puerta cerrada. Finalmente, las actividades se realizaron con normalidad. Los doctores prefirieron no pronunciarse sobre el Código Penal. En el país, actualmente los errores médicos no están tipificados como delitos. En el artículo 434 en el capítulo referido a los delitos contra la salud pública, el Código Penal actual establece únicamente, aunque no de forma muy clara, multas y sanciones por "actos cometidos por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de normas". Las multas son de USD 8 a 77 y la cárcel (si hay enfermedad o muerte) va de seis meses a cinco años. Por este tipo de delitos, según la Fiscalía, se registraron 54 casos entre enero del 2011 y marzo del 2012. De esos, ninguno recibió sentencia. En ese mismo período, 30 casos fueron desestimados, unos estaban en indagación previa y otros en instrucción. Pero en el Tribunal de Honor de Médicos de Pichincha se ha recibido 66 denuncias de supuestas intervenciones médicas inadecuadas desde el 2000. En 13 años cuatro profesionales recibieron sanciones administrativas. Guayaquil y Cuenca sin líos La atención médica en los hospitales y centros de salud públicos de Guayaquil y Cuenca fue normal ayer, tanto en consulta externa como en emergencia. Un pediatra del Hospital Vicente Corral Moscoso, quien pidió la reserva de su nombre, dijo que nadie les ha convocado a medidas de hecho por la aprobación del Código Integral Penal pero, no está de acuerdo con lo dispuesto por la Asamblea Nacional que intenta penalizar la mala práctica médica. “Estamos para salvar vidas, no para matar”. En esta casa de salud laboran más de 200 médicos y especialistas que atienden un promedio de 6 200 pacientes por mes en el área de Emergencia y 9 000 consultas externas. Allí, se reciben enfermos transferidos de otras casas de salud de las provincias vecinas como Cañar, El Oro y Morona Santiago. En el Hospital Universitario de Guayaquil hasta las 11:30 de ayer la atención fue sin ningún contratiempo. En ese hospital laboran unas 400 personas entre médicos y administración. Al día se realizan unas 1 500 consultas diarias. Ambato en sesión permanente Las actividades en el Hospital Docente Ambato se desarrollaron ayer con normalidad. Los pacientes recibieron atención en las diferentes áreas y especialidad de la principal casa de salud de Tungurahua. Sin embargo, hay intranquilidad en los 700 socios del Colegio de Médicos de Tungurahua. Ellos se declararon en sesión permanente en apoyo a sus colegas del Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito. Guillermo Bastidas, presidente del Colegio de Médicos, dijo que desde las 20:00 de ayer tendrían una reunión con el Directorio en su sede ubicada en el barrio Ficoa, para analizar el tema. En la reunión estarán presentes también los delegados de otros colegios pertenecientes al gremio: odontólogos, enfermeras, bioquímicos y otras agrupaciones. “El nuevo Código Penal está criminalizando a los médicos. Por eso apoyamos a los colegas y si tenemos que ir a una paralización y poner la renuncia lo haremos, a pesar de la persecución que hará el Gobierno a los profesionales”, afirmó Bastidas. El Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado en el que informa su postura sobre las demandas de los médicos.


Cinco pacientes, vestidos con pijamas y sostenidos del brazo de sus familiares, apoyaron a más de 150 médicos en el Hospital Pablo Arturo Suárez, del norte de Quito. Ellos abandonaron por un momento sus camas de hospitalización para decir que respaldaban a los galenos de este centro. 

Los médicos, pocas horas antes, habían anunciado su renuncia y se declararon en reunión permanente para analizar su situación laboral. Ellos señalan que no tienen garantías después de que la Asamblea Nacional aprobara la mayor parte del Código Integral Penal el pasado domingo. 

Los pacientes del área de neurología se enteraron a las 08:00 que sus doctores habían renunciado. 

Carlos Tipán, quien tiene un tumor en la cabeza y está interno desde hace 10 días, se dirigió a la puerta de Emergencia. Lo hizo cogido del brazo de su esposa Martha Pilco y allí dijo que "hay buenos médicos" y que no quieren que se vayan. 

Los médicos se quejan, entre otras cosas, del artículo 146 que estipula la mala práctica profesional con penas que van entre tres y cinco años (ver puntuales). 

"Esto es una responsabilidad compartida", declaró Juan Barriga, médico traumatólogo de esta casa de salud. Él señala que desde hace dos años en este Hospital no hay insumos para operar a los pacientes. Solo en su área, existen más de 200 personas en lista de espera para ser operadas. "La negligencia en ciertos casos no solo pasa por el médico, sino por la falta de insumos y eso es compartido", aclara. 

Precisamente, Carmen Loor, acudió ayer al Pablo Arturo Suárez para que le den la orden de ingreso y ser operada el próximo lunes. 

Ella ha esperado cuatro meses y ahora le dijeron que se suspendieron las cirugías. "No hay insumos y no es culpa de los médicos, ellos hacen bien su trabajo", dijo mientras expresaba su respaldo a la medida adoptada por los galenos. 

A pesar de las reuniones, en este centro de salud, en la mañana, no se suspendió la atención médica a los pacientes que ya tenían previa cita ni a los que llegaban al área de emergencia. Mientras los dirigentes nacionales de la salud anunciaban que delegaciones de otros hospitales locales y provinciales se sumarían a la renuncia de los doctores, las atenciones en los demás hospitales de la ciudad se realizaban con normalidad. 

Así, en las salas de consulta externa y de emergencias del Hospital de Niños Baca Ortiz, ubicado en el centro norte de Quito, no se paralizaron las actividades. El personal trabajó en las ventanillas para recibir las citas de los pacientes que aguardaban en los asientos de la primera planta del centro de salud. 

Dos guardias de seguridad se ubicaron en los ingresos de las puertas principales y de los pasillos. Los médicos recibieron a los pacientes en los consultorios. Igual ocurrió en Emergencia. Allí no hubo contratiempos en la atención. En la mañana, los trabajadores del Baca Ortiz dijeron que nadie les había informado sobre algún cambio en la rutina laboral. 

Un médico de esta casa de salud, que prefirió la reserva de su nombre, indicó que una comisión del centro de salud hablará en su representación por las inconformidades sobre el Código Penal. 

En el Hospital Eugenio Espejo, uno de los centros estatales de salud más grandes del país, los servicios de consulta externa y farmacia atendieron sin inconvenientes la mañana de ayer. Decenas de pacientes hicieron cola en las ventanillas, mientras otros esperan su turno. Además, las personas iban de un lado a otro con recetas y radiografías. En el área de Emergencia la recepcionista y los pacientes confirmaron que los servicios funcionaron sin inconvenientes. 

En cambio, a partir de las 11:00 en el Hospital Enrique Garcés, del sur de Quito, se registró una mayor afluencia de pacientes, ya que las personas que no recibieron atención médica en el Pablo Arturo Suárez acudieron a este centro. 

La gente se preocupó al saber que los médicos se encontraban en una reunión a puerta cerrada. 

Finalmente, las actividades se realizaron con normalidad. Los doctores prefirieron no pronunciarse sobre el Código Penal. 

En el país, actualmente los errores médicos no están tipificados como delitos. En el artículo 434 en el capítulo referido a los delitos contra la salud pública, el Código Penal actual establece únicamente, aunque no de forma muy clara, multas y sanciones por "actos cometidos por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de normas". Las multas son de USD 8 a 77 y la cárcel (si hay enfermedad o muerte) va de seis meses a cinco años. 

Por este tipo de delitos, según la Fiscalía, se registraron 54 casos entre enero del 2011 y marzo del 2012. De esos, ninguno recibió sentencia. En ese mismo período, 30 casos fueron desestimados, unos estaban en indagación previa y otros en instrucción. 

Pero en el Tribunal de Honor de Médicos de Pichincha se ha recibido 66 denuncias de supuestas intervenciones médicas inadecuadas desde el 2000. En 13 años cuatro profesionales recibieron sanciones administrativas. 

Guayaquil y Cuenca sin líos 

La atención médica en los hospitales y centros de salud públicos de Guayaquil y Cuenca fue normal ayer, tanto en consulta externa como en emergencia. 

Un pediatra del Hospital Vicente Corral Moscoso, quien pidió la reserva de su nombre, dijo que nadie les ha convocado a medidas de hecho por la aprobación del Código Integral Penal pero, no está de acuerdo con lo dispuesto por la Asamblea Nacional que intenta penalizar la mala práctica médica. “Estamos para salvar vidas, no para matar”. 

En esta casa de salud laboran más de 200 médicos y especialistas que atienden un promedio de 6 200 pacientes por mes en el área de Emergencia y 9 000 consultas externas. Allí, se reciben enfermos transferidos de otras casas de salud de las provincias vecinas como Cañar, El Oro y Morona Santiago. 

En el Hospital Universitario de Guayaquil hasta las 11:30 de ayer la atención fue sin ningún contratiempo. En ese hospital laboran unas 400 personas entre médicos y administración. Al día se realizan unas 1 500 consultas diarias. 

Ambato en sesión permanente 

Las actividades en el Hospital Docente Ambato se desarrollaron ayer con normalidad. 

Los pacientes recibieron atención en las diferentes áreas y especialidad de la principal casa de salud de Tungurahua. Sin embargo, hay intranquilidad en los 700 socios del Colegio de Médicos de Tungurahua. Ellos se declararon en sesión permanente en apoyo a sus colegas del Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito. 

Guillermo Bastidas, presidente del Colegio de Médicos, dijo que desde las 20:00 de ayer tendrían una reunión con el Directorio en su sede ubicada en el barrio Ficoa, para analizar el tema. 

En la reunión estarán presentes también los delegados de otros colegios pertenecientes al gremio: odontólogos, enfermeras, bioquímicos y otras agrupaciones. 

“El nuevo Código Penal está criminalizando a los médicos. Por eso apoyamos a los colegas y si tenemos que ir a una paralización y poner la renuncia lo haremos, a pesar de la persecución que hará el Gobierno a los profesionales”, afirmó Bastidas. 

El Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado en el que informa su postura sobre las demandas de los médicos.

Cinco pacientes, vestidos con pijamas y sostenidos del brazo de sus familiares, apoyaron a más de 150 médicos en el Hospital Pablo Arturo Suárez, del norte de Quito. Ellos abandonaron por un momento sus camas de hospitalización para decir que respaldaban a los galenos de este centro. Los médicos, pocas horas antes, habían anunciado su renuncia y se declararon en reunión permanente para analizar su situación laboral. Ellos señalan que no tienen garantías después de que la Asamblea Nacional aprobara la mayor parte del Código Integral Penal el pasado domingo. Los pacientes del área de neurología se enteraron a las 08:00 que sus doctores habían renunciado. Carlos Tipán, quien tiene un tumor en la cabeza y está interno desde hace 10 días, se dirigió a la puerta de Emergencia. Lo hizo cogido del brazo de su esposa Martha Pilco y allí dijo que "hay buenos médicos" y que no quieren que se vayan. Los médicos se quejan, entre otras cosas, del artículo 146 que estipula la mala práctica profesional con penas que van entre tres y cinco años (ver puntuales). "Esto es una responsabilidad compartida", declaró Juan Barriga, médico traumatólogo de esta casa de salud. Él señala que desde hace dos años en este Hospital no hay insumos para operar a los pacientes. Solo en su área, existen más de 200 personas en lista de espera para ser operadas. "La negligencia en ciertos casos no solo pasa por el médico, sino por la falta de insumos y eso es compartido", aclara. Precisamente, Carmen Loor, acudió ayer al Pablo Arturo Suárez para que le den la orden de ingreso y ser operada el próximo lunes. Ella ha esperado cuatro meses y ahora le dijeron que se suspendieron las cirugías. "No hay insumos y no es culpa de los médicos, ellos hacen bien su trabajo", dijo mientras expresaba su respaldo a la medida adoptada por los galenos. A pesar de las reuniones, en este centro de salud, en la mañana, no se suspendió la atención médica a los pacientes que ya tenían previa cita ni a los que llegaban al área de emergencia. Mientras los dirigentes nacionales de la salud anunciaban que delegaciones de otros hospitales locales y provinciales se sumarían a la renuncia de los doctores, las atenciones en los demás hospitales de la ciudad se realizaban con normalidad. Así, en las salas de consulta externa y de emergencias del Hospital de Niños Baca Ortiz, ubicado en el centro norte de Quito, no se paralizaron las actividades. El personal trabajó en las ventanillas para recibir las citas de los pacientes que aguardaban en los asientos de la primera planta del centro de salud. Dos guardias de seguridad se ubicaron en los ingresos de las puertas principales y de los pasillos. Los médicos recibieron a los pacientes en los consultorios. Igual ocurrió en Emergencia. Allí no hubo contratiempos en la atención. En la mañana, los trabajadores del Baca Ortiz dijeron que nadie les había informado sobre algún cambio en la rutina laboral. Un médico de esta casa de salud, que prefirió la reserva de su nombre, indicó que una comisión del centro de salud hablará en su representación por las inconformidades sobre el Código Penal. En el Hospital Eugenio Espejo, uno de los centros estatales de salud más grandes del país, los servicios de consulta externa y farmacia atendieron sin inconvenientes la mañana de ayer. Decenas de pacientes hicieron cola en las ventanillas, mientras otros esperan su turno. Además, las personas iban de un lado a otro con recetas y radiografías. En el área de Emergencia la recepcionista y los pacientes confirmaron que los servicios funcionaron sin inconvenientes. En cambio, a partir de las 11:00 en el Hospital Enrique Garcés, del sur de Quito, se registró una mayor afluencia de pacientes, ya que las personas que no recibieron atención médica en el Pablo Arturo Suárez acudieron a este centro. La gente se preocupó al saber que los médicos se encontraban en una reunión a puerta cerrada. Finalmente, las actividades se realizaron con normalidad. Los doctores prefirieron no pronunciarse sobre el Código Penal. En el país, actualmente los errores médicos no están tipificados como delitos. En el artículo 434 en el capítulo referido a los delitos contra la salud pública, el Código Penal actual establece únicamente, aunque no de forma muy clara, multas y sanciones por "actos cometidos por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de normas". Las multas son de USD 8 a 77 y la cárcel (si hay enfermedad o muerte) va de seis meses a cinco años. Por este tipo de delitos, según la Fiscalía, se registraron 54 casos entre enero del 2011 y marzo del 2012. De esos, ninguno recibió sentencia. En ese mismo período, 30 casos fueron desestimados, unos estaban en indagación previa y otros en instrucción. Pero en el Tribunal de Honor de Médicos de Pichincha se ha recibido 66 denuncias de supuestas intervenciones médicas inadecuadas desde el 2000. En 13 años cuatro profesionales recibieron sanciones administrativas. Guayaquil y Cuenca sin líos La atención médica en los hospitales y centros de salud públicos de Guayaquil y Cuenca fue normal ayer, tanto en consulta externa como en emergencia. Un pediatra del Hospital Vicente Corral Moscoso, quien pidió la reserva de su nombre, dijo que nadie les ha convocado a medidas de hecho por la aprobación del Código Integral Penal pero, no está de acuerdo con lo dispuesto por la Asamblea Nacional que intenta penalizar la mala práctica médica. “Estamos para salvar vidas, no para matar”. En esta casa de salud laboran más de 200 médicos y especialistas que atienden un promedio de 6 200 pacientes por mes en el área de Emergencia y 9 000 consultas externas. Allí, se reciben enfermos transferidos de otras casas de salud de las provincias vecinas como Cañar, El Oro y Morona Santiago. En el Hospital Universitario de Guayaquil hasta las 11:30 de ayer la atención fue sin ningún contratiempo. En ese hospital laboran unas 400 personas entre médicos y administración. Al día se realizan unas 1 500 consultas diarias. Ambato en sesión permanente Las actividades en el Hospital Docente Ambato se desarrollaron ayer con normalidad. Los pacientes recibieron atención en las diferentes áreas y especialidad de la principal casa de salud de Tungurahua. Sin embargo, hay intranquilidad en los 700 socios del Colegio de Médicos de Tungurahua. Ellos se declararon en sesión permanente en apoyo a sus colegas del Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito. Guillermo Bastidas, presidente del Colegio de Médicos, dijo que desde las 20:00 de ayer tendrían una reunión con el Directorio en su sede ubicada en el barrio Ficoa, para analizar el tema. En la reunión estarán presentes también los delegados de otros colegios pertenecientes al gremio: odontólogos, enfermeras, bioquímicos y otras agrupaciones. “El nuevo Código Penal está criminalizando a los médicos. Por eso apoyamos a los colegas y si tenemos que ir a una paralización y poner la renuncia lo haremos, a pesar de la persecución que hará el Gobierno a los profesionales”, afirmó Bastidas. El Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado en el que informa su postura sobre las demandas de los médicos.

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