viernes, 17 de junio de 2016

El Doctor Simón Moreno


Luego de décadas dedicadas al trabajo con los niños del Enrique Garcés, el Doctor Simón Moreno se jubila.


jueves, 16 de junio de 2016

Morir dando a luz




La silenciosa batalla contra la muerte materna en América Central

Por Emma Iriarte

Morir dando a luz. Esa es la condena silenciosa a la que están sentenciadas anualmente miles de mujeres pobres en América Central. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado año fallecieron 977 mujeres durante el parto en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la región mexicana de Chiapas. Al menos la mitad de estas madres, deberían de estar hoy vivas, junto a sus hijos y su familia.

La mayoría de esas muertes eran evitables. Sin embargo, la falta de acceso a servicios sanitarios que sufre el 20% de las mujeres más pobres de Mesoamérica las condena a tener el doble de posibilidades de morir durante el parto que el resto de mujeres de sus mismos países. El reto es mayúsculo, pero también lo es el espacio que hay para el optimismo y la acción. Desde el año 2011, la muerte materna se ha reducido un 10% en la región.

Hace ahora cinco años, los siete países de la región de América Central, junto con el estado de Chiapas en México, se conjuraron para disminuir la muerte materna y neonatal y mejorar el acceso a la atención de salud con calidad del 20% más pobre de sus países. Así nació la Iniciativa Salud Mesoamérica, que cuenta con el apoyo de la Fundación Bill & Melinda Gates, el Instituto Carlos Slim de la Salud y la Agencia Española de Cooperación; y con el manejo y el apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El primer paso en la lucha contra la “epidemia” de mortalidad materna y neonatal entre las mujeres más pobres de América Central fue documentar la magnitud y causas del problema. Los datos no engañaban y relevaban las grandes brechas de equidad en el acceso a la salud, especialmente de mujeres y recién nacidos.

En el año 2010, tan solo 48 de cada 100 mujeres pobres recibían atención médica durante el embarazo, comparado con 99 de cada 100 en el 20% más rico de la población y 77 de cada 100 mujeres en la población promedio. Apenas 50 de cada 100 mujeres pobres eran atendidas por personal calificado durante el parto, comparado con 92 de cada 100 en el 20% más rico y 67 de cada 100 en la población promedio.

La solución no pasaba por realizar grandes inversiones, ni construir costosas infraestructuras. Los gobiernos de la región se comprometieron a cumplir una serie de indicadores de estado de salud que les obligaban a mejorar sus procesos y la eficiencia y calidad de sus sistemas sanitarios. Era el comienzo de una revolución silenciosa, con tintes de movimiento social, que involucraba a ministerios de salud, médicos, enfermeras, parteras, voluntarios y líderes comunitarios.

Cinco años después, las historias de éxito se multiplican a lo largo de toda la región. En enero de 2015, Ana Gómez sufrió una complicación durante su parto; vivía en una aldea de Chiapas, a tres horas en coche del centro hospitalario más cercano. Estaba condenada a morir, tanto ella como su bebé. Sin embargo, una radio instalada en el dispensario médico de su aldea permitió avisar de urgencia al centro hospitalario. Cuando Ana llegó al Hospital, todo estaba ya listo para atender la urgencia. Una pequeña radio y un protocolo de emergencia bien coordinado y ejecutado permitieron salvar la vida de Ana y de su bebé.

Elizabeth Peralta vive en la montañosa región central de Nicaragua, a varias horas de camino en coche de la principal ciudad. En el año 2014, Elizabeth inició su trabajo de parto de manera inesperada en su hogar. Apenas hubo tiempo para trasladarla al hospital. Dos años más tarde, Elizabeth está a punto de dar a luz a su tercer hijo. Dos semanas antes del término de su embarazo ha decidido trasladarse a la Casa Materna que el Gobierno de Nicaragua ha construido junto al Hospital de Pantasma donde será atendida y monitorizada mientras llega su momento de dar a luz. Un sistema de vales le cubre de manera gratuita el transporte, la estancia y la comida.

Ingrid Violeta Flamenco es la directora del Centro Médico de Tacuba, una montañosa y pobre región al oeste de El Salvador. Atiende a una población de 31.000 ciudadanos, que hasta el año 2011 se habían acostumbrado a convivir con la tragedia de la muerte materna. “Hasta el año 2010 fallecían en nuestra comunidad entre 15 y 20 mujeres anuales dando a luz. Desde el año 2011 solo hemos tenido una muerte materna”, reconoce la médica de Tacuba, que señala que la principal causa de este descenso se ha logrado especialmente porque más mujeres acuden a un hospital para la atención calificada del parto, en lugar de tener sus bebes en casa. “Hemos pasado en cinco años de un parto institucional de un 40% a una tasa superior al 90%”, explica la doctora Flamenco, quien asegura que este cambio de comportamiento ha salvado decenas de vidas en su comunidad.

Un pequeño equipo de radio en un dispensario médico, la construcción de una modesta casa materna, unos vales de ayuda para el transporte y el alojamiento, unos nuevos protocolos de atención de urgencias obstétricas, una red local de voluntarios que asesoran a las mujeres en asuntos de parto y de planificaciónfamilia; 'estos aparentemente pequeños cambios en los sistemas de salud son los que salvan la vida de cientos de madres y bebés al año. Los países de América Central han econtrado la fórmula para hacer frente al peor, más desconocido y más injusto de sus retos sanitarios'.



domingo, 22 de mayo de 2016

Libre de 40 años de cárcel



Por Jan Martínez Ahrens



Sufrió un problema obstétrico y fue denunciada por los médicos que la atendieron.

Cuatro años ha tardado María Teresa Rivera en ver el final del túnel. En 2012 fue condenada a 40 años de cárcel por un aborto sufrido en casa. La despiadada sentencia, símbolo de la durísima legislación antiabortista en El Salvador, ha sido ahora anulada. El juez, tras un largo proceso de apelación, admite que “hubo debilidades en la autopsia realizada al cadáver” y que se carecían de “elementos probatorios que determinaran que fuera ella la que le quitara a la vida a su hijo”.

La liberación de Rivera, de 32 años, supone el fin de una pesadilla que se inició el 24 de noviembre de 2011 en el municipio de Mejicanos. La mujer, debido a un “problema obstétrico”, perdió al feto, de 21 semanas. La hemorragia la dejó tirada en el cuarto de baño, donde fue descubierta por su suegra y llevada al hospital. Los médicos, a los que también pone en la diana la ley salvadoreña, dieron parte a la policía. Un mecanismo infernal se había puesto en marcha.

Al tratarse de un hecho extrahospitalario, la fiscalía dejó fuera la imputación por aborto y directamente la acusó de asesinato (homicidio agravado). 40 años de cárcel. Pese a la oleada de protestas internacionales, el 27 de julio de 2012 el tribunal dictó sentencia. Ahora, cuatro años después, da marcha atrás.

La revocación de la condena ha sido aplaudida por las organizaciones que luchan por acabar con la implacable persecución del aborto en El Salvador. “La liberación de Rivera es un paso adelante en un país donde las mujeres son tratadas como ciudadanas de segunda clase”, señaló en un comunicado Amnistía Internacional. “Es una luz de esperanza para las mujeres juzgadas irresponsablemente”, dijo a Efe la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

En El Salvador, uno de los países con mayor tasa de embarazos adolescentes de Latinoamérica, el aborto está prohibido en cualquier circunstancia. Da igual que la vida de la madre corra peligro o que la gestación sea debida a violación o incesto. La pena mínima es de ocho años y la máxima 50 años. En una década, se han emitido más de un centenar de condenas. La rigidez legislativa es tal que en 2013 el Tribunal Supremo rechazó la petición de aborto de una mujer de 23 años, gravísimamente enferma y con un feto anencefálico (sin cerebro), y obligó a practicar una cesárea. La criatura murió, como habían alertado los médicos, a los pocos días.