En México, Luis Fernando Montes de Oca ha muerto

 

Después de trasladar en ambulancia a una mujer con complicaciones de parto, el joven estudiante de Medicina Luis Fernando Montes de Oca iba de regreso al hospital donde realizaba su servicio social. Mientras viajaba por la carretera de Zacatecas a Jalisco, él y el chofer de la ambulancia fueron interceptados y asesinados a balazos. Horas después los encontraron junto a la unidad ya incendiada. El evento de inmediato indignó a la sociedad, al sector médico y a los estudiantes de medicina que exigen una respuesta a las autoridades. "Sentimos mucha impotencia y decepción con la sociedad. Estudiamos para ayudar a la población y por soñar con ser médicos nos terminan asesinando. Luis estaba a solo tres semanas de concluir su servicio social para titularse como Médico General”, dijo el vocero del Movimiento Estudiantil UAG y del Colectivo #JusticiaParaLuis, quien por motivos de seguridad prefiere no dar su identidad.

También asegura que no conocen algún estudiante de medicina que no haya sufrido un hecho relacionado con la violencia durante este periodo de su preparación. Explica que no es algo nuevo, solo que, en la actualidad, con las redes sociales, los casos se vuelven públicos y no quedan archivados.

"Envían a los estudiantes de medicina a zonas de alta peligrosidad donde el crimen es el que manda. Incluso el acceso al lugar es complicado, se tiene que llegar en burro o vehículos todo terreno para poder entrar. El gobierno se ha aprovechado de los médicos de servicio social, sobre ellos recae la responsabilidad de ofrecer salud. Van sin apoyos de logística, incluso el estudiante pone de su propio dinero para comprar medicamentos e insumos”, agrega el vocero del colectivo #JusticiaParaLuis.

Nadie asume responsabilidades

Por su parte, la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), institución donde estudiaba Luis Fernando Montes de Oca, lamentó el fallecimiento. El Estado no se ha pronunciado al respecto. Ambos hechos son calificados como "tibios” y encolerizan al sector salud, el cual en últimas fechas ha multiplicado esfuerzos al exponer su vida en la emergencia sanitaria del coronavirus en el país.

 

"La universidad se ha mantenido distante, no ha sido solidaria. Después de la muerte de Luis, convocamos a llevar pancartas para protestar y no nos dejaron ni siquiera colgarlas con la excusa de que dañaríamos las paredes”, agrega el vocero del Movimiento Estudiantil UAG. Fue en los años treinta que en México se implementó el Servicio Social con la participación de los universitarios; y hasta el día de hoy no se ha modificado su regulación en el área de la medicina. "Se han tenido acercamientos, desde hace 10 años, a raíz de las preocupaciones de los estudiantes. No se ha llegado a nada e incluso se asignan plazas sin retribución becaria. Lo único que pedimos son pasantías dignas”, comenta en entrevista con DW José Francisco Gómez Zapata, Presidente Nacional de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación.

El acceso a la salud en territorio mexicano

Por la situación de violencia que se vive en el país, los estudiantes de medicina piden la opción de hacer su servicio social en una fábrica, empresa o prolongar su residencia un año más en los hospitales. También piden una reforma en que se cumplan los plazos estipulados desde un inicio: "Es necesario que los estudiantes solo cumplan con el tiempo de seis meses y que se envíen a zonas seguras. Las universidades asignan las plazas que reciben del gobierno, pero nadie se hace responsable ante un hecho de violencia”, agrega Gómez Zepeda. Aún falta reconocer por parte del Estado y las Secretarías de Salud locales el peligro que viven los jóvenes durante este periodo de la carrera.

Sobre el tema, la organización humanitaria Médicos sin Fronteras expresa que: "Hace mucha falta la presencia de la Secretaria de Salud, desde hace años faltan médicos y las brigadas móviles no llegan, son irregulares y se ven afectadas por los incidentes violentos. En los diferentes lugares donde trabajamos, siempre lo hacemos de la mano del personal de salud, pues nuestro objetivo es apoyar a la Secretaría. Sabemos que muchos médicos y enfermeras no son de la población y hemos encontrado casos en que han tenido que irse porque han sido amenazados por los grupos criminales o viven situaciones de alta inseguridad. Estos lugares se quedan desprotegidos y la población vive muchas carencias, pues son comunidades alejadas; el costo de salir de ahí es alto y en muchos casos las comunidades están confinadas por fronteras invisibles de otros grupos armados”, comenta Laura Gómez, coordinadora de proyecto en Médicos sin Fronteras para los estados de Guerrero y Michoacán.

"Nosotros llegamos a lugares donde la propia Secretaría de Salud no puede llegar por la situación de conflicto. Lo logramos hablando con todos los actores necesarios, desde la neutralidad, no tomamos partido, nos hacemos conocer por nuestras actividades. Vamos solos y por nuestra parte, hacemos nuestras evaluaciones. Antes de llegar a cualquier lugar conseguimos todos los contactos necesarios, esto quiere decir, líderes sociales, los comisarios o los encargados del orden, los sacerdotes, profesores, grupos armados legales e ilegales. Hablamos con la mayor cantidad de gente posible que tenga que ver con la zona para comentarles sobre nuestras actividades y nuestro interés de brindar servicios de salud. El Estado debe reforzar su presencia en estas comunidades que han estado abandonadas por años, y es ahí donde los médicos tienen que huir por la violencia”, concluye Laura Gómez, de Médicos sin Fronteras en México.

 

FUENTES: https://www.dw.com/es/m%C3%A9xico-por-so%C3%B1ar-con-ser-m%C3%A9dicos-nos-terminan-asesinando/a-58279722

 https://www.somosfan.com/crimen/luis-fernando-montes-de-oca/64882/

 

La muy peligrosa moda de negar la evidencia científica en los tiempos de la pandemia

La mujer vector

 

Artículo de opinión de Irene Torres publicado en Diario EL UNIVERSO el 24 de junio del 2021

 

Olvidando que continuamos en franca pandemia, el Comité de Operaciones de Emergencia nacional va a dar por terminadas casi las últimas restricciones de movimiento en el país que habían sido formuladas para mitigar la transmisión de SARS-CoV-2. Ecuador le apuesta a una vacunación masiva que todavía tardará en llegar e ignora hasta el día de hoy la necesidad de aumentar y mejorar la capacidad diagnóstica.

No es suficiente evitar las muertes con la inmunización; hay que evitar la transmisión. Tener COVID, con o sin vacuna, tiene consecuencias en la salud, aun cuando los casos no sean severos o prolongados. Pero no hacemos suficientes pruebas y, peor aún, continúan en el mercado pruebas de baja calidad.

A pesar de que yo misma había advertido a los lectores de EL UNIVERSO de que el país debía tener “cuidado con las pruebas”, y de que había estado en contacto cercano con una persona con COVID, el momento en que tuve síntomas de esta enfermedad me hice una prueba PCR. Tras un resultado negativo falso, salí a comprar comida e incluso fui a la farmacia (aunque con doble mascarilla) porque tenía que cuidar de los míos. Cuando colapsé con un franco caso de COVID supe que había actuado como un vector, una verdadera arma biológica, cargando SARS-CoV-2 por la ciudad.

¿Coincidencia? ¿Mala suerte? A riesgo de que la empresa me siga un juicio por difamación, pero debido a que las autoridades ecuatorianas no actúan, quiero compartir que el laboratorio me confirmó que utilizó el kit de Bioneer, del cual no encuentro una autorización de venta en su país de origen, Corea del Sur. Sobre la baja sensibilidad de esta marca, Miguel Ángel García Bereguiain, de la Universidad de las Américas (UDLA), ha publicado no uno, sino dos artículos científicos.

En respuesta, la empresa representante de Bioneer en Ecuador le siguió un juicio al Dr. García Bereguiain, que no es el único investigador que ha sufrido intimidación legal de este tipo. Elisabeth Bik se encuentra en el centro de una vergonzosa tormenta en su contra, liderada por un defensor de la hidroxicloroquina al cual nadie con conocimiento de causa defiende.

Si usamos la ciencia para todo tipo de decisiones médicas (el tipo de cirugía que necesitamos, la medida de unos lentes de lectura), ¿por qué insistimos en negar la evidencia científica en nuestro país? Las instituciones públicas se deslindan de responsabilidad endosándose competencias entre ellas sin el menor empacho. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, bien gracias, no valida pruebas, cuando podría revisar la literatura, como sí lo hacen la Comunidad Europea y la FDA en Estados Unidos. El Ministerio de Salud Pública, igual, ni siquiera se pronuncia cuando por la Asamblea Nacional pasan promotores de dióxido de cloro y un “equilibrador” del sistema inmunológico, como quien anuncia que vio pasar un ovni y hay que creerle.

Las víctimas, al final, no son los investigadores. Somos nosotros los pacientes y las personas con las cuales intercambiamos de la mano de un diagnóstico de laboratorio que puede estar equivocado. Difícil volver a clases presenciales con tan poco apoyo del Estado. 

 

FUENTES: https://www.eluniverso.com/opinion/columnistas/la-mujer-vector-nota/

 

https://www.cambio16.com/el-farmaco-hidroxicloroquina-anti-covid-19-enfrenta-al-mundo-cientifico/ 

 

El sindrome de burnout en los tiempos de la pandemia (y en otros tiempos, también)

 

 

FUENTE: https://www.pictoline.com/timeline/2021/06/16/18hrs40min23sec?lang=es&dir=prev&bg=e98f50

Las postgradistas de Pediatría de la Neo del Enrique de frente a la innegable vulneración de sus derechos

 

En la ciudad de Zacatecoluca de El Salvador, Sara Rogel está libre

 

 

En octubre de 2012, la joven salvadoreña Sara Rogel, entonces de 18 años, estaba a punto de terminar el bachillerato, cuando fue arrestada, condenada y sentenciada a 30 años de cárcel por “homicidio agravado” luego de un aborto que asegura se debió a una caída.

“Fue un accidente que dio vuelta a mi vida. Yo amaba a mi bebé y por una caída terminé en la cárcel”, dijo este martes en una conferencia de prensa tras su liberación. 

Tras cumplir casi 10 años en una prisión de mujeres, la Justicia de El Salvador decidió conmutar la pena de Rogel en enero pasado y, tras varias audiencias y procesos judiciales, un juez decretó a finales de mayo su libertad condicional.

“Fue muy difícil porque me di cuenta de tantas cosas ya presa. Para mí me robaron mis sueños, tanto de poder saber dónde estaba mi hija hasta terminar mis estudios, de estar lejos de mis papás, que nunca me había separado de ellos, ni de mis hermanos…”, dijo. 

Su caso no es el único.

Según Agrupación Ciudadana, una ONG que aboga por la despenalización del aborto en El Salvador, otras 16 mujeres se encuentran actualmente en las cárceles del país por casos similares. 

La nación centroamericana, una sociedad conservadora y mayoritariamente católica, no contempla excepciones para la interrupción del embarazo, incluso cuando ocurre una violación o cuando la vida de la madre está en riesgo.

Esto ha llevado a que decenas de mujeres, principalmente de zonas pobres, hayan sido encarceladas a lo largo de los años por la muerte de sus fetos en casos en los que aseguran haber sufrido abortos espontáneos. 

Para muchos en el país centroamericano, la llegada al gobierno del presidente Nayib Bukele, quien prometió reformar las estructuras más anquilosadas de la nación, fue una esperanza de que las cosas también podrían cambiar en esta área.

Pero cualquier modificación sobre el aborto debe pasar antes por el Congreso, que no ha contemplado su discusión luego de que Bukele alcanzara una mayoría absoluta. 

El caso de Sara Rogel

Rogel dice que nunca esperó que su embarazo la fuera a llevar a la peor pesadilla de su vida. “Yo amaba a mi bebé. Yo tenía todo lo que una madre deseaba, tener una bebé, que estaba a punto de acompañarme”, dice.

Sin embargo, asegura que un día, ya con ocho meses de embarazo, resbaló mientras caminaba por su casa, ubicada en un área rural del departamento de Cuscatlán, en el centro del país. 

“Me caí, quedé inconsciente y cuando desperté estaba en el hospital. No sabía qué pasaba, no sabía nada de mi hija, nadie me decía nada de qué era lo que sucedía conmigo”, recuerda.

Cuenta que por un par de días vivió en la incertidumbre: los médicos solo le decían que no se debía mover porque había perdido mucha sangre. 

Según denuncian colectivos feministas, cuando las mujeres llegan a los hospitales de El Salvador con síntomas de haber perdido un embarazo, los médicos en muchas ocasiones llaman a la policía incluso antes de iniciar un tratamiento.

“Cuando reaccioné ya estaba privada de libertad, sin saber qué pasaba con mis papás, qué pasaba con ella (con la bebé que había perdido)”, rememora. 

El tiempo perdido

Ahora, tras casi una década en una cárcel de mujeres, la joven mira hacia atrás y cree que lo sucedido acabó con las aspiraciones de su juventud.

“Estaba al terminar mis estudios. Quería hacer una licenciatura en enfermería y, lamentablemente, me pasó este accidente”, se lamenta. 

Dice que el periodo en la cárcel fue muy difícil: “anhelaba volver a mi casa, estar con mis papás, con mi familia”. A pesar de todo, piensa que logró salir adelante, pero reconoce que el dolor de lo que le sucedió la sigue persiguiendo.

“Fue algo muy doloroso para mí porque nunca pensé que de un golpe iba a perder a mi hija y, lo peor, que estuviera tras las rejas tantos años cuando no tuve nada que ver”, cuenta. 

Para ella, su misión ahora es visibilizar la situación de las mujeres que continúan en las cárceles de El Salvador por motivos semejantes al suyo. “Hoy aquí estoy pidiendo que se haga justicia con mis demás compañeras que se han quedado presas. Porque, así como yo sufrí ese daño, hay mucha gente detrás de esas rejas con muchos años. Y yo quiero que se haga justicia con ellas también”, dijo.

Agrupaciones feministas de El Salvador denuncian que la penalización total del aborto afecta principalmente a las mujeres más pobres y vulnerables del país, que luego deben enfrentar procesos judiciales en los que, aseguran, se dan irregularidades y faltas a las garantías del debido proceso. 

En los últimos años, acciones de grupos de defensa de la mujer en El Salvador han logrado la liberación de al menos 50 mujeres condenadas por haber tenido un aborto.

En 2020, Cindy Erazo fue liberada después de seis años en la cárcel tras ser sentenciada a 30 años de prisión por homicidio agravado, luego de que una emergencia obstétrica durante su octavo mes de embarazo. 

Y en 2019, Evelyn Hernández, quien también había sido sentenciada a 30 años de cárcel luego de que su bebé fuera encontrado muerto en el baño donde dio a luz antes de desmayarse, fue liberada luego de casi tres años en prisión.

FUENTE: https://www.eluniverso.com/noticias/internacional/la-historia-de-sara-rogel-la-joven-salvadorena-liberada-tras-pasar-casi-una-decada-en-prision-por-un-aborto-nota/