Diario HOY, 01 de Noviembre del 2011

Compra obligatoria de puestos

El Ministerio de Relaciones Laborales aseguró que los reemplazos llegan hoy al hospital Guayaquil y a otras entidades públicas

Dos meses ha esperado Isidro Cerezo, de 53 años, para que le practiquen en el Hospital Abel Gilbert de Guayaquil una cirugía que le permita librarse de un aneurisma que se localizó en su cerebro.

Previo al procedimiento, que fue planificado para el próximo jueves, su ingreso se ordenó para el día de ayer con carácter de urgente, esto con el fin de que le pudieran practicar exámenes de rigor.

Sin embargo, a las 06:00, hora en que llegó a la casa de salud, dijo: "Nos encontramos con la noticia de que la operación se detuvo hasta segunda orden, por lo que botaron a un poco de médicos".

En el transcurso de la mañana, unas 15 personas se encontraron en igual situación: los médicos que los trataban ya no estaban.

Desde el viernes pasado, alrededor de 2 700 funcionarios públicos, incluidos los de la Salud, han sido retirados de sus puestos de trabajo bajo la figura de la "compra obligatoria de renuncias", establecida en el Decreto Ejecutivo n.º 813, y utilizada para la optimización o racionalización de las instituciones del Estado.

Hasta fin de año, se pretende lograr la renuncia de un promedio de 4 700 personas, entre ellas, más de 1 000 por concepto de jubilación, de acuerdo con datos del Ministerio de Relaciones Laborales.

Para no afectar el funcionamiento del servicio público, los reemplazos de quienes perdieron sus trabajos iniciarán sus labores a partir de hoy, aseguró Francisco Vacas, viceministro de esa Cartera; y dijo que no se cubrirán necesariamente todas las plazas vacantes.

El funcionario explicó además que el nuevo personal contará con partidas provisionales, tomando en cuenta que se ha iniciado un concurso de méritos y oposición. Los mejores puntuados obtendrán los puestos definitivos en las diversas instituciones que recortaron a su personal.

Además del Ministerio de Salud (MSP), constan en esa lista el sistema de Rehabilitación Social, el Banco Nacional de Fomento, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Agricultura, entre otros.

"Ojalá que mañana (hoy) ya estén completos los médicos, porque hoy me hicieron regresar por las mismas", expresó Beatriz Álvarez, de 81 años, quien no recibió atención en el Área de Fisioterapia del Abel Gilbert, como consecuencia de la falta de personal.

Vacas comunicó que la lista de seleccionados para abandonar sus puestos dependió de un análisis técnico de cada organismo público, así como de un control presupuestario.

El exceso de funcionarios fue también uno de los factores que promovió el proceso, pero negó a la ineficiencia como una causa más.

"Si fuese por un mal trabajo, se siguiera un sumario administrativo, lo cual implica que salgan sin indemnización, pero este es un proceso de optimización del servicio público", indicó.

En tanto, entre el viernes y ayer, en el hospital de niños Francisco de Ycaza Bustamante, se notificó el despido de personal de limpieza, auxiliares de enfermería e incluso miembros del sindicato de trabajadores, sumando alrededor de 180 despedidos.

Cada uno recibió un oficio en el que se les informó que ya no eran parte del MSP y que, el próximo 11 de noviembre, tendrán que presentarse ante la Inspectoría de trabajo de Guayaquil para firmar la respectiva acta de finiquito.

Ítalo Benavides, secretario de la Asociación Sindical Única del MSP de ese hospital, aseguró que, al tratarse de un "despido intempestivo", continuarán laborando pese a la disposición. Además, denunció que el documento se entregó en medio de cirugías y consultas, "sin importarles la vida de los pacientes".

En tanto, en la Presidencia de la Corte de Justicia del Guayas, los asambleístas por el Movimiento Popular Democrático (MPD) Lenín Hurtado y Jorge Escala presentaron ayer un recurso de amparo por los despidos de médicos del hospital Abel Gilbert; el trámite fue enviado a sorteo la tarde de ayer.

Los despedidos de este gremio, organizaron también una marcha en rechazo a la medida que llegó a la Gobernación.

Inician movilizaciones y se anuncian más

Unos 2 700 servidores públicos fueron despedidos hasta ayer y, ante eso, varias organizaciones sindicales de trabajadores preparaban ya próximas movilizaciones a escala nacional. Así lo anunció el presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), Mesías Tatamuez.

Carlos Figueroa, secretario de la Federación Médica Ecuatoriana, señaló ayer durante una protesta en la Plaza Grande que es "un rechazo ante el despido de más de 4 000 trabajadores del sector público de manera injustificada y dictatorial".

Junto a él, estudiantes de medicina de la Universidad Central mostraban con gritos y pancartas el apoyo a los médicos que han sido sus maestros y que, debido al masivo proceso obligatorio de compra de renuncias, no podrán impartirles más clases prácticas.

En tanto que en Guayaquil, decenas de empleados públicos marcharon hacia la plaza San Francisco, donde se juntaron con estudiantes de la Universidad de Guayaquil y miembros de la Asociación Nacional de Médicos Rurales, para rechazar la compra de renuncias y afinar futuras medidas de protesta.

Con carteles en mano rechazaron lo que dijeron es la criminalización del profesional de la salud.

Llaman a audiencia al ministro Espinosa

La Comisión de Derechos de los Trabajadores solicitó de manera urgente al ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, presentarse a una audiencia para explicar las medidas tomadas en la aplicación del Decreto Ejecutivo n.° 813, para la compra obligatoria de renuncias en el sector público.

Así lo anunció la asambleísta Silvia Salgado, del Partido Socialista, afín al Gobierno, tras señalar en un comunicado que, "en cada una de las provincias, existe alarma y desconcierto frente a medidas tomadas por el Ministerio de Relaciones Laborales por un proceso que, de lo que se conoce, se tomó de forma indiscriminada, injusta e ilegal".

La asambleísta aseguró en ese comunicado que esa medida se puede considerar una "violación a los derechos laborales" y expresó su especial preocupación por mujeres embarazadas y los trabajadores próximos a jubilarse. "En definitiva, nos preguntamos dónde está el debido proceso, el derecho a la defensa, la estabilidad laboral, la igualdad frente a la Ley", manifestó.

Por otro lado, la asambleísta Lourdes Tibán (PK), a nombre de la Comisión de Derechos Colectivos, hizo un llamado a la Corte Constitucional a que actué ante "la forma como se ha procedido a despedir a los funcionarios públicos".

"La compra de renuncia a quien no ha pedido o expresado su deseo de venderla constituye un despido intempestivo, que está prohibido en la Constitución y atenta a la estabilidad laboral", expresó Tibán.