sábado, 19 de octubre de 2013

La posición oficial (con todo y los errores de sintaxis) ...

Comunicado oficial

18 de Octubre de 2013 - 19h50




En relación a la inquietud manifestada por varios profesionales de la salud frente a la aprobación del código integral penal por parte de la Asamblea Nacional, el Ministerio de Salud Pública comunica lo siguiente:

El Ministerio de Salud Pública, como autoridad sanitaria nacional garantiza el derecho a la salud de la población, así como el derecho al trabajo de las y los profesionales del sector en condiciones de estabilidad y seguridad. Ningún derecho puede ir en desmedro de otro y es nuestro deber que se garanticen los mismos.

El ejercicio profesional en salud lleva inherente un nivel de riesgo como ninguna otra profesión, por lo que no se puede predecir en forma absoluta los resultados de un acto particular; sin embargo, el profesional de la salud está obligado a  realizar los procedimientos adecuados en todos los casos.

El Nuevo Código Integral Penal aprobado por la Asamblea Nacional, desarrolla la valoración de la responsabilidad de la práctica profesional, pero no incorpora un nuevo delito. En todo caso, el proceso legislativo no está concluido. En este contexto, el Ministerio de Salud Pública, en conjunto con todo el gobierno, ha estado analizando acuciosamente los alcances del nuevo texto.

Conocemos del nivel de profesionalismo y vocación de servicio de nuestras y nuestros médicos y demás profesionales de la salud así como el nivel de credibilidad que tienen en nuestra ciudadanía. Los casos de mala práctica son excepcionales y escasos frente a las miles de atenciones prestadas con excelencia, esfuerzo y mística.

Al Gobierno Nacional sabrá actuar para asegurar los derechos de protección de todas y todos, salvaguardando también la práctica de los médicos cuyo desempeño se enmarque en los valores éticos de la profesión y de las leyes.

Este gobierno ha trabajado e invertido como ningún otro en la salud, profundizando una transformación del sector para mejorar el acceso y la calidad de la atención, generando condiciones para un mejor ejercicio profesional.

Que la desinformación o el temor no afecten trayectorias de trabajo honestas y esforzadas, ni amenacen la prestación de los servicios de salud de nuestra población, especialmente de la más vulnerable y que sea el diálogo el único mecanismo de resolución de conflictos. En cualquier circunstancia, el ministerio garantizará el normal funcionamiento de los servicios, de acuerdo a la constitución y las leyes.

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