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LOS MÉDICOS RADICALIZAN SU POSICIÓN ANTE EL NUEVO CÓDIGO PENAL

Noticia publicada en DIARIO EL COMERCIO, Sábado 19 de octubre del 2013

Cinco pacientes, vestidos con pijamas y sostenidos del brazo de sus familiares, apoyaron a más de 150 médicos en el Hospital Pablo Arturo Suárez, del norte de Quito. Ellos abandonaron por un momento sus camas de hospitalización para decir que respaldaban a los galenos de este centro. Los médicos, pocas horas antes, habían anunciado su renuncia y se declararon en reunión permanente para analizar su situación laboral. Ellos señalan que no tienen garantías después de que la Asamblea Nacional aprobara la mayor parte del Código Integral Penal el pasado domingo. Los pacientes del área de neurología se enteraron a las 08:00 que sus doctores habían renunciado. Carlos Tipán, quien tiene un tumor en la cabeza y está interno desde hace 10 días, se dirigió a la puerta de Emergencia. Lo hizo cogido del brazo de su esposa Martha Pilco y allí dijo que "hay buenos médicos" y que no quieren que se vayan. Los médicos se quejan, entre otras cosas, del artículo 146 que estipula la mala práctica profesional con penas que van entre tres y cinco años (ver puntuales). "Esto es una responsabilidad compartida", declaró Juan Barriga, médico traumatólogo de esta casa de salud. Él señala que desde hace dos años en este Hospital no hay insumos para operar a los pacientes. Solo en su área, existen más de 200 personas en lista de espera para ser operadas. "La negligencia en ciertos casos no solo pasa por el médico, sino por la falta de insumos y eso es compartido", aclara. Precisamente, Carmen Loor, acudió ayer al Pablo Arturo Suárez para que le den la orden de ingreso y ser operada el próximo lunes. Ella ha esperado cuatro meses y ahora le dijeron que se suspendieron las cirugías. "No hay insumos y no es culpa de los médicos, ellos hacen bien su trabajo", dijo mientras expresaba su respaldo a la medida adoptada por los galenos. A pesar de las reuniones, en este centro de salud, en la mañana, no se suspendió la atención médica a los pacientes que ya tenían previa cita ni a los que llegaban al área de emergencia. Mientras los dirigentes nacionales de la salud anunciaban que delegaciones de otros hospitales locales y provinciales se sumarían a la renuncia de los doctores, las atenciones en los demás hospitales de la ciudad se realizaban con normalidad. Así, en las salas de consulta externa y de emergencias del Hospital de Niños Baca Ortiz, ubicado en el centro norte de Quito, no se paralizaron las actividades. El personal trabajó en las ventanillas para recibir las citas de los pacientes que aguardaban en los asientos de la primera planta del centro de salud. Dos guardias de seguridad se ubicaron en los ingresos de las puertas principales y de los pasillos. Los médicos recibieron a los pacientes en los consultorios. Igual ocurrió en Emergencia. Allí no hubo contratiempos en la atención. En la mañana, los trabajadores del Baca Ortiz dijeron que nadie les había informado sobre algún cambio en la rutina laboral. Un médico de esta casa de salud, que prefirió la reserva de su nombre, indicó que una comisión del centro de salud hablará en su representación por las inconformidades sobre el Código Penal. En el Hospital Eugenio Espejo, uno de los centros estatales de salud más grandes del país, los servicios de consulta externa y farmacia atendieron sin inconvenientes la mañana de ayer. Decenas de pacientes hicieron cola en las ventanillas, mientras otros esperan su turno. Además, las personas iban de un lado a otro con recetas y radiografías. En el área de Emergencia la recepcionista y los pacientes confirmaron que los servicios funcionaron sin inconvenientes. En cambio, a partir de las 11:00 en el Hospital Enrique Garcés, del sur de Quito, se registró una mayor afluencia de pacientes, ya que las personas que no recibieron atención médica en el Pablo Arturo Suárez acudieron a este centro. La gente se preocupó al saber que los médicos se encontraban en una reunión a puerta cerrada. Finalmente, las actividades se realizaron con normalidad. Los doctores prefirieron no pronunciarse sobre el Código Penal. En el país, actualmente los errores médicos no están tipificados como delitos. En el artículo 434 en el capítulo referido a los delitos contra la salud pública, el Código Penal actual establece únicamente, aunque no de forma muy clara, multas y sanciones por "actos cometidos por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de normas". Las multas son de USD 8 a 77 y la cárcel (si hay enfermedad o muerte) va de seis meses a cinco años. Por este tipo de delitos, según la Fiscalía, se registraron 54 casos entre enero del 2011 y marzo del 2012. De esos, ninguno recibió sentencia. En ese mismo período, 30 casos fueron desestimados, unos estaban en indagación previa y otros en instrucción. Pero en el Tribunal de Honor de Médicos de Pichincha se ha recibido 66 denuncias de supuestas intervenciones médicas inadecuadas desde el 2000. En 13 años cuatro profesionales recibieron sanciones administrativas. Guayaquil y Cuenca sin líos La atención médica en los hospitales y centros de salud públicos de Guayaquil y Cuenca fue normal ayer, tanto en consulta externa como en emergencia. Un pediatra del Hospital Vicente Corral Moscoso, quien pidió la reserva de su nombre, dijo que nadie les ha convocado a medidas de hecho por la aprobación del Código Integral Penal pero, no está de acuerdo con lo dispuesto por la Asamblea Nacional que intenta penalizar la mala práctica médica. “Estamos para salvar vidas, no para matar”. En esta casa de salud laboran más de 200 médicos y especialistas que atienden un promedio de 6 200 pacientes por mes en el área de Emergencia y 9 000 consultas externas. Allí, se reciben enfermos transferidos de otras casas de salud de las provincias vecinas como Cañar, El Oro y Morona Santiago. En el Hospital Universitario de Guayaquil hasta las 11:30 de ayer la atención fue sin ningún contratiempo. En ese hospital laboran unas 400 personas entre médicos y administración. Al día se realizan unas 1 500 consultas diarias. Ambato en sesión permanente Las actividades en el Hospital Docente Ambato se desarrollaron ayer con normalidad. Los pacientes recibieron atención en las diferentes áreas y especialidad de la principal casa de salud de Tungurahua. Sin embargo, hay intranquilidad en los 700 socios del Colegio de Médicos de Tungurahua. Ellos se declararon en sesión permanente en apoyo a sus colegas del Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito. Guillermo Bastidas, presidente del Colegio de Médicos, dijo que desde las 20:00 de ayer tendrían una reunión con el Directorio en su sede ubicada en el barrio Ficoa, para analizar el tema. En la reunión estarán presentes también los delegados de otros colegios pertenecientes al gremio: odontólogos, enfermeras, bioquímicos y otras agrupaciones. “El nuevo Código Penal está criminalizando a los médicos. Por eso apoyamos a los colegas y si tenemos que ir a una paralización y poner la renuncia lo haremos, a pesar de la persecución que hará el Gobierno a los profesionales”, afirmó Bastidas. El Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado en el que informa su postura sobre las demandas de los médicos.

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: http://www.elcomercio.ec/sociedad/medicos-CodigoPenal-PabloArturoSuarez-salud-despenalizacion-malapractica-protesta_0_1013898727.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com

Cinco pacientes, vestidos con pijamas y sostenidos del brazo de sus familiares, apoyaron a más de 150 médicos en el Hospital Pablo Arturo Suárez, del norte de Quito. Ellos abandonaron por un momento sus camas de hospitalización para decir que respaldaban a los galenos de este centro. Los médicos, pocas horas antes, habían anunciado su renuncia y se declararon en reunión permanente para analizar su situación laboral. Ellos señalan que no tienen garantías después de que la Asamblea Nacional aprobara la mayor parte del Código Integral Penal el pasado domingo. Los pacientes del área de neurología se enteraron a las 08:00 que sus doctores habían renunciado. Carlos Tipán, quien tiene un tumor en la cabeza y está interno desde hace 10 días, se dirigió a la puerta de Emergencia. Lo hizo cogido del brazo de su esposa Martha Pilco y allí dijo que "hay buenos médicos" y que no quieren que se vayan. Los médicos se quejan, entre otras cosas, del artículo 146 que estipula la mala práctica profesional con penas que van entre tres y cinco años (ver puntuales). "Esto es una responsabilidad compartida", declaró Juan Barriga, médico traumatólogo de esta casa de salud. Él señala que desde hace dos años en este Hospital no hay insumos para operar a los pacientes. Solo en su área, existen más de 200 personas en lista de espera para ser operadas. "La negligencia en ciertos casos no solo pasa por el médico, sino por la falta de insumos y eso es compartido", aclara. Precisamente, Carmen Loor, acudió ayer al Pablo Arturo Suárez para que le den la orden de ingreso y ser operada el próximo lunes. Ella ha esperado cuatro meses y ahora le dijeron que se suspendieron las cirugías. "No hay insumos y no es culpa de los médicos, ellos hacen bien su trabajo", dijo mientras expresaba su respaldo a la medida adoptada por los galenos. A pesar de las reuniones, en este centro de salud, en la mañana, no se suspendió la atención médica a los pacientes que ya tenían previa cita ni a los que llegaban al área de emergencia. Mientras los dirigentes nacionales de la salud anunciaban que delegaciones de otros hospitales locales y provinciales se sumarían a la renuncia de los doctores, las atenciones en los demás hospitales de la ciudad se realizaban con normalidad. Así, en las salas de consulta externa y de emergencias del Hospital de Niños Baca Ortiz, ubicado en el centro norte de Quito, no se paralizaron las actividades. El personal trabajó en las ventanillas para recibir las citas de los pacientes que aguardaban en los asientos de la primera planta del centro de salud. Dos guardias de seguridad se ubicaron en los ingresos de las puertas principales y de los pasillos. Los médicos recibieron a los pacientes en los consultorios. Igual ocurrió en Emergencia. Allí no hubo contratiempos en la atención. En la mañana, los trabajadores del Baca Ortiz dijeron que nadie les había informado sobre algún cambio en la rutina laboral. Un médico de esta casa de salud, que prefirió la reserva de su nombre, indicó que una comisión del centro de salud hablará en su representación por las inconformidades sobre el Código Penal. En el Hospital Eugenio Espejo, uno de los centros estatales de salud más grandes del país, los servicios de consulta externa y farmacia atendieron sin inconvenientes la mañana de ayer. Decenas de pacientes hicieron cola en las ventanillas, mientras otros esperan su turno. Además, las personas iban de un lado a otro con recetas y radiografías. En el área de Emergencia la recepcionista y los pacientes confirmaron que los servicios funcionaron sin inconvenientes. En cambio, a partir de las 11:00 en el Hospital Enrique Garcés, del sur de Quito, se registró una mayor afluencia de pacientes, ya que las personas que no recibieron atención médica en el Pablo Arturo Suárez acudieron a este centro. La gente se preocupó al saber que los médicos se encontraban en una reunión a puerta cerrada. Finalmente, las actividades se realizaron con normalidad. Los doctores prefirieron no pronunciarse sobre el Código Penal. En el país, actualmente los errores médicos no están tipificados como delitos. En el artículo 434 en el capítulo referido a los delitos contra la salud pública, el Código Penal actual establece únicamente, aunque no de forma muy clara, multas y sanciones por "actos cometidos por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de normas". Las multas son de USD 8 a 77 y la cárcel (si hay enfermedad o muerte) va de seis meses a cinco años. Por este tipo de delitos, según la Fiscalía, se registraron 54 casos entre enero del 2011 y marzo del 2012. De esos, ninguno recibió sentencia. En ese mismo período, 30 casos fueron desestimados, unos estaban en indagación previa y otros en instrucción. Pero en el Tribunal de Honor de Médicos de Pichincha se ha recibido 66 denuncias de supuestas intervenciones médicas inadecuadas desde el 2000. En 13 años cuatro profesionales recibieron sanciones administrativas. Guayaquil y Cuenca sin líos La atención médica en los hospitales y centros de salud públicos de Guayaquil y Cuenca fue normal ayer, tanto en consulta externa como en emergencia. Un pediatra del Hospital Vicente Corral Moscoso, quien pidió la reserva de su nombre, dijo que nadie les ha convocado a medidas de hecho por la aprobación del Código Integral Penal pero, no está de acuerdo con lo dispuesto por la Asamblea Nacional que intenta penalizar la mala práctica médica. “Estamos para salvar vidas, no para matar”. En esta casa de salud laboran más de 200 médicos y especialistas que atienden un promedio de 6 200 pacientes por mes en el área de Emergencia y 9 000 consultas externas. Allí, se reciben enfermos transferidos de otras casas de salud de las provincias vecinas como Cañar, El Oro y Morona Santiago. En el Hospital Universitario de Guayaquil hasta las 11:30 de ayer la atención fue sin ningún contratiempo. En ese hospital laboran unas 400 personas entre médicos y administración. Al día se realizan unas 1 500 consultas diarias. Ambato en sesión permanente Las actividades en el Hospital Docente Ambato se desarrollaron ayer con normalidad. Los pacientes recibieron atención en las diferentes áreas y especialidad de la principal casa de salud de Tungurahua. Sin embargo, hay intranquilidad en los 700 socios del Colegio de Médicos de Tungurahua. Ellos se declararon en sesión permanente en apoyo a sus colegas del Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito. Guillermo Bastidas, presidente del Colegio de Médicos, dijo que desde las 20:00 de ayer tendrían una reunión con el Directorio en su sede ubicada en el barrio Ficoa, para analizar el tema. En la reunión estarán presentes también los delegados de otros colegios pertenecientes al gremio: odontólogos, enfermeras, bioquímicos y otras agrupaciones. “El nuevo Código Penal está criminalizando a los médicos. Por eso apoyamos a los colegas y si tenemos que ir a una paralización y poner la renuncia lo haremos, a pesar de la persecución que hará el Gobierno a los profesionales”, afirmó Bastidas. El Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado en el que informa su postura sobre las demandas de los médicos.

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: http://www.elcomercio.ec/sociedad/medicos-CodigoPenal-PabloArturoSuarez-salud-despenalizacion-malapractica-protesta_0_1013898727.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com

Cinco pacientes, vestidos con pijamas y sostenidos del brazo de sus familiares, apoyaron a más de 150 médicos en el Hospital Pablo Arturo Suárez, del norte de Quito. Ellos abandonaron por un momento sus camas de hospitalización para decir que respaldaban a los galenos de este centro. Los médicos, pocas horas antes, habían anunciado su renuncia y se declararon en reunión permanente para analizar su situación laboral. Ellos señalan que no tienen garantías después de que la Asamblea Nacional aprobara la mayor parte del Código Integral Penal el pasado domingo. Los pacientes del área de neurología se enteraron a las 08:00 que sus doctores habían renunciado. Carlos Tipán, quien tiene un tumor en la cabeza y está interno desde hace 10 días, se dirigió a la puerta de Emergencia. Lo hizo cogido del brazo de su esposa Martha Pilco y allí dijo que "hay buenos médicos" y que no quieren que se vayan. Los médicos se quejan, entre otras cosas, del artículo 146 que estipula la mala práctica profesional con penas que van entre tres y cinco años (ver puntuales). "Esto es una responsabilidad compartida", declaró Juan Barriga, médico traumatólogo de esta casa de salud. Él señala que desde hace dos años en este Hospital no hay insumos para operar a los pacientes. Solo en su área, existen más de 200 personas en lista de espera para ser operadas. "La negligencia en ciertos casos no solo pasa por el médico, sino por la falta de insumos y eso es compartido", aclara. Precisamente, Carmen Loor, acudió ayer al Pablo Arturo Suárez para que le den la orden de ingreso y ser operada el próximo lunes. Ella ha esperado cuatro meses y ahora le dijeron que se suspendieron las cirugías. "No hay insumos y no es culpa de los médicos, ellos hacen bien su trabajo", dijo mientras expresaba su respaldo a la medida adoptada por los galenos. A pesar de las reuniones, en este centro de salud, en la mañana, no se suspendió la atención médica a los pacientes que ya tenían previa cita ni a los que llegaban al área de emergencia. Mientras los dirigentes nacionales de la salud anunciaban que delegaciones de otros hospitales locales y provinciales se sumarían a la renuncia de los doctores, las atenciones en los demás hospitales de la ciudad se realizaban con normalidad. Así, en las salas de consulta externa y de emergencias del Hospital de Niños Baca Ortiz, ubicado en el centro norte de Quito, no se paralizaron las actividades. El personal trabajó en las ventanillas para recibir las citas de los pacientes que aguardaban en los asientos de la primera planta del centro de salud. Dos guardias de seguridad se ubicaron en los ingresos de las puertas principales y de los pasillos. Los médicos recibieron a los pacientes en los consultorios. Igual ocurrió en Emergencia. Allí no hubo contratiempos en la atención. En la mañana, los trabajadores del Baca Ortiz dijeron que nadie les había informado sobre algún cambio en la rutina laboral. Un médico de esta casa de salud, que prefirió la reserva de su nombre, indicó que una comisión del centro de salud hablará en su representación por las inconformidades sobre el Código Penal. En el Hospital Eugenio Espejo, uno de los centros estatales de salud más grandes del país, los servicios de consulta externa y farmacia atendieron sin inconvenientes la mañana de ayer. Decenas de pacientes hicieron cola en las ventanillas, mientras otros esperan su turno. Además, las personas iban de un lado a otro con recetas y radiografías. En el área de Emergencia la recepcionista y los pacientes confirmaron que los servicios funcionaron sin inconvenientes. En cambio, a partir de las 11:00 en el Hospital Enrique Garcés, del sur de Quito, se registró una mayor afluencia de pacientes, ya que las personas que no recibieron atención médica en el Pablo Arturo Suárez acudieron a este centro. La gente se preocupó al saber que los médicos se encontraban en una reunión a puerta cerrada. Finalmente, las actividades se realizaron con normalidad. Los doctores prefirieron no pronunciarse sobre el Código Penal. En el país, actualmente los errores médicos no están tipificados como delitos. En el artículo 434 en el capítulo referido a los delitos contra la salud pública, el Código Penal actual establece únicamente, aunque no de forma muy clara, multas y sanciones por "actos cometidos por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de normas". Las multas son de USD 8 a 77 y la cárcel (si hay enfermedad o muerte) va de seis meses a cinco años. Por este tipo de delitos, según la Fiscalía, se registraron 54 casos entre enero del 2011 y marzo del 2012. De esos, ninguno recibió sentencia. En ese mismo período, 30 casos fueron desestimados, unos estaban en indagación previa y otros en instrucción. Pero en el Tribunal de Honor de Médicos de Pichincha se ha recibido 66 denuncias de supuestas intervenciones médicas inadecuadas desde el 2000. En 13 años cuatro profesionales recibieron sanciones administrativas. Guayaquil y Cuenca sin líos La atención médica en los hospitales y centros de salud públicos de Guayaquil y Cuenca fue normal ayer, tanto en consulta externa como en emergencia. Un pediatra del Hospital Vicente Corral Moscoso, quien pidió la reserva de su nombre, dijo que nadie les ha convocado a medidas de hecho por la aprobación del Código Integral Penal pero, no está de acuerdo con lo dispuesto por la Asamblea Nacional que intenta penalizar la mala práctica médica. “Estamos para salvar vidas, no para matar”. En esta casa de salud laboran más de 200 médicos y especialistas que atienden un promedio de 6 200 pacientes por mes en el área de Emergencia y 9 000 consultas externas. Allí, se reciben enfermos transferidos de otras casas de salud de las provincias vecinas como Cañar, El Oro y Morona Santiago. En el Hospital Universitario de Guayaquil hasta las 11:30 de ayer la atención fue sin ningún contratiempo. En ese hospital laboran unas 400 personas entre médicos y administración. Al día se realizan unas 1 500 consultas diarias. Ambato en sesión permanente Las actividades en el Hospital Docente Ambato se desarrollaron ayer con normalidad. Los pacientes recibieron atención en las diferentes áreas y especialidad de la principal casa de salud de Tungurahua. Sin embargo, hay intranquilidad en los 700 socios del Colegio de Médicos de Tungurahua. Ellos se declararon en sesión permanente en apoyo a sus colegas del Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito. Guillermo Bastidas, presidente del Colegio de Médicos, dijo que desde las 20:00 de ayer tendrían una reunión con el Directorio en su sede ubicada en el barrio Ficoa, para analizar el tema. En la reunión estarán presentes también los delegados de otros colegios pertenecientes al gremio: odontólogos, enfermeras, bioquímicos y otras agrupaciones. “El nuevo Código Penal está criminalizando a los médicos. Por eso apoyamos a los colegas y si tenemos que ir a una paralización y poner la renuncia lo haremos, a pesar de la persecución que hará el Gobierno a los profesionales”, afirmó Bastidas. El Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado en el que informa su postura sobre las demandas de los médicos.

Cinco pacientes, vestidos con pijamas y sostenidos del brazo de sus familiares, apoyaron a más de 150 médicos en el Hospital Pablo Arturo Suárez, del norte de Quito. Ellos abandonaron por un momento sus camas de hospitalización para decir que respaldaban a los galenos de este centro. 

Los médicos, pocas horas antes, habían anunciado su renuncia y se declararon en reunión permanente para analizar su situación laboral. Ellos señalan que no tienen garantías después de que la Asamblea Nacional aprobara la mayor parte del Código Integral Penal el pasado domingo. 

Los pacientes del área de neurología se enteraron a las 08:00 que sus doctores habían renunciado. 

Carlos Tipán, quien tiene un tumor en la cabeza y está interno desde hace 10 días, se dirigió a la puerta de Emergencia. Lo hizo cogido del brazo de su esposa Martha Pilco y allí dijo que "hay buenos médicos" y que no quieren que se vayan. 

Los médicos se quejan, entre otras cosas, del artículo 146 que estipula la mala práctica profesional con penas que van entre tres y cinco años (ver puntuales). 

"Esto es una responsabilidad compartida", declaró Juan Barriga, médico traumatólogo de esta casa de salud. Él señala que desde hace dos años en este Hospital no hay insumos para operar a los pacientes. Solo en su área, existen más de 200 personas en lista de espera para ser operadas. "La negligencia en ciertos casos no solo pasa por el médico, sino por la falta de insumos y eso es compartido", aclara. 

Precisamente, Carmen Loor, acudió ayer al Pablo Arturo Suárez para que le den la orden de ingreso y ser operada el próximo lunes. 

Ella ha esperado cuatro meses y ahora le dijeron que se suspendieron las cirugías. "No hay insumos y no es culpa de los médicos, ellos hacen bien su trabajo", dijo mientras expresaba su respaldo a la medida adoptada por los galenos. 

A pesar de las reuniones, en este centro de salud, en la mañana, no se suspendió la atención médica a los pacientes que ya tenían previa cita ni a los que llegaban al área de emergencia. Mientras los dirigentes nacionales de la salud anunciaban que delegaciones de otros hospitales locales y provinciales se sumarían a la renuncia de los doctores, las atenciones en los demás hospitales de la ciudad se realizaban con normalidad. 

Así, en las salas de consulta externa y de emergencias del Hospital de Niños Baca Ortiz, ubicado en el centro norte de Quito, no se paralizaron las actividades. El personal trabajó en las ventanillas para recibir las citas de los pacientes que aguardaban en los asientos de la primera planta del centro de salud. 

Dos guardias de seguridad se ubicaron en los ingresos de las puertas principales y de los pasillos. Los médicos recibieron a los pacientes en los consultorios. Igual ocurrió en Emergencia. Allí no hubo contratiempos en la atención. En la mañana, los trabajadores del Baca Ortiz dijeron que nadie les había informado sobre algún cambio en la rutina laboral. 

Un médico de esta casa de salud, que prefirió la reserva de su nombre, indicó que una comisión del centro de salud hablará en su representación por las inconformidades sobre el Código Penal. 

En el Hospital Eugenio Espejo, uno de los centros estatales de salud más grandes del país, los servicios de consulta externa y farmacia atendieron sin inconvenientes la mañana de ayer. Decenas de pacientes hicieron cola en las ventanillas, mientras otros esperan su turno. Además, las personas iban de un lado a otro con recetas y radiografías. En el área de Emergencia la recepcionista y los pacientes confirmaron que los servicios funcionaron sin inconvenientes. 

En cambio, a partir de las 11:00 en el Hospital Enrique Garcés, del sur de Quito, se registró una mayor afluencia de pacientes, ya que las personas que no recibieron atención médica en el Pablo Arturo Suárez acudieron a este centro. 

La gente se preocupó al saber que los médicos se encontraban en una reunión a puerta cerrada. 

Finalmente, las actividades se realizaron con normalidad. Los doctores prefirieron no pronunciarse sobre el Código Penal. 

En el país, actualmente los errores médicos no están tipificados como delitos. En el artículo 434 en el capítulo referido a los delitos contra la salud pública, el Código Penal actual establece únicamente, aunque no de forma muy clara, multas y sanciones por "actos cometidos por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de normas". Las multas son de USD 8 a 77 y la cárcel (si hay enfermedad o muerte) va de seis meses a cinco años. 

Por este tipo de delitos, según la Fiscalía, se registraron 54 casos entre enero del 2011 y marzo del 2012. De esos, ninguno recibió sentencia. En ese mismo período, 30 casos fueron desestimados, unos estaban en indagación previa y otros en instrucción. 

Pero en el Tribunal de Honor de Médicos de Pichincha se ha recibido 66 denuncias de supuestas intervenciones médicas inadecuadas desde el 2000. En 13 años cuatro profesionales recibieron sanciones administrativas. 

Guayaquil y Cuenca sin líos 

La atención médica en los hospitales y centros de salud públicos de Guayaquil y Cuenca fue normal ayer, tanto en consulta externa como en emergencia. 

Un pediatra del Hospital Vicente Corral Moscoso, quien pidió la reserva de su nombre, dijo que nadie les ha convocado a medidas de hecho por la aprobación del Código Integral Penal pero, no está de acuerdo con lo dispuesto por la Asamblea Nacional que intenta penalizar la mala práctica médica. “Estamos para salvar vidas, no para matar”. 

En esta casa de salud laboran más de 200 médicos y especialistas que atienden un promedio de 6 200 pacientes por mes en el área de Emergencia y 9 000 consultas externas. Allí, se reciben enfermos transferidos de otras casas de salud de las provincias vecinas como Cañar, El Oro y Morona Santiago. 

En el Hospital Universitario de Guayaquil hasta las 11:30 de ayer la atención fue sin ningún contratiempo. En ese hospital laboran unas 400 personas entre médicos y administración. Al día se realizan unas 1 500 consultas diarias. 

Ambato en sesión permanente 

Las actividades en el Hospital Docente Ambato se desarrollaron ayer con normalidad. 

Los pacientes recibieron atención en las diferentes áreas y especialidad de la principal casa de salud de Tungurahua. Sin embargo, hay intranquilidad en los 700 socios del Colegio de Médicos de Tungurahua. Ellos se declararon en sesión permanente en apoyo a sus colegas del Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito. 

Guillermo Bastidas, presidente del Colegio de Médicos, dijo que desde las 20:00 de ayer tendrían una reunión con el Directorio en su sede ubicada en el barrio Ficoa, para analizar el tema. 

En la reunión estarán presentes también los delegados de otros colegios pertenecientes al gremio: odontólogos, enfermeras, bioquímicos y otras agrupaciones. 

“El nuevo Código Penal está criminalizando a los médicos. Por eso apoyamos a los colegas y si tenemos que ir a una paralización y poner la renuncia lo haremos, a pesar de la persecución que hará el Gobierno a los profesionales”, afirmó Bastidas. 

El Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado en el que informa su postura sobre las demandas de los médicos.

Cinco pacientes, vestidos con pijamas y sostenidos del brazo de sus familiares, apoyaron a más de 150 médicos en el Hospital Pablo Arturo Suárez, del norte de Quito. Ellos abandonaron por un momento sus camas de hospitalización para decir que respaldaban a los galenos de este centro. Los médicos, pocas horas antes, habían anunciado su renuncia y se declararon en reunión permanente para analizar su situación laboral. Ellos señalan que no tienen garantías después de que la Asamblea Nacional aprobara la mayor parte del Código Integral Penal el pasado domingo. Los pacientes del área de neurología se enteraron a las 08:00 que sus doctores habían renunciado. Carlos Tipán, quien tiene un tumor en la cabeza y está interno desde hace 10 días, se dirigió a la puerta de Emergencia. Lo hizo cogido del brazo de su esposa Martha Pilco y allí dijo que "hay buenos médicos" y que no quieren que se vayan. Los médicos se quejan, entre otras cosas, del artículo 146 que estipula la mala práctica profesional con penas que van entre tres y cinco años (ver puntuales). "Esto es una responsabilidad compartida", declaró Juan Barriga, médico traumatólogo de esta casa de salud. Él señala que desde hace dos años en este Hospital no hay insumos para operar a los pacientes. Solo en su área, existen más de 200 personas en lista de espera para ser operadas. "La negligencia en ciertos casos no solo pasa por el médico, sino por la falta de insumos y eso es compartido", aclara. Precisamente, Carmen Loor, acudió ayer al Pablo Arturo Suárez para que le den la orden de ingreso y ser operada el próximo lunes. Ella ha esperado cuatro meses y ahora le dijeron que se suspendieron las cirugías. "No hay insumos y no es culpa de los médicos, ellos hacen bien su trabajo", dijo mientras expresaba su respaldo a la medida adoptada por los galenos. A pesar de las reuniones, en este centro de salud, en la mañana, no se suspendió la atención médica a los pacientes que ya tenían previa cita ni a los que llegaban al área de emergencia. Mientras los dirigentes nacionales de la salud anunciaban que delegaciones de otros hospitales locales y provinciales se sumarían a la renuncia de los doctores, las atenciones en los demás hospitales de la ciudad se realizaban con normalidad. Así, en las salas de consulta externa y de emergencias del Hospital de Niños Baca Ortiz, ubicado en el centro norte de Quito, no se paralizaron las actividades. El personal trabajó en las ventanillas para recibir las citas de los pacientes que aguardaban en los asientos de la primera planta del centro de salud. Dos guardias de seguridad se ubicaron en los ingresos de las puertas principales y de los pasillos. Los médicos recibieron a los pacientes en los consultorios. Igual ocurrió en Emergencia. Allí no hubo contratiempos en la atención. En la mañana, los trabajadores del Baca Ortiz dijeron que nadie les había informado sobre algún cambio en la rutina laboral. Un médico de esta casa de salud, que prefirió la reserva de su nombre, indicó que una comisión del centro de salud hablará en su representación por las inconformidades sobre el Código Penal. En el Hospital Eugenio Espejo, uno de los centros estatales de salud más grandes del país, los servicios de consulta externa y farmacia atendieron sin inconvenientes la mañana de ayer. Decenas de pacientes hicieron cola en las ventanillas, mientras otros esperan su turno. Además, las personas iban de un lado a otro con recetas y radiografías. En el área de Emergencia la recepcionista y los pacientes confirmaron que los servicios funcionaron sin inconvenientes. En cambio, a partir de las 11:00 en el Hospital Enrique Garcés, del sur de Quito, se registró una mayor afluencia de pacientes, ya que las personas que no recibieron atención médica en el Pablo Arturo Suárez acudieron a este centro. La gente se preocupó al saber que los médicos se encontraban en una reunión a puerta cerrada. Finalmente, las actividades se realizaron con normalidad. Los doctores prefirieron no pronunciarse sobre el Código Penal. En el país, actualmente los errores médicos no están tipificados como delitos. En el artículo 434 en el capítulo referido a los delitos contra la salud pública, el Código Penal actual establece únicamente, aunque no de forma muy clara, multas y sanciones por "actos cometidos por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de normas". Las multas son de USD 8 a 77 y la cárcel (si hay enfermedad o muerte) va de seis meses a cinco años. Por este tipo de delitos, según la Fiscalía, se registraron 54 casos entre enero del 2011 y marzo del 2012. De esos, ninguno recibió sentencia. En ese mismo período, 30 casos fueron desestimados, unos estaban en indagación previa y otros en instrucción. Pero en el Tribunal de Honor de Médicos de Pichincha se ha recibido 66 denuncias de supuestas intervenciones médicas inadecuadas desde el 2000. En 13 años cuatro profesionales recibieron sanciones administrativas. Guayaquil y Cuenca sin líos La atención médica en los hospitales y centros de salud públicos de Guayaquil y Cuenca fue normal ayer, tanto en consulta externa como en emergencia. Un pediatra del Hospital Vicente Corral Moscoso, quien pidió la reserva de su nombre, dijo que nadie les ha convocado a medidas de hecho por la aprobación del Código Integral Penal pero, no está de acuerdo con lo dispuesto por la Asamblea Nacional que intenta penalizar la mala práctica médica. “Estamos para salvar vidas, no para matar”. En esta casa de salud laboran más de 200 médicos y especialistas que atienden un promedio de 6 200 pacientes por mes en el área de Emergencia y 9 000 consultas externas. Allí, se reciben enfermos transferidos de otras casas de salud de las provincias vecinas como Cañar, El Oro y Morona Santiago. En el Hospital Universitario de Guayaquil hasta las 11:30 de ayer la atención fue sin ningún contratiempo. En ese hospital laboran unas 400 personas entre médicos y administración. Al día se realizan unas 1 500 consultas diarias. Ambato en sesión permanente Las actividades en el Hospital Docente Ambato se desarrollaron ayer con normalidad. Los pacientes recibieron atención en las diferentes áreas y especialidad de la principal casa de salud de Tungurahua. Sin embargo, hay intranquilidad en los 700 socios del Colegio de Médicos de Tungurahua. Ellos se declararon en sesión permanente en apoyo a sus colegas del Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito. Guillermo Bastidas, presidente del Colegio de Médicos, dijo que desde las 20:00 de ayer tendrían una reunión con el Directorio en su sede ubicada en el barrio Ficoa, para analizar el tema. En la reunión estarán presentes también los delegados de otros colegios pertenecientes al gremio: odontólogos, enfermeras, bioquímicos y otras agrupaciones. “El nuevo Código Penal está criminalizando a los médicos. Por eso apoyamos a los colegas y si tenemos que ir a una paralización y poner la renuncia lo haremos, a pesar de la persecución que hará el Gobierno a los profesionales”, afirmó Bastidas. El Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado en el que informa su postura sobre las demandas de los médicos.

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